Procuradurías hacen política, no justicia, denuncia Artículo 19

El sistema de procuración de justicia está corrompido, desde las procuradurías locales hasta la misma General de la República, porque responde a intereses políticos y no a la búsqueda de la verdad. 

Más allá de las serias deficiencias en materia técnica, científica y de investigación, cual novelistas, las procuradurías construyen los hechos de las escenas del crimen al servicio de las cúpulas políticas, para darles un ‘final perfecto’ a fin de que la justicia no alcance a los responsables.

“Cuando las procuradurías locales abren su averiguación, la fiscalía federal abre la suya también y se duplican actuaciones, desgastan a las víctimas, desgastan a los testigos; incluso pueden llegar a conclusiones contradictorias respecto a los hechos delictivos”, dice en entrevista Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado de Artículo 19 y coadyuvante en el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa, del periodista Moisés Sánchez Cerezo, entre otros casos recientes.

El caso de Moisés Sánchez, un parteaguas

Al hablar de periodistas asesinados y de la justicia que ‘no toca’ a los políticos, mencionar a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, es ineludible. En Veracruz se han reportado 15 periodistas asesinados durante su administración, según datos de Articulo 19 y de otros medios.

De esta manera lo que están pugnando el abogado y la organización independientes de Derechos Humanos es que se atraiga desde un principio la investigación, para no darle largas con esperas de dos a tres años, en lo que las fiscalías locales contaminan las escenas del crimen, manipulan a los testigos y de esta manera, en la práctica, dañan todos los elementos de prueba para esclarecer los hechos, pues pierden su valor.

Un caso es el de José Moisés Sánchez Cerezo, periodista desaparecido el 2 de enero de 2015 y que luego fue encontrado asesinado en un predio del municipio de Manlio Fabio Altamirano en Veracruz. Sánchez Cerezo era editor del diario La Unión, de Medellín de Bravo, municipio donde residía.

En conferencia de prensa del procurador estatal, el alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, fue el autor intelectual del asesinato del periodista, según habría confesado uno de los secuestradores del periodista.

De acuerdo al abogado de Artículo 19, en este caso se acreditaron seis de nueve supuestos que establece el Código Federal de Procedimientos Penales para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) le atraiga casos.  “…interpusimos un juicio de amparo, ¡la jueza nos dio la razón!”, dijo Maldonado Gutiérrez.

“Para este caso la jueza nos dijo que, efectivamente, la Procuraduría (estatal) estaba haciendo un ejercicio totalmente arbitrario y caprichoso y que no se estaban entendiendo el alcance de la reforma”, refiriéndose a una reforma en materia de justicia penal que se aprobó en 2008 y que debería estar implementada en julio de este año.

La reforma establece, centralmente, que la autoridad agresora no sea la que investigue, además de que los servicios periciales deben ser totalmente autónomos.

El caso de Moisés es un parte aguas en materia de acceso a la justicia para casos de violación a la libertad de expresión, porque efectivamente se está demostrando que a pesar de tener los instrumentos normativos, la procuraduría sigue siendo un órgano donde prevalecen decisiones de índole político, aseguró Leopoldo Maldonado quién fungió como el abogado defensor de este caso.

Artículo 19 es una organización independiente de derechos humanos con especial énfasis en la defensa de la libertad de expresión, que tiene su sede en Londres y que trabaja en todo el mundo.

Desvirtuar a los periodistas, el arma de los políticos

Así cómo sucedió en el caso de Moisés, le sucede al resto de periodistas que también fueron asesinados brutalmente a manos de un sistema que no les da garantías.

No obstante, con el ‘levantamiento’ y asesinato de Anabel Flórez –reportera del Diario de Orizaba- resulta sumamente preocupante como se han conjugado una serie de elementos, ocurrió en el multihomicidio de la colonia Narvarte en la Ciudad de México.

“Hemos visto muy claramente en estos dos casos, como las instancias de procuración de justicia lo primero que hacen es criminalizar a las víctimas para justificar su incapacidad y su inacción en materia de acceso a la justicia -eso es  muy claro- para justificar incluso el crimen que se comete en su contra”, argumenta el abogado de Artículo19.

Primero, la fiscalía dice que la periodista Anabel Flores tenía vínculos con organizaciones del narcotráfico, prácticamente justificando estos hechos fatales que sucedieron. Y, por si fuera poco, el Gobernador Javier Duarte a través de su cuenta de Twitter señala que fue el crimen organizado, dejando entrever que la periodista tenía ciertas ligas con sus asesinos.

Según cifras de Artículo 19, un mínimo de 50 por ciento de las agresiones contra periodistas son cometidas por funcionarios públicos; mientras que el nivel de impunidad alcanza un 98% de los casos.

Maldonado Gutiérrez relata que es de llamar la atención que cuando Moisés fue desaparecido y ejecutado, también se enviaron mensajes a otros periodistas: “Te va a pasar lo de Moisés”. Lo mismo sucedió con Anabel.

Se infunde el miedo para que la prensa se retraiga, dice Maldonado. Es así cómo se reproduce un mensaje para inhibir el ejercicio periodístico, sobre todo el ejercicio más crítico.

“… es evidente cómo las procuradurías apelan a juicios morales sobre las víctimas, prácticamente justificando lo que pasó y lavándose las manos de cualquier responsabilidad en el esclarecimientos de los hechos y el acceso a la justicia”, dice el entrevistado, quien ha llevado casos importantes de periodistas asesinados.

Protegerse de la misma ley

En el caso de Rubén Espinosa, el fotoperiodista asesinado, el abogado se vio en la obligación de interponer juicios de amparo y de protección constitucional contra las filtraciones que obviamente venían de la Procuraduría y que trataban de construir una narrativa perfectamente elaborada con la intención de criminalizar a las víctimas, dice Maldonado Gutiérrez.

El asunto ha encendido las alarmas en Artículo 19. Sobre todo en aquellos casos que pueden lastimar los intereses de los grupos de poder allegados a los gobernantes.

“Lo podemos percibir y resumir en falta de voluntad y de capacidad. La voluntad, por su propia pertenencia orgánica, a un poder y, de esta manera, las procuradurías en vez de hacer investigación, hacen es política”, denuncia el abogado de Artículo 19.

MÁS INFORMACIÓN: México: 23 periodistas desaparecidos en 12 años. Country Report de Artículo 19. 18 de Febrero de 2016