Raúl Cervantes, un ambicioso negociador cubriendo las espaldas del PRI
Todo comenzó en Tasqueña, en la famosa Terminal de Autobuses del Sur de la Ciudad de México.
Corría el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Un niño de 12 años trabajaba de boletero, inspector de andenes y taquillas. ¿Quién se iba a imaginar por aquel verano de 1975 que años después ese niño salvaría el pellejo del Presidente en las cortes internacionales?
Raúl Cervantes Andrade mamó la abogacía, su infancia se desarrolló en la colonia Santa María la Ribera en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, entre pesados expedientes y conversaciones sobre amparos.
Sus padres, Héctor Cervantes de la Garza y Leonor Andrade eran abogados litigantes, profesión que acogieron también sus tres hermanos.
Es pariente lejano del reconocido jurista Raúl Cervantes Ahumada, sobrino del penalista Marcos Castillejos, quien fuera subprocurador General de la República, primo de Humberto Castillejos Cervantes –hijo de Marcos- actual consejero jurídico del presidente Enrique Peña y de Alfredo Castillo Cervantes, el abogado que dirige la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Sus ambiciones políticas primero como ministro de la Suprema Corte y ahora como Fiscal General de la República han sido cobijadas por renombrados personajes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el exgobernador de Tabasco y excandidato presidencial, Roberto Madrazo; el exgobernador de Coahuila expulsado del partido, Humberto Moreira y el actual presidente, Enrique Peña.
Como buen abogado, su trayectoria se cimentó en la defensa de los intereses ajenos para lograr los propios.
De transportista frustrado a diputado
“Cuando quise ser transportista lo perdí todo, el fracaso confirmó que no debí traicionar la especialización por la que había apostado”, dijo Cervantes.
La cita fue recogida en una reseña sobre su trayectoria que hizo el abogado Gerardo Felipe Laveaga, nombrado por el propio Cervantes como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Su primera ambición no fue convertirse en ministro, tampoco en fiscal, sino incursionar como empresario en la industria del transporte.
A los 24 años el joven recién egresado de la Universidad Iberoamericana fundó en sociedad con su papá el despacho de abogados Cervantes-Andrade especializado en la defensa de los transportistas.
Cervantes tenía clara la ruta y se preparó bien para lograrlo, su tesis de licenciatura y doctorado versó sobre la industria del transporte.
Mientras recorría sus primeros años en el despacho continuó estudiando diversas especialidades, cinco en total: derecho económico corporativo, derecho penal y amparo, entre otras.
Raúl Cervantes litigó por más de una década para las empresas de Roberto Alcántara, el empresario dominante del transporte foráneo terrestre en México. Imagen: Hugo Salazar.
A los 35 años se convirtió en director y luego en vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), a la que, junto con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) asesoró jurídicamente por 20 años.
Un cliente lo llevó a otro, de los camiones pasó a los puertos, a los ferrocarriles, a los aviones y a los aeropuertos. Su despacho le abrió las puertas para codearse y asesorar a los magnates dominantes de la industria del transporte en México, los Alcántara.
Fue asesor jurídico de Roberto Alcántara Rojas durante 15 años, presidente del Grupo de Inversionistas en Autotransportes Mexicanos (IAMSA).
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El corporativo que administra a las grandes líneas de autobuses foráneos como Turistar Lujo, Transportes y Autobuses del Pacífico (TAP), Ómnibus de México, Primera Plus, Flecha Amarilla y la aerolínea Viva Aerobus, entre muchas otras. También litigó para Salvador Sánchez Alcántara propietario de Estrella Blanca.
Su fracaso como empresario fue el comienzo de su vida política.
“Un día descubrió que la industria del transporte necesitaba un portavoz en el Congreso y en el año 2000 obtuvo su respaldo para convertirse en diputado”, escribió Laveaga.
Madrazo y la defensa de Echeverría
A los 37 años pasó de defender los intereses de sus clientes en un despacho a hacerlo desde un escaño en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.
Tal como si lo hubiera planeado, justo tres años después de afiliarse al PRI en 1997. Como era de esperarse, fue secretario en la Comisión de Transportes.
Su paso por la LVIII legislatura de 2000 a 2003 le sirvió también para relacionarse con Roberto Madrazo Pintado, quien tomó las riendas del PRI luego de la derrota en las elecciones presidenciales frente a Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN).
