Un juicio sobre el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de varias reflexiones.
Pretendo ocuparme de ellas en futuros momentos. Por ahora, sólo una pregunta me interesa contestar. ¿Cómo opera la corrupción en el país? Pues en la medida en que diagnostiquemos adecuadamente el fenómeno, será la medida en que diseñemos un plan apropiado para su combate.
Si se me permite la analogía, en mi opinión la corrupción opera como la unión de dos hermanos siameses compartiendo órganos vitales y prácticamente el mismo ADN. Servidores públicos por un lado y particulares por el otro. De ese tamaño y así de simple es el asunto. No hay uno más siamés que el otro, son iguales.
La sangre que corre por esos dos cuerpos unidos es siempre la misma, el dinero.
El servidor público es en unas el corruptor y en otras el corrompido, es igual. Categóricamente afirmo, no hay funcionario público que no haya forjado su ilícita fortuna, si no es con el apoyo y colaboración de particulares. En contrapartida, muchas fortunas de particulares se han construido con el apoyo y colaboración de funcionarios. El asunto de la corrupción es simbiótico.
Es común que en los medios escritos y electrónicos, únicamente se refieran a la corrupción del gobierno, la cual sin duda, ha llegado a niveles escandalosos. Pero igualmente escandalosa debiera parecernos la corrupción en la iniciativa privada.
Empresarios y profesionistas que cometen todo tipo de delitos, como son los fiscales, aduaneros y ambientales; en materia de competencia económica y financieros; contra la propiedad industrial y derechos de autor.
Periodistas y medios de comunicación que venden su opinión al mejor postor. Líderes que administran fraudulentamente sus sindicatos. Organizaciones civiles que cobran un porcentaje por el dinero pagado a los derechohabientes de las víctimas violadas en sus derechos humanos. Empresas que dirigen campañas políticas con recursos excesivos en efectivo, contraviniendo disposiciones electorales. Partidos políticos administrando los beneficios económicos de la democracia.
¿Le seguimos? La delincuencia organizada no sólo es un tema de policías, ladrones y asesinos, lo es también de financieros y banqueros lavadores de dinero que despachan en Santa Fe, Reforma, Polanco o Insurgentes.
Ahora bien, si todo esto es así, ¿porqué la iniciativa ciudadana 3/de/3 va dirigida a sólo a servidores públicos y no a todos, gobierno y ciudadanos? El buen juez por su casa empieza. La transparencia debiera ser una obligación de todos.
Se dice que los servidores público la deben presentar porque tienen acceso a recursos públicos o, si no lo tienen, porque pueden enriquecerse al hacer o dejar de hacer algo utilizando el cargo. Pero como vemos, también existen razones por las cuales los particulares debiéramos presentarla. La sola defraudación fiscal, el contrabando y el lavado de dinero, que son típicos delitos cometidos por particulares, la pueden justificar al atentar contra las sanas finanzas y seguridad del país, gravemente comprometidas hoy en día. Esto lo dije en Bolivia en 2015, en un encuentro Iberoamericano sobre lavado de dinero.
Si existiera una declaración patrimonial ciudadana (a partir de cierto monto, dos o tres millones para arriba) ¿sería un acto que afectaría la intimidad de nosotros como gobernados?
El derecho a la intimidad está estrictamente vinculado a la personalidad y dignidad de las personas. Es un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás que tiene ver con nuestros afectos, sentimientos, seres amados, preferencias sexuales o religiosas. El patrimonio no forma parte de la intimidad, de tal suerte que la declaración patrimonial no vulneraría nuestra zona espiritual y reservada. Sí, en cambio, ayudaría significativamente en el combate a todos aquellos delitos mencionados aquí. El que esté libre de pecado, que presente su primera declaración patrimonial ciudadana.
Aclaro por otra parte, que siendo partidario de la declaración patrimonial ciudadana, muy distinto sería hacerla pública. Es decir, que cualquiera pudiera consultarla. Tendría que ser información clasificada y celosamente protegida por la autoridad; utilizable únicamente para asuntos en investigación.
De hecho, la autoridad ya cuenta con bastante información patrimonial de nosostros. Ejemplo de ello, es el que algunos particulares vinculados con el gobierno, por manejar recursos públicos, tengan la obligación de presentar una declaración patrimonial. Las murallas en este camino van cayendo una a una, el secreto fiscal y bancario para muchos temas ya no existe. La ley antilavado por su parte, nos ha obligado a declarar buena parte de nuestra información patrimonial cuando compramos un auto o casa.
En conclusión, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupión tiene aspectos positivos (como lo es la fiscalización del gasto público), pero para atacar el problema en su totalidad, debiera incluir la declaración patrimonial que yo llamo ciudadana, de otra manera, jamás pasará de ser un buen anhelo Constitucional, como muchos otros.
Pero suena tan amarga la medicina, que si ésta pagina fuera de papel, seguramente muchos perferirían hacer de ella un cucurucho para llenarla de dulce pinole el cual comer, chiflando al mismo tiempo; lo que parece, nos gusta más.