Violencia y Corrupción

En la perspectiva de 2018 ya nadie imagina una elección donde uno de los ejes temáticos no sea la corrupción
27 Febrero, 2017

Si no fuera porque la violencia y la corrupción son dos plagas de la realidad nacional que el público no percibe como solubles o atendibles con efectividad por el gobierno federal y los gobiernos locales, la economía que luce ensombrecida a nivel de inflación, tasas de interés y deuda, probablemente compondría un cuadro nacional menos negativo.

El ánimo del público sería otro, diferente, más positivo. La violencia y la corrupción empobrecen y descalifican la imagen de México y laceran el sentir de su población; están asociados tanto en las mentes del público como de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Y lo están sencillamente porque representan la descomposición de las instituciones y la inefectividad de las acciones de un estado con significativos problemas de ingobernabilidad.

 

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Los expertos como Eduardo Guerrero describen y explican el panorama complejo y sombrío en materia de violencia local y nacional (El Financiero, “La estrategia se agotó”, 20 de febrero).

Roberto Zamarripa (Reforma, “Masacres”, misma fecha) expone entre otras cosas el panorama desolador en Tamaulipas (Reynosa específicamente) y el riesgo de que la negociación con Trump abarque una suerte de Plan Colombia en México.

¿Cree el público que descenderá la violencia criminal que atestiguan o sufren y que ciudades y pueblos serán más seguros? Todo mueve a pensar que no en su mayoría. Seguramente las encuestas lo confirmarían.

El público no tiene dudas en su percepción y los expertos nos explican que estados tan disímiles como Guerrero y Guanajuato, Colima, Baja California y Sinaloa son campos de batalla de las organizaciones del crimen organizado.

Sabemos que entre los negocios más lucrativos, estos actores antisistémicos lo mismo cobran derecho de piso, trafican narcóticos o roban combustibles.

El caso de la corrupción rampante que, como afirma Samuel García, invade a la economía mexicana y la Auditoría Superior de la Federación lo muestra con claridad en sus informes, nos tiene a los mexicanos verdaderamente irritados y desesperanzados (El Universal, La corrupción se adueño de la economía”, 20 de febrero).

En otro análisis del mismo diario, a cargo de Jacqueline Peschard (“Perú pone el ejemplo”, misma fecha), vemos como México -en el último Informe de Trasparencia Internacional- cae del lugar 95 al 123, entre 176 países considerados!

Ambos articulistas, Samuel García y Jacqueline Peschard, coinciden al señalar a diferentes países de América Latina (Brasil y Perú, respectivamente) en los que los actores del estado se movilizan para actuar efectivamente contra la corrupción, con nombres y apellidos.

Mientras, en México se pone de relieve la inacción, el silencio, la ausencia de fiscales y jueces que atiendan casos conocidos como algunos gobernadores, y no conocidos, por el público.

 

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Tal vez la gente se pregunte o cuestione el esfuerzo institucional si se entera que se está tratando de erigir un Sistema Nacional Anticorrupción. Existen desde luego el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Auditoría Superior de la Federación. Pero la percepción es de insatisfacción ante el esfuerzo institucional.  

Violencia y corrupción representan un retrato de México verdaderamente inaceptable. La percepción inequívoca de los agentes sociales y económicos es que la democracia es ineficaz, inefectiva cuando tiene que pasar la prueba del ácido del imperio de la ley, la impunidad, y la violencia legítima del estado.

Es por eso que, en el imaginario colectivo, es probable que violencia y corrupción sean asociados como una descomposición socio-política que pasa por la economía y las instituciones, afectándolo todo. La verdad es que violencia y corrupción son endémicas. Todo el mundo, dentro y fuera de México, lo sabe. Eso incluye al público estadounidense y a la clase política de Washington.

En la perspectiva de 2018 ya nadie imagina una elección donde uno de los ejes temáticos no sea la corrupción. Pero inclusive, los mismos actores políticos -los propios miembros de la clase política- tendrán que posicionarse también en el tema violencia/inseguridad que corren parejas con la corrupción tanto en la mente de los electores, como del círculo rojo y los actores internacionales relevantes.

A propósito de la visita a México del general John Kelly y de Max Tillerson, responsables de la Defensa y las Relaciones Exteriores de Estados Unidos respectivamente, es vital que nuestro gobierno haya utilizado las palancas de negociación que representa el tema toral de la seguridad.

 

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La no aceptación de la política migratoria estadounidense como tal, es un punto a favor del presidente Peña y del canciller Videgaray. Pero de forma sistemática son la violencia y la inseguridad, así como la corrupción; áreas que debe aprovechar el gobierno mexicano frente a los Estados Unidos y de cara a la ciudadanía.

Todo ello, a pesar de la nueva política migratoria de deportaciones y el proyecto del muro.

 

@CJonesTamayo 

Claudio Jones Claudio Jones Politólogo del ITAM, maestro y candidato al doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia. Experto en procesos electorales y en el sindicalismo moderno. Co-autor de diversos libros en el CIDAC.