Rescate financiero a Estados: El llamado a un nuevo pacto fiscal

El rescate financiero a estados vuelve a las primeras planas de los medios de comunicación debido a la virtual quiebra de los estados de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Los gobernadores electos y/o recién ungidos han solicitado al ejecutivo federal que se les resarza los recursos que los salientes han dilapidado.

Los rescates financieros a niveles inferiores de gobierno en prácticamente todas las repúblicas federales (así como también en formas de gobierno unitario) han existido de una u otra manera.

Así, países como Suecia, Finlandia, Alemania, Italia, EEUU lo han hecho alguna vez en su historia reciente (tan reciente como los 1990s) aún y cuando existían premisas legales que así lo impedían.  La consecuencia de ello es que se sientan precedentes para que otras entidades se comporten de manera irresponsable para en turno gozar del beneficio. La historia de las relaciones financieras entre órdenes de gobierno de todos los países, reitero, está plagada de ejemplos.

Sin embargo, los rescates se deben a distintos motivos. En el caso de los países nórdicos de 1990 ello se debió a una crisis generalizada del sistema bancario que obligó al gobierno federal de esas naciones a rescatar a sus niveles inferiores de gobierno. Algo similar pasó en el caso mexicano de 1995.

Esos eventos no necesariamente se dieron por irresponsabilidad fiscal, sino debido a una crisis sistémica que afectó a las entidades subnacionales, aunque es de reconocerse que es difícil establecer la línea de separación entre esas dos situaciones (indisciplina o víctima de riesgo sistémico).

Alternativamente existe otro tipo que se da por motivos de una mala administración de los recursos, como lo es el caso del condado de Orange, California en los 1980s.

En ese específico caso el administrador financiero del fideicomiso para la educación de esa entidad, el Sr Citron, “jugó” incompetentemente con unos derivados financieros que le llevaron a la quiebra del Fondo. El rescate aquí fue más velado porque el gobierno estadunidense no quería sentar ese precedente (Jorion, 1994: http://merage.uci.edu/~jorion/oc/case.html).

En otros casos, la irresponsabilidad fiscal ha sido el origen de la intervención del nivel superior de gobierno.

Debe aclararse que este último fenómeno no es necesariamente lo mismo que corrupción para enriquecimiento ilícito, pues bien se puede dar el caso de que por fines electoreros una autoridad estatal se endeude más allá de su capacidad de pago. Estos son los que la reciente promulgación de la Ley de Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas (LRHEF) trata de evitar y que la literatura en el mundo ha documentado en abundancia. 

En el caso mexicano, por la opacidad que ha caracterizado nuestro sistema político, es difícil documentar los rescates históricamente, pero hay evidencia de que han existido a lo largo de la vida moderna desde la creación del partido hegemónico.

Baste revisar las memorias del Presidente De la Madrid donde afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas era el único gobernador que le “pagaba” visitas sin pedirle dinero para “atender” alguna carencia financiera (rescate en términos llanos). He documentado los rescates más recientes (desde 1995) en distintos escritos.

Pero el posible rescate de hoy, el de los Duarte y Borge, es único. No se daría solamente por sobreendeudamiento sino porque habría que compensar a los afectados (municipios, universidades, sistemas de pensiones, proveedores, etc) del vaciado de las arcas de los estados por parte de los gobernadores y sus redes de corrupción.

Desde el punto de vista de la literatura económica estaríamos inaugurando el “rescate financiero por corrupción”, y no por sobreendeudamiento o indisciplina fiscal, documentados alrededor del mundo.

Así, México se encuentra a punto de crear un precedente muy pernicioso: no solamente la indisciplina financiera se libera, sino ahora se compensaría al afectado de un corrupto.

Ello debilitaría aún más los débiles pesos y contrapesos que habíamos logrado edificar en nuestra incipiente democracia. Aún con la cláusula de escape que contempla nuestra legislación (que la Conago avale la petición), el precedente que se está sentando es preocupante.

¿Cómo se llegó a este punto?  Es muy temprano para apresurar un diagnóstico, pero preliminarmente la hipótesis sería que ello se ha estado dando a partir del inicio de la descentralización del gasto público. Aclaro, no estoy en contra de ese proceso, sino que ése se dio de manera anárquica y respondiendo a motivos políticos mezquinos en los que participaron los tres poderes de la unión y los tres órdenes de gobierno. Son el reflejo, pues, de un esquema de Federalismo Fiscal desgastado y que ya no da para más debido a lo deficiente de su diseño.

Hoy por hoy, nuestro sistema de relaciones intergubernamentales está diseñado con incentivos para construir enclaves regionales, con lo que la historia se repetiría (recuerde Coahuila). Es necesario un nuevo pacto fiscal. Esa es la lección de todo esto.