Del Plan de Iguala al plan para Iguala

La consumación independentista de México en 1821, planteada en el Plan de Iguala proclamado por Iturbide y Guerrero, otorgaba mano al formato monárquico frente al republicano. Dos años después, el Plan de Casa Mata -de Santa Anna- derrumbaría al exiguo imperio de Iturbide, básicamente por haber fallado Don Agustín a su juramento de no imponer él, sino el Congreso, los tributos a cargo de la población.

De ahí en adelante -salvo el episodio de Maximiliano- México mantuvo el formato republicano. El debate se centraría –entonces-  sobre si la república habría de ser federal, como lo redactaran Ramos Arizpe y Teresa de Mier en la Constitución de 1824, o centralista como la concibieran las Siete Leyes de 1836 o la Constitución de 1847. El debate entre federalismo y centralismo sería uno entre liberales y conservadores, entre yorkinos y escoceses, entre anticlericales y católicos, entre Mora y Alamán.

Para 1853 el país estaba sumido en una terrible crisis económica. Cinco años habían pasado de la costosa guerra con Estados Unidos, las arcas nacionales lucían vacías, la deuda externa con las potencias europeas se avizoraba ya como impagable y algunos territorios como Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán amagaban constantemente con abandonar la república, como lo hiciera Texas quince años atrás.

Santa Anna, en el ocaso de su último período presidencial, barajaba muy pocas opciones para evitar la inminente desintegración nacional. Apoyado por el ejército y la jerarquía católica, el jalapeño decretaba una dura receta con dos remedios: una reforma fiscal para dotar de recursos al gobierno -básicamente para pagar emolumentos del ejército y gasto corriente- y la centralización de las funciones de gobierno para ahuyentar ánimos separatistas. Esto último implicaba, forzosamente, un control de las fuerzas armadas de las distintas poblaciones de todo el territorio.

Esta reforma fiscal gravaría perros, mulas, carretas puertas y ventanas. La tesorería recibiría, además, 15 millones de dólares por la venta de La Mesilla. La centralización de funciones implicaba someter a las autoridades locales a un absolutista mando único.

El Plan de Ayutla de 1856 –que derrocaría a Don Antonio- lo criticaba acremente al señalar que “solo ha venido a oprimir y vejar a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas, sin consideración a la pobreza general, empleándose su producto en gastos superfluos”. Tras la Revolución de Ayutla, iniciada en la Costa Chica guerrerense, México transformaría su marco constitucional en 1857 por las Leyes de Reforma; en 1914 por el fortalecimiento del municipio libre;  y en 1917 por los derechos obreros y agrarios emanados del movimiento de 1910.

A dos siglos del Plan de Iguala, este municipio y el estado de Guerrero subsisten –por la coordinación fiscal- de fondos y aportaciones federales. Hemos dicho que gobernantes locales que se financian del gobierno central le rinden cuentas a éste y no a sus gobernados. Las iniciativas para eliminar policías municipales (empezando por la de Iguala), incidirán aún más en el debilitamiento del pacto federal y abonará en un centralismo que –como vimos- la historia nacional desaconseja.

El terrible crimen imputable al edil de Iguala y a su señora da para encarcelarlos, no para modificar la Constitución. Sería un error histórico.