A decir de su trayectoria política hizo buenas migas con el tabasqueño, pues fue delegado en las asambleas nacionales del partido durante la gestión de Madrazo como presidente del PRI de 2002 a 2005.
También coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de 2003 a 2009.
Ahí comenzaron los favores al PRI.
“Lo que nosotros queremos es que no parezca esto una persecución inadecuada contra el Estado, porque a lo mejor hay movimientos sociales en el futuro y nadie se va a atrever a mover un dedo porque los que cometen delitos van a ser amnistiados”, argumentó Cervantes al defender a Luis Echverría en julio de 2004.
El primero lo realizó durante su primer periodo como coordinador jurídico del partido, cuando asumió la defensa penal de Luis Echeverría, junto a Mariano Palacios Alcocer y Sergio García Ramírez, exprocurador general de la República.
En julio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano que juzgara y castigara al expresidente en caso de ser autor intelectual del episodio conocido como el "Halconazo" o la "Matanza de Corpus Christi", una represión estudiantil que culminó con la muerte de 120 jóvenes de acuerdo con testimonios el 10 de junio de 1971.
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El litigio fue un éxito, concluyó tan solo un año después con la exoneración de Echeverría. Como premio Raúl Cervantes se convirtió en diputado federal por segunda ocasión y Mariano Palacios en presidente del CEN del PRI para el periodo 2005-2007.
“El partido terminó acogiéndolo como uno de sus abogados por sus destrezas técnicas y como constructor de acuerdos. Por eso no tuvo dificultad alguna para conseguir una segunda diputación en 2006,” asegura la reseña de Gerardo Laveaga.
Corto matrimonio negocios perdurables
Un año antes de convertirse en diputado por segunda ocasión -2005- se casó con la chihuahuense Angélica Fuentes Tellez, quien por entonces culminaba su periodo de 13 años como directora general de Grupo Imperial, la compañía de gas más importante del norte de México, fundada por su abuelo.
Su matrimonio con la "Reyna del Gas" lo emparentó con otra familia, los magnates del sector reunidos en la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), de la cual Raúl Cervantes fue asesor jurídico y Angélica Fuentes presidenta por dos periodos consecutivos de 1996 al 2000.
Angélica Fuentes fue el vínculo de Cervantes con los industriales del gas.
El vínculo con su esposa se rompió en un año, pero le sobrevivió su relación con los empresarios del gas.
En 2006 Angélica Fuentes levantó un acta de divorcio ante el Ministerio Público contra Raúl, lo acusó de violencia doméstica y aseguró que era un alcohólico, los detalles de su vida íntima los reveló ella misma en una entrevista con la conductora Martha Debayle en 2014, el mismo año en que su expareja se perfilaba para lograr uno de sus más grandes anhelos, convertirse en ministro de la Suprema Corte.
También en 2006 inició su segundo periodo como diputado federal en la LX legislatura y un año después de su separación -en 2007- presentó una iniciativa para reformar tres artículos de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional para permitir a Pemex celebrar contratos compartidos en producción y utilidades en materia de exploración y explotación de hidrocarburos.
Detrás de la iniciativa estuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los empresarios del gas, de acuerdo con el periodista, Jenaro Villamil de Proceso.
Amistades culposas, Duarte-Moreira
En el norte del país no solo encontró el amor y el desencanto, también dos relaciones culposas.
Como diputado federal asumió la vicecoordinción jurídica del grupo parlamentario del PRI y trabajó de cerca con César Duarte Jáquez, quien presidió la Cámara de 2008 al 2009, pues era el responsable de emitir sus puntos de vista jurídicos sobre las negociaciones con el resto de los partidos.
El chihuahuense está prófugo, tiene una orden de aprehensión por el desvió de 14 millones de pesos de su propio partido y es buscado en 190 países por la Interpol.
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No es la primera vez que trabaja con el exgobernador, Duarte presidió la comisión de Comunicaciones durante el primer periodo de Cervantes como diputado federal, de la que fue miembro.
Su segunda amistad culposa la estrechó con Humberto Moreira, quien lo designó coordinador de asuntos jurídicos durante su periodo como gobernador de Coahuila entre 2006 y enero de 2011.
Una actividad que, por cierto, borró de su curriculum. En las reseñas que ha hecho públicas se salta dos años laborales, desde que terminó su segundo periodo en la cámara hasta el 2011.
