La urgente actualización del sistema renta

La próxima administración federal mexicana no podrá evitar una consolidación fiscal. Difícilmente un déficit rondado el 6% del PIB (la Secretaría de Hacienda proyecta 5.9% del PIB en 2024) puede sostenerse mucho tiempo. Existen presiones de gasto (pensiones, servicio deuda, PEMEX, salud, por nombrar las más apremiantes) que vuelven muy complicado que el ajuste ocurra por recortes. 

Ya existe casi un consenso de que la recaudación en México es reducida con respecto a países similares y que se debe incrementar, más allá de mejorar la calidad y supervisión del gasto público. Al mismo tiempo se reconoce una amplia informalidad. Varias de las estimaciones la sitúan en la mitad de la población económicamente activa, y se le asocia como una causa muy importante de la baja recaudación.

Suele argumentarse que las personas en informalidad abusan del sistema fiscal: no pagan impuestos, disfrutan los bienes públicos y acaparan programas sociales. La realidad es más complicada y es necesario analizar los casos individuales. Es común que las personas en informalidad sí paguen impuestos (al menos los indirectos). También pueden quedar fuera de importantes subsidios gubernamentales, pensiones o servicios de salud, típicamente¹.

Parto de la tesis que la informalidad es reforzada desde el sector público. Lo más sencillo para el gobierno es buscar ingresos de gravámenes indirectos, particularmente el impuesto al valor agregado (IVA) y mitigar carencias sociales vías transferencias. Así se ha fortalecido un sistema dual en la economía, donde los objetivos de corto y mediano plazo tienden a estar poco alineados con una visión de más largo aliento. El “Panorama Fiscal” que anualmente publica la CEPAL ofrece una buena fotografía del problema en México y en otros países de Latinoamérica. 

Dadas las consideraciones anteriores, se puede buscar una mayor formalización mediante una mayor participación (hasta que se vuelva general) en el sistema de renta de las personas físicas². México ha tenido aciertos recientemente con el combate al “outsourcing” y el programa emergente para empleadas domésticas. Hay el potencial de avances considerables, algunos de manera sencilla. Por ejemplo, que la participación en cualquier programa social del gobierno tenga como requisito el uso del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o un número equivalente. 

Economía

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Se debe analizar transformar el subsidio al empleo actual en un impuesto negativo vía el sistema renta, los beneficiarios recibirían una transferencia directa. La gran ventaja de estos instrumentos es que permite focalizar la ayuda respecto a segmentos poblacionales donde hay particular interés en formalizar: jóvenes, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. 

“Jóvenes Construyendo el Futuro” un programa insignia de la presente administración, también es un candidato natural a darle trato de impuesto negativo. Más aún, no hace sentido que funcione sin un estricto registro de los participantes, participación en la seguridad social, y de ser posible bancarización de todos los involucrados. 

Varios países tienen experiencias muy buenas con impuestos negativos. Quizá el programa más emblemático sea “Earned Income Tax Credit” de Estados Unidos. Debe aclararse que se trata de créditos fiscales y no son transferencias. Se les reconoce varias características importantes:

• Generan incentivos al trabajo y a la formalización.
• Tienen bajos costos administrativos versus los programas sociales.
• Pueden ser muy efectivos como instrumentos para el combate a la pobreza.
• Estimulan a la economía tanto desde la oferta como en la demanda. 

Se debe agregar que la participación generalizada en el sistema renta, acompañado de la sustitución de programas sociales por impuestos negativos puede generar muchas externalidades valiosas: un mejor control del gobierno sobre todo el sistema fiscal, neteo de programas sociales, mayor bancarización, e, incluso, mejoras a la seguridad pública y reducción de la corrupción.³

Con la necesidad de expandir y mejorar el gasto en salud y poner orden en las pensiones, el fortalecimiento del sistema renta llega como binomio natural en conexión a la seguridad social. Hay varias propuestas que buscan desligar la seguridad social del trabajo formal, es decir quitar las contribuciones. Se nutren con dos argumentos muy pertinentes: la universalidad en derechos y generar incentivos para el trabajo formal, hacer las contrataciones y mantenimiento de la planta laboral menos caros. 

El mayor problema con dicho enfoque consiste en que abandonar las contribuciones no es viable desde el punto de vista fiscal, al menos en un corto plazo. Por cierto, en la mayoría de los países desarrollados las contribuciones a la seguridad social representan un parte grande de la presión fiscal⁴.  Se tendría que justificar por qué los países de renta media deberían seguir un camino diferente. 

México vive problemas fiscales serios y estos serán un gran reto el próximo sexenio. Esto presenta la oportunidad de hacer un replanteamiento fiscal, en contraste con los parches al sistema que han sido la práctica común. La actualización del sistema renta para las personas físicas debe venir en conjunción con la modernización de la seguridad social. Busquemos construir la columna vertebral de una hacienda pública a la altura de las necesidades que estamos viviendo. 

[1]  CIEP (2023) “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022”, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (www.ciep.mx).

[2] Una justificación teórica del enfoque se puede consultar en (Kaplow 2008), The Theory of Taxation and Public Economics, Princeton University.

[3] Idealmente se debe buscar en paralelo la reducción de uso de efectivo y digitalizar toda la economía.

[4] Una buena discusión del tema se puede consultar en Calligaro, Florencia, Oscar Centragolo, (2023), “Financing Universal Social Protection: The Relevance and Labour Market Impacts of Social Security Contributions”, WIEGO Working Paper No. 47.