La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México ajustaron a la baja su prevision de crecimiento económico para el 2014. La SHCP la redujo del 3.9% al 2.7%, mientras que el Banco de México disminuyó su rango estimado del 3.0%-4.0% al 2.3%-3.3%. Estas revisiones se produjeron después de que en el primer trimestre la economía se expandió, en términos anuales, un 1.8%.
Si bien desde un inicio se veía poco probable alcanzar la meta de la SHCP, estas revisiones hacen temer que se repita lo ocurrido en el 2013, cuando la economía mexicana sólo creció 1.1% frente a un estimado original de 3.5%. Más aún, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha señalado que existe la posibilidad de que vuelvan a reducir su pronóstico en los próximos meses.
Entre los factores que propiciaron la desaceleración del año pasado se encuentran: el crecimiento más lento de la economía estadounidense, el cambio de administración, el rezago en el ejercicio del gasto público -especialmente durante el primer semestre- y la incertidumbre asociada con las reformas estructurales.
Y aunque se esperaba que estos factores se fueran disipando en este año, la mal llamada “reforma fiscal” -en realidad fue una miscelánea recaudatoria- ha tenido un impacto negativo tanto sobre la actividad económica como sobre las expectativas de empresas y familias.
Sin embargo, desde la óptica gubernamental la “reforma fiscal” será positiva para el crecimiento de la economía porque permitirá un importante aumento del gasto público, en especial del orientado a la infraestructura. En otras palabras, la estrategia gubernamental es recurrir al gasto público como el motor para acelerar el crecimiento económico, pero ¿tendrá éxito esta estrategia?
Las limitantes del gasto público
A pesar de su caída en el primer semestre el gasto público durante todo el 2013 tuvo un crecimiento real del 3.1%, lo que significa que en la segunda mitad del año se compensó la caída del primer semestre. No obstante, esto no se vio reflejado en un mayor dinamismo de la economía, por lo menos hasta el primer trimestre del presente año.
Por su parte, en el 2014 el gasto gubernamental aumentará 9.3%, en términos reales, su mayor crecimiento en los últimos 15 años. De hecho, ya en enero-marzo se incrementó 13.3%, si bien influido parcialmente por la caída registrada en igual lapso del año pasado.
Aún y cuando el mayor gasto público impulsará a algunos sectores directamente vinculados a este como la construcción de caminos y obras de infraestructura, existen varias razones para cuestionar si este “motor” tendrá la suficiente fuerza para “jalar” a la economía en su conjunto. En particular destacan: 1) su tamaño y composición; 2) su forma de financiamiento; y, 3) su eficiencia relativa.
Con respecto a su tamaño, el gasto público en México es relativamente reducido de acuerdo a estándares internacionales. En los últimos años ha oscilado alrededor del 25% del PIB, comparado con más del 40% en países como Canadá, Estados Unidos, Brasil o España. Además, la mayor parte está comprometida por ley a programas sociales, subsidios y transferencias a los Estados, por lo que el porcentaje de “gasto discrecional” es relativamente menor. Esto significa que el gasto público en México tiene un peso e impacto más limitados que en otros países.
En segundo lugar, el incremento previsto del gasto público en este año -en 511 mil millones de pesos- se financiará en un 36% con la mayor recaudación de impuestos y el resto con un mayor endeudamiento interno. El aumento financiado con la mayor recaudación fiscal equivale a una reducción de igual magnitud en el gasto privado -empresas e individuos- es decir, se pasa dinero de un bolsa privada a otra bolsa, la pública, sin un efecto neto positivo para la economía.
Por su parte, el mayor endeudamiento interno representará una disminución de recursos disponibles para el financiamiento de empresas y familias -efecto “crowding-out”- dado que el gobierno utilizará una mayor proporción de los recursos disponibles.
Por último, en lo que se refiere a la eficiencia del gasto público, solamente si cada peso gastado por el gobierno tuviese una eficiencia superior a la de cada peso gastado por empresas y consumidores habría un efecto neto positivo sobre el crecimiento de la economía. Desafortunadamente, como es bien sabido, en el gasto público abundan las ineficiencias, el burocratismo y la lentitud en su ejecución, por lo que esa premisa no es válida.
Además, estudios recientes han estimado que, en promedio, las obras públicas en México tienen un sobrecosto de alrededor del 35%. Ese porcentaje es apropiado por agentes privados -contratistas, burócratas o desperdicio- pero sin traducirse en un beneficio para la economía en su conjunto. Peor aún, uno de cada tres pesos del presupuesto se transfiere a Estados y Municipios, en donde su eficiencia es incluso más cuestionable que a nivel federal.
En resumen, es poco probable que el mayor gasto público pueda significar un estímulo importante para la economía en general. Ciertamente puede beneficiar a algunas regiones y actividades, pero su impacto sobre el crecimiento económico será limitado.}
No obstante, como los otros motores del crecimiento parecen estar mejorando -en particular la disminución de la inflación, las exportaciones y las remesas, así como la concreción de la reforma en telecomunicaciones-, es probable que en el segundo semestre haya un mayor dinamismo económico. Estos serán los verdaderos factores de una mejoría de la economía.