En 2015 una corte en Texas acusó a Moreira de lavado de dinero, malversación de recursos y de ser parte de la organización criminal Los Zetas durante su mandato. En enero de 2016 fue detenido en Madrid, pero estuvo en la cárcel solo una semana por no haber pruebas suficientes para acusarlo.
Raúl Cervantes fue coordinador de asuntos jurídicos en el gobierno de Humberto Moreira, luego trabajo con él en el CEN del PRI.
Moreira fue elegido para liderar la campaña de Enrique Peña a la presidencia de la República en 2012, una tarea que realizaría de la mano con Raúl Cervantes, para ello renunció en 2011 a la gubernatura de Coahuila y asumió el liderazgo del partido.
Cervantes entró junto con Moreira al CEN del PRI, de 2011 a 2012 se desempeñó de nueva cuenta como coordinador jurídico.
Su amigo no pudo cumplir con la encomienda, tuvo que renunciar en diciembre de 2011 -duró tan sólo nueve meses en el encargo- al ser señalado de elevar la deuda pública de Coahuila en más de 100% -hasta 2 mil 500 millones de dólares- para financiar con ello las campañas del PRI, aunque el delito no se pudo comprobar.
Preparar el camino hacia la Suprema Corte
El negociador hábil es irremediablemente atraído por dos cosas: los boleros del cantautor yucateco Armando Manzanero y la adrenalina, práctica deportes y litigios extremos, pesca, esquí acuático, box, ha corrido coches.
Raúl Cervantes ha tenido el tino de estar en el momento y lugar precisos cuando se necesitan los servicios de un buen abogado.
Primero en 2004 para defender al expresidente Echeverría y luego en 2012, cuando le salvó el pellejo a Peña en las elecciones presidenciales, el segundo gran favor que el PRI le debe.
Ganó la controversia político-electoral que acusó a Enrique Peña de rebasar 13 veces el tope de financiamiento permitido en campaña y de utilizar los recursos para comprar votos; un movimiento que se logró al triangular recursos mediante monederos electrónicos fondeados por diversas empresas, entre ellas Monex.
En enero de 2013 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró al PRI, la opinión de los consejeros estuvo dividida en partes iguales, el voto del desempate a favor de Peña lo emitió Sergio García Ramírez al último minuto, el mismo personaje que años atrás hizo equipo con Cervantes para defender al expresidente Echeverría.
Raúl Cervantes defendió con éxito a Enrique Peña cuando en 2012 lo acusaron de sobrepasar los topes de financiamiento en la campaña presidencial.
Reiteradas sus cualidades de excelente negociador, Peña le encomendó una segunda y muy importante tarea, liderar la aprobación de las reformas estructurales desde el Senado.
En agosto de 2012 llegó a la LXII legislatura que concluirá en 2018 de la manera habitual, por vía nominal, Cervantes nunca se ha tomado la molestia de ganar la simpatía de los ciudadanos por medio del voto.
Se convirtió en presidente del Senado del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2014, durante un año, el tiempo justo para negociar la aprobación de las reformas de telecomunicaciones, financiera, hacendaria, energética y político-electoral.
Fue además presidente de la comisión de Puntos Constitucionales donde se resolvieron cuestiones estratégicos de cada una de las reformas.
En febrero de 2014 Enrique Peña aparecía en la portada de la revista Time como el Salvador de México. Cumplida la encomienda llegó el momento de cobrar favores.
Tres días después de terminar su periodo como presidente del Senado –el 3 de septiembre de 2014- solicitó una licencia indefinida para prepararse a cumplir su segunda gran ambición, convertirse en ministro de la Suprema Corte.
La ley exige como requisito a los aspirantes no haber sido secretarios de Estado, legisladores, gobernadores o líderes de partido un año antes de su nombramiento.
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Algo salió mal, Raúl Cervantes no fue contemplado en la terna que propuso Peña Nieto para sustituir a la ministra Olga Sánchez Cordero en marzo de 2015.
Ante los medios de comunicación el abogado negó enfáticamente que haya existido un acuerdo político entre el ejecutivo y el Senado que frustró su anhelo y elevó al cargo al exprocurador, Eduardo Medina Mora.
