El diezmo

¿Qué diferencia hay entre un legislador federal que extorsiona a un alcalde con el pago de una comisión –un ‘diezmo’-  entre otros favores, por conseguir recursos públicos para el municipio; y un delincuente del crimen organizado que también exige cuotas a los mismos alcaldes por ‘dejarlos en paz’?

La única diferencia entre unos y otros es que los primeros dan entrevistas para las portadas de los periódicos y los noticieros de la televisión, y los segundos aparecen anónimamente en las páginas policiacas. Pero ambos son delincuentes.

Hace poco más de un mes, el diario Excélsior publicó la denuncia de la empresa Gas Natural y de Coparmex por las constantes extorsiones de la que son presas por parte de funcionarios públicos de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac en el Distrito Federal que consisten en dádivas de uno a diez millones de pesos, flotillas de cinco a diez automóviles o computadoras, a cambio de otorgar licencias de construcción especial para instalar tubería subterránea.

El asunto es que estos casos de extorsión y de uso abusivo y corrupto de los recursos presupuestales desde las esferas públicas no son aislados. Prácticamente en todos los ámbitos y niveles del sector público está extendida esta práctica y de vez en vez –producto de las luchas intestinas- los ciudadanos nos enteramos por la prensa de la actuación de los funcionarios públicos.

Si esto no fuera así, no se explicarían las riquezas que acumulan buena parte de altos funcionarios públicos en tan solo algunos años de ejercicio de los cargos públicos. Ayer el diario Reforma publicó el caso más reciente sobre la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, que ya construye una mansión valuada en 20 millones de pesos, cuando la alcaldesa, que tiene un año en el cargo, percibe un sueldo de poco más de 101 mil pesos mensuales.

Como tampoco se explican los millonarios patrimonios acumulados de políticos como el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien es profesor de profesión y cuyos ingresos por los sueldos que percibió como gobernador y político simple y llanamente no alcanzan a explicar la acumulación de riqueza y la vida de lujos de las que se rodea, ahora que vive en Barcelona; según también ha documentado la prensa.

En México ya nos parece normal que funcionarios de empresas paraestatales, de bancos de desarrollo, de gobiernos estatales, del poder judicial, legisladores, o secretarios de estado que solo han ejercido como funcionarios públicos a lo largo de su vida, hayan acumulado tal riqueza que ponen en ridículo a la aritmética.

Como los lujosos bienes inmuebles que en su momento exhibió la prensa, propiedad del ex secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna; y ni qué decir de la retahíla de casas, joyas, automóviles lujosos, obras de arte y personal a su servicio con los que se exhiben los líderes sindicales sin ningún pudor.

Simplemente es inexplicable el lujoso estilo de vida que llevan los altos funcionarios públicos con el salario que perciben del presupuesto público. Un presupuesto que en su ejercicio sigue siendo tan opaco y discrecional que da lugar a todo tipo de prácticas corruptas, de ‘favores’, y de ‘diezmos’, que hacen de los cargos públicos un verdadero botín al que aspiran los jóvenes políticos de cualquier color partidista.

Evidentemente que no se puede generalizar, pero los casos abundan a tal grado que no es temerario afirmar que la corrupción en el ejercicio del gasto público es el principal cáncer de la vida pública. El billonario Presupuesto 2014 –para el que se nos demandó más impuestos- fue aprobado por más del 90% de los diputados con las mismas plagas de opacidad, de recursos discrecionales y de una pobre rendición de cuentas que alimentan prácticas –como ‘el diezmo’- que engordan las billeteras de unos cuantos.

Allí está el cáncer.