Lo que el New York Times calificó -hace unos cuantos días- como una de las fusiones más importantes del año entre dos corporaciones norteamericanas de la industria de aparatos médicos, se ha convertido en una operación que podría frenarse si el gobierno americano comprueba actos de corrupción que involucran a funcionarios de la aduana mexicana.
En efecto, en su edición electrónica del pasado 23 de diciembre, el rotativo reporta que la compra de Biomet por parte de Zimmer –por 13 mil millones de dólares- puede, incluso, concluir en acciones penales por parte del Departamento de Justicia en contra de la subsidiaria mexicana de Biomet, por infringir la legislación americana contra la corrupción de oficiales extranjeros.
Las supuestas irregularidades implicaron sobornos a funcionarios de la aduana mexicana, por más de un millón de dólares, por permitir la importación de equipo dental –desde Texas- sin la documentación requerida.
Mal nos vienen este tipo de noticias justo cuando se pretende incrementar el flujo de inversiones extranjeras para dinamizar la economía. Malas noticias, sí, pero no sorprendentes. Según un estudio de Transparencia Internacional publicado en el portal del Instituto Mexicano para la Competitividad, México ocupa el lugar 103 –de 175 países- en el índice de percepción de la corrupción de 2014, el peor de Latinoamérica salvo por Venezuela.
Y es que no se requiere ser importador para comprobar que la aduana mexicana ha regresado a los niveles de corrupción y discrecionalidad de hace 4 décadas. Baste con transitar las salas de revisión de pasajeros internacionales del aeropuerto del DF, para darse cuenta que el retorno de viejas prácticas se ha arraigado en una generación de empleados que no había nacido, cuando yo tenía 9 años y observaba –con impotencia- como un vista aduanal robaba de mi maleta unos chocolates alegando contrabando y diciéndome: “si esto no es de a gratis”.
En franca violación a la legislación aduanera, hoy en día los funcionarios de la aduana cuestionan a pasajeros –con notoria displicencia- sobre el origen del vuelo, días de estancia en el extranjero y contenido del equipaje antes de que dichos pasajeros accionen el semáforo fiscal. Muchos viajeros ignoran que –por reforma legislativa- el mecanismo que opera a este semáforo dejó de ser aleatorio para ser automatizado, es decir, manipulable por la aduana para revisar a discreción (lo que en los pasillos aduaneros se conoce como “rojo operativo”). Por tanto, en función de interrogatorios previos pueden generarse revisiones a voluntad de la aduana.
El colmo –ahora- en el área de revisión de la T1 del aeropuerto capitalino es la retención –de manera ilegal- de menores que no viajan acompañados de un adulto, a fin de poder extorsionarlos si no son esperados por sus padres, “sustituyéndose” ilícitamente en una labor que corresponde a las aerolíneas o a las autoridades migratorias, pero no al indolente que se sienta junto al semáforo fiscal o al timorato jefe de salas de revisión que lo secunda.
Casos como el de Biomet o los del aeropuerto son los que nos tienen en el lugar 103 de 175 en el índice mundial de corrupción. Obvio, si esto no es ‘de a gratis’.
@erevillamx
Eduardo Revilla
Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Revilla y Álvarez Alcalá, S.C. Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Actualmente es profesor de Derecho Fiscal en el ITAM. Es miembro de la International Fiscal Association.