Además, un conjunto de organizaciones protestaron por su posible candidatura bajo el argumento de que su trayectoria dentro del PRI le restaría neutralidad y credibilidad a su ministerio y lo haría caer en conflicto de interés en detrimento de la legitimidad de la Suprema Corte.
Aseguraron que estaba impedido constitucionalmente para aspirar al cargo, pues la licencia no lo hacía perder la condición de senador. La protesta reunió 49 mil 631 firmas a través de la plataforma Change.org.
Frustrado el plan, el 30 de octubre de 2015 anunció su regreso al Senado el 5 de noviembre, de esa forma renunció a la posibilidad de formar parte de la terna que el Presidente lanzaría en diciembre de ese año para reemplazar al ministro Juan Silva Meza.
El plan B, la Fiscalía
Pero Peña tenía un plan B, un premio de consolación que mataría dos pájaros de un tiro: pagarle sus favores y cubrirse las espaldas al posicionar a un hombre de confianza en un cargo que trascendería su sexenio.
En octubre de 2016 Cervantes solicitó licencia por segunda ocasión, el Presidente lo propuso como nuevo Procurador General de la República (PGR) en sustitución de Arely Gómez y fue ratificado por el Senado el 26 de ese mes, de ahí sería catapultado al objetivo final, la Fiscalía General de la República.
Desde el momento en que se convirtió en procurador Cervantes confesó sus aspiraciones. De acuerdo con el periodista Jenaro Villamil, durante su comparecencia en el Senado –el día que lo ratificaron- afirmó que no sólo aspiraba a ser el nuevo titular de la PGR sino el Fiscal General de la República.
“Los servicios prestados por Cervantes Andrade en ese intenso periodo de las reformas estructurales ahora pretende ser resarcido con su nombramiento como procurador general y posible fiscal general,” señaló el periodista.
Frustradas sus aspiraciones como ministro de la Corte, Raúl Cervantes y Peña activaron el plan B, convertirse en procurador y luego en fiscal.
El mismo planchó su camino, como procurador tuvo la responsabilidad de modelar la Fiscalía General de la República, la diseñó de tal forma que, como titular de la PGR, tuviera la posibilidad de convertirse en fiscal de manera automática, y de que traspasara las barreras sexenales, pues el encargo durará nueve años.
De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2016 el organismo debe convertirse en una Fiscalía autónoma, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, pues actualmente depende del ejecutivo federal.
El Congreso tiene que emitir la declaratoria para crear la Fiscalía y elegir al fiscal con la aprobación de dos terceras partes, después el Presidente de la República debe ratificarlo, pero nunca se estableció un plazo fijo para que esto sucediera.
La moneda está en el aire.
En los próximos meses se definirá si triunfa o fracasa el político de 54 años en su tercera gran ambición, convertirse en fiscal.
Pero su aspiración no estará exenta de críticas. Tan solo lleva 10 meses como procurador y sus conflictos de interés ya comienzan a salir a la luz.
Su secretario particular, David Boone de la Garza, es hombre cercano a Humberto Moreira, reveló el diario Reforma.
Su propio amigo, el exgobernador de Coahuila, se siente cobijado, fue en diciembre de 2016, tan solo dos meses después de que Cervantes asumiera la procuraduría, que volvió a la vida pública, anunció que competiría por una diputación estatal en las elecciones de 2017, las cuales perdió.
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El senador Miguel Barbosa, por ejemplo, lo acusa de estar imposibilitado para desarrollar una investigación imparcial contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por la supuesta recepción de sobornos de parte de la empresa Odebrecht.
“Tiene un conflicto de intereses lo que le hace no gozar de independencia y autonomía para ir en contra de personajes como Luis Videgaray y el propio Peña Nieto, que necesariamente estarían involucrados en caso de confirmarse el supuesto”, aseguró.
Cervantes encabezó la coordinación jurídica del PRI durante la campaña de Peña Nieto, cuando presuntamente ocurrió el soborno.
Si Raúl Cervantes logra ser fiscal, el PRI le deberá un favor más, pues podría cubrirle las espaldas al Presidente, otra vez.
MÁS INFORMACIÓN: Raúl Cervantes Andrade, “Soy mejor negociador que litigante”, Gerardo Laveaga, El mundo del abogado, Agosto 2015.
MÁS INFORMACIÓN: Raúl Cervantes, Sistema de Transparencia Legislativa, 2016.
