La asignación de culpas para que ninguno de los tres niveles de gobierno asuma responsabilidad alguna en la matanza y desaparición de normalistas en Iguala es tan notoria como indignante. Prófugo el edil de Iguala, el poder central se ha inclinado por presionar la renuncia del gobernador de Guerrero. A la desaparición de estudiantes le sigue la desaparición de poderes y con ello la desaparición del problema.
De consumarse la salida de Ángel Aguirre, cabría preguntarse ¿qué tipo de acuerdos interinstitucionales permiten despedir a gobernadores (como sucedió con el primer antecesor de Aguirre) o nombrarles a los estados comisionados (como en Michoacán) sin romper el orden constitucional entre la federación y las entidades federativas? Evidentemente existen diversos factores que explican este fenómeno.
El llamado Pacto por México –según explica atinadamente Jesús Silva-Herzog en su columna del lunes pasado- generó una red de complicidades que inhiben la actuación del poder central en contra de políticos adscritos a los partidos que apoyaron dicho acuerdo nacional. Sin embargo, la subordinación de los gobernantes locales a los poderes federales era ya común con antelación a la suscripción de dicha alianza legislativa.
El verdadero pacto que sujeta a gobernadores y presidentes municipales a un trato de empleados del poder central es el pacto fiscal. Según el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para 2014, de los casi 42 mil millones de pesos que habrá de percibir el gobierno de Don Ángel Heladio durante este año, el 96% son de origen federal y sólo el 4% de contribuciones estatales.
Por su parte, la Ley de Ingresos del Municipio de Iguala de la Independencia señala que, de los montos que integrarán este año su hacienda por 367 millones de pesos, sólo el 19% proviene de recursos fiscales generados en la localidad y el resto de aportaciones federales. En el caso del municipio de Tixtla de Guerrero –donde se encuentra Ayotzinapa-, su presupuesto para 2014 por 146.5 millones de pesos, está conformado en un 92% por aportaciones federales.
Tixtla, donde naciera Vicente Guerrero, fue sede de cruentas batallas durante la guerra de Independencia, cuando todavía era parte del Estado de México. Mucha sangre se derramó en ese lugar en 1811 y 1814, para dar paso -en 1824- a una república federal, cuya presidencia ocuparía el propio Guerrero en 1829.
A 190 años de haberse instaurado el federalismo en nuestro país, el acuerdo entre federación y estados, contenido en el sistema de coordinación fiscal, mantiene a las entidades federativas como verdaderas provincias y capitanías de la época virreinal.
Si los presupuestos locales se conforman de recursos aportados por el gobierno federal y no por los habitantes de esa localidad, es evidente que los gobernantes estatales o municipales no habrán de rendirles cuentas a sus ciudadanos que nada o casi nada les aportan, sino al administrador del erario nacional.
Aguirre –quien financiara su campaña electoral con cargo a los contribuyentes del D.F.- debería renunciar, no por presiones de los Poderes de la Unión, sino por decencia, si es que alguna vez la tuvo. Y el gobierno federal debería revisar, de una vez por todas, el sistema de coordinación fiscal. @erevillamx
Eduardo Revilla
Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Revilla y Álvarez Alcalá, S.C. Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Actualmente es profesor de Derecho Fiscal en el ITAM. Es miembro de la International Fiscal Association.