Ayotzinapa y corrupción golpean la confianza en la democracia y la economía mexicana

Los investigadores dicen que el gobierno ha frustrado sus esfuerzos para resolver el caso de la desaparición de los estudiantes.

Así encabeza una extensa nota publicada por el influyente diario The New York Times (NYT) el 22 de abril en su edición impresa en inglés y replicada al día siguiente en su versión en línea en español.

Después de entrevistar a cuatro de los cinco expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- un órgano de la Organización de Estados Americanos –OEA- para aclarar las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero; el diario neoyorquino apuntala la versión de que el gobierno mexicano ha impedido el trabajo de los enviados por la CIDH y sus conclusiones.

“Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso”, se lee en la nota firmada por los periodistas Azam Ahmed y Paulina Villegas.

La nota es una dura crítica al gobierno mexicano en un caso que le ha dado la vuelta al mundo mostrando al gobierno de Enrique Peña Nieto, no solo como insensible para resolver un caso emblemático de atropello a los derechos humanos en este sexenio, sino como cómplice de su no resolución.

En una editorial publicada el 4 de enero pasado, el NYT cuestionó fuertemente la transparencia y rendición de cuentas del gobierno en el poder. “En el periodo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto rápida y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”, dice el texto editorial del diario del que, por cierto, también es accionista el empresario Carlos Slim.

El caso de la ‘Casa Blanca’, la fuga del narcotraficante ‘el Chapo’ Guzmán, y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron los ejemplos que usó el diario estadounidense para mostrar la falta de transparencia del gobierno mexicano.

Algunos periodistas, entre ellos Raymundo Rivapalacio, han cuestionado la sistemática crítica reciente del diario neoyorquino. Rivapalacio, en alusión al texto editorial, dice que éste responde a los intereses estadounidenses sobre México.

“La intentona estadounidense por sobreponerse a la soberanía mexicana ha tenido eco en México en sectores de izquierda y de derecha, pero su éxito o fracaso depende de las élites en el poder: si no se fracturan, la presión interna será débil; si se fracturan, ganará Washington”, dice el periodista.

Y agrega, “es un debate polar. ¿Las diferencias con el gobierno de Peña Nieto son suficientes para aceptar que las pretensiones de subordinación son un costo inferior a los beneficios? Esta es la pregunta de fondo sobre lo que el editorial del Times sugiere”, escribió Rivapalacio el 8 de enero en su columna.

Un golpe a la credibilidad en la democracia…y en la economía mexicana

Pero más allá de las motivaciones detrás de estas críticas, el hecho es que la imagen del gobierno mexicano ha sido golpeada mostrando a un gobierno que ultraja sistemáticamente los derechos humanos. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, un estado azotado por la violencia y la corrupción, es la bandera de esta percepción.

Un artículo reciente del prestigiado semanario The New Yorker, escrito por Francisco Goldman, también se ha unido a la crítica del NYT al gobierno mexicano enfatizando el sabotaje del gobierno a su propia investigación sobre el caso y mostrando la falta de compromiso del Presidente con el descubrimiento de la verdad.

“Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de muchos otros crímenes que han ocurrido en México y resume la ilegalidad y la violencia de una guerra contra las drogas que ha dado lugar a un estimado de ciento cincuenta mil muertos y unos veinte y siete mil desaparecidos”, escribe el semanario neoyorquino. 

El caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014, que no ha sido aclarado por las autoridades federales, junto a casos de corrupción de gran difusión internacional, como la compra de una casa por la esposa del presidente Peña Nieto a un proveedor del gobierno bajo fuertes sospechas de pago de favores –un caso conocido como la ‘Casa Blanca’- han impactado fuertemente la credibilidad en la democracia mexicana y en sus instituciones, en el exterior.

La Unidad de Inteligencia de The Economist colocó a México en el lugar 66, de 165 países, en su Índice de Democracia 2015. En América Latina, el país cayó del lugar 10 al 14 en el índice que se dio a conocer en enero pasado, con una calificación de 6.6 puntos de 10.

México, junto a Ecuador y Brasil, fueron los únicos países de América Latina que cayeron en este índice.

