Reubicación del sector público y desarrollo regional

01-08-2018 14:24

Andrés Manuel López Obrador ha confirmado su plan de reubicar buena parte del gobierno federal fuera de la Ciudad de México, comenzando por la Secretaría de Turismo y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales irían a Quintana Roo y Yucatán, respectivamente.

Este anuncio, lejos de ser una ocurrencia, está basado en el Programa de Descentralización de Dependencias Federales publicado en noviembre de 2017 dentro del Proyecto de Nación 2018-2024 de MORENA, documento que serviría de plataforma electoral para este partido y para la coalición “Juntos haremos historia”, que llevó al triunfo electoral a AMLO.

Sin embargo, el que no haya sorpresa en el anuncio no lo convierte en una política óptima. Otras medidas podrían tener mayor impacto, y con menor costo, que las salida de secretarías de estado y organismos públicos.

Para el proyecto de nación de López Obrador, propósito principal de reubicar dependencias gubernamentales es que “mediante la descentralización, se distribuyan en el territorio nacional diversos factores que ayuden a la reactivación económica para la generación de empleo y bienestar de las comunidades”. Adicionalmente, se plantea que “... con la descentralización se logrará que los diversos trámites administrativos y de gestión sean más eficientes...”. 

Desafortunadamente, este planteamiento invierte lo que deberían ser las prioridades de la localización de los órganos de gobierno. Un gobierno debe distribuirse espacialmente de tal forma que maximice su eficacia como tal y no por la derrama económica que genere. Si esto último ocurre buscando su mejor desempeño, es un beneficio adicional, y de ninguna manera la razón de ser de su ubicación.

Un ejemplo lo ofrece la Secretaría de Marina. Si, de acuerdo a la Constitución y sus leyes, la misión de la Armada de México es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y contribuir a la seguridad interior del país, es posible que para su mejor desempeño la Secretaría tenga que ubicarse en las costas nacionales.

Quizás, una óptima supervisión y coordinación de su personal, instalaciones y equipo requiera su presencia en, digamos, Veracruz y Manzanillo. Si, además, tales coordenadas representan mayor inversión y gasto que amplían el mercado regional de estos sitios esto es un extra no despreciable. Paradójicamente, la sede de la Marina permanecerá en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán, la quinta demarcación con mayor Índice de Desarrollo Humano del país, lejos incluso de Milpa Alta, la de menor nivel de desarrollo local.

Si bien no es equivocado el diagnóstico de MORENA en cuanto a que el gobierno federal suma a la Ciudad de México 2.4 millones de personas que trabajan en él, reubicar a los empleados federales descentralizaría menos de 800 mil millones de pesos anuales, sin contar los costos de la relocalización del aparato gubernamental, en un tiempo indefinido y con un impacto distributivo incierto.

Esto contrasta con lo que podría hacerse modificando la asignación de los Ramos 23, 28 y 33,  del gasto público que representan recursos 70% mayores que los redistribuibles mediante la onerosa mudanza de órganos de gobierno. Estos fondos tienen mucho que mejorar, distributivamente hablando, mediante el cambio o creación de fórmulas de asignación a ser propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso.

El Ramo 33 se distribuye discrecionalmente entre entidades federativas y, en consecuencia, tiene impactos sobre la desigualdad regional por completo arbitrarios. Los Informes de Desarrollo Humano 2011 y 2016, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, documentan cómo el impacto distributivo conjunto, a nivel de entidad federativa, de los Ramos 28 y 33 es prácticamente nulo.

Recientemente, el trabajo ganador del Premio Nacional de las Finanzas Públicas del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, elaborado por colaboradores del Banco Mundial, muestra como un componente clave del Ramo 33, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en lugar de reducir la desigualdad al interior de los municipios la ha elevado sistemáticamente.

Mejorar la asignación de estos ramos del gasto público no sólo involucraría mayores recursos en un tiempo relativamente breve respecto a la reubicación del gobierno federal, sino también brindarían certidumbre para que decisiones de inversión y consumo privados, y de los gobiernos locales, puedan llevarse a cabo de mejor forma.

Mientras que el cambio de secretarías y organismos públicos involucra altos riesgos respecto a su factibilidad y ejecución, el redefinir las fórmulas de asignación del gasto que permanecerán en esta administración permite tener un horizonte de planeación estable de mediano y largo plazos.

Por supuesto, las medidas de reasignación del gasto y de descentralización gubernamental pueden complementarse, pero siendo así habría convenido anunciar primero la realineación de los ramos presupuestales, que es algo más simple, que la compleja relocalización de la burocracia.

No haberlo hecho de esta forma sigue sembrando incertidumbre a la ya generada por otras medidas que tampoco se han detallado propiamente.

 

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