Reformas Fiscales: la de Trump contra la mexicana de 2014

He sido un crítico de la reforma fiscal que se llevó a cabo en México en 2014 por muchos motivos.

En general, he señalado que se cometió el error de no utilizarla como un instrumento para fomentar el desarrollo del país en su sentido amplio, e incluso que se volvió un fin en sí mismo (que culminó en 2014) y que se desperdició una gran oportunidad para verdaderamente contar con un proyecto de nación (en el fondo las características de la reforma mostraron que esta administración no contaba con uno).

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Segundo, que se importó lo que en ese momento estaba de moda (Picketty) sin considerar las peculiaridades del país.

Así, fue una reforma recaudatoria que ni siquiera cumplió su cometido por su deficiente diseño y por no tomar en cuenta que los agentes responden eludiendo, además de que estuvo cargada de tintes ideológicos que no se adecuaban a la realidad del país. 

Thomas Piketty, economista francés.

Finalmente, fue una reforma que no tomó en cuenta que una política fiscal en estos tiempos contiene menores grados de libertad por la propia interdependencia internacional.

Es decir, que las grandes corporaciones y contribuyentes pueden eludir simplemente trasladando sus direcciones fiscales a países con menores tasas (los famosos precios de transferencia).

Pues bien, hoy con la llegada de Trump a la presidencia de los EEUU, se está proponiendo una reforma fiscal que incluye una importante baja en las tasas tanto en el ISR de personas físicas (reduciendo tasas y número de brackets) como en el de personas morales (reduciéndola drásticamente a 15%).

Independiente a si es buena o mala reforma, y cuáles serían sus efectos domésticos futuros en términos de balances públicos, creación de empleos, etc., ello le impactaría a México de varias maneras (sin considerar todos lo otros: TLCAN, e inmigración).

En primer lugar México tendría que reducir sus tasas de ISR tanto para personas físicas como para morales, lo que ocasionaría una reducción en los ingresos públicos. Segundo, para compensarlos tendría que obtenerlos de otra(s) fuente(s).

Ello necesariamente nos conduciría al único impuesto que no es exportable como lo es el IVA. Acá habría de dos sopas: o se incrementa la tasa a la estructura de IVA actual (es decir sin incluir alimentos y medicinas); o se grava a alimentos y medicinas.

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El problema es similar al del precio de la gasolina: sin un proyecto de nación, sin un esquema integral de mejorar la eficiencia de las finanzas públicas con acciones tangibles (que no se incluyeron en la de 2014, pues solo fueron palabras y promesas no creíbles, y uno que otro incentivo de baja potencia), habría un movimiento social como consecuencia.

De haberlo hecho en 2014 haciéndole saber a la ciudadanía que tendrían seguridad social universal y que incluso su salario se elevaría por la vía de menores contribuciones a la seguridad social, las posibilidades de implementarlo y aprobarlo hubieran sido mayores, y muy probablemente sin desmanes sociales por el momentum político de ese momento.

Hoy, lo veo difícil porque ya la ciudadanía no está dispuesta a pagar impuestos en un régimen de i) corrupción rampante (¿dónde está Duarte? ¿Qué pasó con Quintana Roo y Chihuahua?), ii) ineficiencia del gasto y, iii) que el gobierno federal no fue capaz de controlar el déficit. Estamos ante un gran problema fiscal, pero con menos instrumentos y grados de libertad disponibles.