El presupuesto y la reforma fiscal para 2016
Si bien el Ejecutivo Federal presenta su proyecto de Presupuesto de Egresos e iniciativa de Ley de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal en la misma fecha, la Constitución obliga a la discusión primaria de los ingresos para que, una vez determinados por el Congreso, la Cámara de Diputados apruebe en qué habrán de gastarse esos recursos.
Como en pocas ocasiones, durante varios meses anteriores al inicio formal de esta discusión, se ha abierto un debate sobre el tipo de presupuesto que necesitamos y qué impuestos deben financiarlo. Este debate se abrió, no por voluntad propia, sino por la abrupta caída de ingresos petroleros, lo que ha obligado, incluso, a un par de ajustes a la baja al gasto programado durante 2015. Así, hemos hablado de un mal llamado Presupuesto Cero que avizora diversos recortes al gasto público, principalmente en infraestructura.
En adición a la caída de recursos petroleros y de la turbulencia financiera internacional, otro elemento que ha surgido en la discusión, es el determinar si los efectos de la reforma fiscal de 2014 han frenado (o afectado seriamente) la posibilidad de crecimiento de la economía nacional. Un dato pregonado constantemente por diversas autoridades tributarias parece confirmarlo: la recaudación crece por encima de lo que crece la economía.
El incremento en la recaudación, como simple enunciado, parece una buena noticia. Lo que debe definirse es si dicho dinero resulta más productivo del lado de la economía que lo genera o del lado del presupuesto que lo somete a dispendio. Y señalamos esto último, pues existen evidencias diarias del despilfarro, si no es que de corruptelas, a los tres niveles de gobierno que se fondea del presupuesto federal.
Baste señalar el reciente anuncio del INE solicitando un presupuesto de 15.4 mil millones de pesos para el año entrante. Dividido ese monto entre el número de horas laborables, resulta que el INE gastará 7.4 millones de pesos cada hora durante 2016, año en el que –por cierto- no habrá elecciones federales. Insostenible por donde se le vea.
El mismo entorno negativo que afecta al gobierno, afecta por igual a las empresas. Para las sociedades mercantiles –incluidas las microempresas- la expectativa tributaria (aprobada por el Congreso) era que la tasa del ISR disminuyera del 30% al 28% en 2013. Por contra, para sus accionistas la reforma fiscal de 2014 elevó esa carga efectiva a un 42%. Si a ello adicionamos otra carga legal –el PTU al 10%- resulta que la utilidad disponible para los socios de una compañía nacional, es cercana a la mitad. Si sumamos los costos de burocracia, corrupción e inseguridad (incluida la incertidumbre jurídica), pese al tamaño de su economía y mercado, México se ha convertido en un lugar poco atractivo para una inversión permanente.
Por el lado del consumo, el incremento recaudatorio del regresivo IEPS en refrescos y alimentos de alto contenido calórico también evidenció que el objetivo de combatir la obesidad no se cumplió.
Si se quiere impulsar el crecimiento de las empresas –y con ello el crecimiento del empleo- debe reconocerse que el marco actual asfixia esa posibilidad. Si no se quiere impulsar, dejemos todo igual.