Pero los reiterados casos de atropellos a los derechos humanos y de corrupción en el gobierno mexicano difundidos en los últimos meses por la prensa internacional y por las organizaciones no gubernamentales, no solo han surtido nocivos efectos mediáticos para la imagen mexicana, sino también efectos negativos en la confianza de los propios empresarios e inversionistas globales que deben seguir ciertas reglas de responsabilidad social y de imagen corporativa que les exigen sus accionistas.

El 29 de febrero pasado la Fundación Bertelsmann -la mayor de Alemania y dueña del mayor conglomerado de medios del país germánico- publicó su Índice de Transformación (BTI) en el que México fue el país que más perdió en su calidad de democracia, pero también en el estado de su economía.

El Índice de Transformación es un prestigiado reporte sobre el estado de la democracia, de la calidad de su gobierno y de la evolución de la economía de mercado en 128 países, que influye en los tomadores de decisiones globales en materia de políticas públicas y de inversiones.

“De manera más general, los derechos de propiedad están siendo amenazados por la inseguridad y la violencia que se ha incrementado de manera espectacular en los últimos años”, advierte la Fundación sobre México, a la vez que señala que estas condiciones “nos obliga a concluir que la pobreza y la desigualdad están estructuralmente arraigadas, y que un modelo económico basado exclusivamente en las exportaciones parece incapaz de resolver la pobreza y la desigualdad del país” se lee en el informe bianual que publica la Fundación europea.

Cuestionamientos que minan la confianza

Aquellos días de alabanzas de la prensa internacional al gobierno reformista de Enrique Peña Nieto han quedado atrás.

Los graves casos de corrupción, la falta de acciones concretas para avanzar en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, los reiterados cuestionamientos a la libertad de expresión; han sonado mucho más fuerte que los resultados producidos por los cambios legales para impulsar la economía.

En su discurso del 3 de marzo, al inaugurar el Value Investing Forum en la lujosa zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, el empresario Alejandro Legorreta, no dudó en denunciar que la corrupción entre la clase política es mayor que antes. “El dinero acabó con los ideales de la izquierda y el poder acabó con los principios que tanto presumía la derecha”, dijo el director de Sabino Capital y copresidente de la Fundación Legorreta-Hernández, ante cientos de directivos, empresarios y financieros.

“Aceptemos que el grueso de la clase política no se atreve a entrarle al tema y hay una larga, muy larga, cadena de escándalos”, dijo el empresario en momentos en que la corrupción y el atropello a los derechos humanos y a la libertad de expresión se debaten en México y no son ajenos a los factores que evalúan los inversionistas globales para incursionar en el país azteca.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter por Alejando Legorreta este lunes, el empresario y filántropo plantea con sorna: “Un grupo de inversionistas de Suecia me pregunta por el tipo de gobierno en Veracruz, ¿cuál será la mejor respuesta?”

Y es que en los últimos meses el gobierno del estado de Veracruz, que encabeza el priista Javier Duarte, ha sido duramente criticado por sus presuntos atropellos a los derechos humanos, a la libertad de expresión y por los frecuentes casos de corrupción que han escandalizado a la opinión pública nacional.

Veracruz es el estado de la República en el que más periodistas han sido asesinados en los últimos 6 años. Siete de estos asesinatos ya han sido atraídos por la fiscalía especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República.

Los cuestionamientos a un puñado de gobiernos locales por sus actos de corrupción, de autoritarismo y de control de la prensa local, es asunto de todos los días en México; 

En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa también se denuncia el control del gobierno federal sobre la prensa nacional. En la nota publicada el 22 de abril pasado sobre las investigaciones del grupo de expertos internacionales de la CIDH, el diario NYT acusa: “el gobierno se negó, en más de una ocasión, a emitir una declaración conjunta para denunciar la campaña mediática en contra de los expertos”.

El gobierno de Peña Nieto parece apostar, otra vez -como ocurrió con la 'Casa Blanca'- por el silencio y el olvido ante las críticas que se han recrudecido en las últimas semanas desde la prensa y los observadores internacionales.

MÁS INFORMACIÓN:  Investigators Say Mexico Has Thwarted Efforts to Solve Students’ Disappearance. Nota publicada el 22 de abril en The New York Times

MÁS INFORMACIÓN: The Missing Forty-Three: The Mexican Government Sabotages Its Own Independent Investigation. Artículo publicado en The New Yorker. 22 de abril de 2016

MÁS INFORMACIÓN: Transformation Index 2016; Fundación Bertelsmann.