Tragedia Fiscal

Con unos cuantos días de diferencia, diversos medios reportaron, por un lado, que la Secretaría de Hacienda (SHCP) saldría al rescate de aquellas entidades federativas –notoriamente Veracruz- que requieren resarcir desfalcos a sus tesorerías y, por el otro, que el Instituto Nacional Electoral (INE) descubrió que todos los partidos políticos han omitido el pago del impuesto sobre la renta (ISR) retenido a sus empleados (y otras contribuciones) por poco más de 626 millones de pesos. Aunque aislados, este par de hechos develan una verdadera tragedia tributaria.

El actual sistema de coordinación fiscal entre los estados y la SHCP implica que, a cambio de no establecer impuestos a ingresos o actos por los que ya existen impuestos federales (como el IVA o el ISR), los estados reciben participaciones de la recaudación federal. Este mecanismo permite al gobierno federal controlar presupuestalmente a los estados y a éstos el poder gastar dinero que no recaudan sus tesorerías locales, generando un opaco sistema por el que los gobernadores simplemente no rinden cuentas a sus gobernados por recursos que no se generaron en su entidad.

Bajo esa premisa, exgobernadores como Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua o Roberto Borge en Quintana Roo, entre otros, desviaron multimillonarios recursos de las haciendas estatales (mayoritariamente constituidos por fondos federales) para enriquecer sus bolsillos y los de sus allegados, familiares y prestanombres. Las cifras imputadas a estos personajes rondan varios cientos de miles de millones de pesos. Enfrentamos, sin duda, uno de los mayores atracos que registre nuestra historia, latrocinio aderezado de la impunidad (casi complicidad) de los órganos de procuración de justicia que les permite estar libres o prófugos.

Con recursos adicionales aportados por los contribuyentes, la SHCP habrá de rescatar a los gobiernos estatales que dilapidaron ilegalmente el dinero cubierto por los mismos contribuyentes. Increíble.

Por otro lado, los partidos políticos siguieron la misma ruta trazada por varios gobiernos estatales en el sexenio anterior, en el sentido de embolsarse para sí el ISR retenido a sus empleados. Esta delictiva conducta, por la que el gobierno federal ha procesado penalmente a varios empresarios, no sólo no fue sancionada para los gobernadores que decidieron retener ilícitamente el ISR, sino que se les otorgaron plazos para resarcir parcialmente dichos montos. Los recursos requeridos por los partidos políticos (incluyendo los impuestos que deben retenerse por salarios pagados por dichos partidos) son aportados –vía el INE- por los contribuyentes.

Ante el cuestionamiento litigioso de algunos contribuyentes sobre cómo y en qué se gastaron los estados recursos que no tenían presupuestados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló a quienes promovieron el amparo #YoContribuyente, que ese asunto no incumbía a los particulares: que la población tiene la obligación de pagar impuestos, pero no el derecho a cuestionar su indebida utilización.

Cuando los contribuyentes aportan recursos al erario federal y de ahí se distribuyen a estados y partidos políticos para su desfalco con la complicidad o colaboración de las procuradurías o de la Corte y posteriormente se pasa la factura a los contribuyentes para resarcir faltantes, estamos en presencia de una estafa. La apuesta a que no siga pasando nada es muy alta.