Las Afores darán menos rendimientos si no les damos más libertad

Cuando se habla de pensiones en México la agenda es amplia, tan amplia como preocupante por el crecimiento desmedido de sus deudas potenciales durante los últimos años. Desde la cierta indiferencia de una población joven para generar una lejana pensión digna, hasta decenas de sistemas de pensiones quebrados al que los gobiernos y legisladores no le dan la importancia que tiene.

Es un tema con escasos incentivos para los políticos masculla Carlos Ramírez, un joven funcionario público que preside la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro desde de diciembre de 2012, y cuya cercanía de amistad con el poderoso secretario de Hacienda; Luis Videgaray, es bien conocida.

A lo largo de la conversación deja constancia, una y otra vez, de su optimismo sobre las rendijas de oportunidad que ve de aquí al final del gobierno de Enrique Peña Nieto para que los graves asuntos de las pensiones en el país se vayan resolviendo.

Claro que para ello, admite Ramírez, “se requieren cambiar los incentivos (perversos) que existen actualmente”. Allí está el verdadero reto político de las pensiones.

A 18 años del sistema de las Afores ¿cuáles son los tres aspectos preocupantes?

Permíteme diferenciar entre los aspectos positivos que se han logrado en estos 18 años y los enormes desafíos que quedan pendientes.

Se ha avanzado en otorgar derechos de propiedad a los trabajadores sobre su cuenta para el retiro. No olvidemos que en el viejo esquema de pensiones de reparto había una promesa para pagar una pensión que no estaba fondeada y esa promesa era poco clara en su cumplimiento. Ahora hay la garantía de que a los 53 millones de ahorradores se le va a entregar, ya sea a través de una pensión o en efectivo.

Hemos ganado en transparencia en una manera sin precedentes. Realmente, este modelo de cuentas individuales refleja transparencia diaria: sabemos cuánto valen los fondos todos los días, los trabajadores reciben estados de cuenta al año, pueden consultar sus estados de cuenta a través de internet, en fin.

También les hemos dado libertad de elección a las personas. Es decir, son participantes activos de este proceso: se pueden cambiar de afore, pueden observar la tabla de condiciones y rendimiento. No son los únicos beneficios de este sistema pero diría que son tres de los más importantes.

¿Cualés son los aspectos pendientes? Me enfoco a los tres más relevantes: El primero, la cobertura. Este sistema de pensiones solo cubre 4 de 10 trabajadores y 4 de 10 mexicanos. La gran pregunta que nos debemos de hacer es ¿de qué van a vivir los seis restantes al momento que alcancen las edades de retiro?

Segundo: ¿qué tasas de reemplazo les vamos a dar a los ahorradores de que sí están en el sistema? Estamos ahorrando menos de lo que deberíamos. Una aportación obligatoria que es muy pequeña y hay muy poco ahorro voluntario.

Por tanto por más buenos rendimientos, por más bajas comisiones, si no logramos aumentar el nivel del monto de ahorro colectivo, las pensiones van a estar por debajo de las expectativas de los ahorradores.

Y hay retos aledaños al sistema de pensiones. ¿Qué vamos a hacer con los sistemas de pensiones de reparto que sobreviven en el país y que están drenando los recursos tanto de las paraestatales, como de los estados, municipios y de las universidades públicas? ¿Qué haremos con el viejo modelo de reparto que es inviable, simplemente por la inercia demográfica? No es un tema del SAR como tal, pero naturalmente involucra a todo el modelo de pensiones actual.

El asunto de las pensiones es un tema delicado que los gobiernos, incluyendo el actual, han estado pateando hacia delante, sin tomar acciones concretas para resolverlo.

Sí hay una problemática de las pensiones a la que no le hemos puesto la atención necesaria.

Creo que este gobierno tomó la iniciativa de presentar una iniciativa de ley en septiembre de 2013 en la que se planteaban tres aspectos: la creación de la pensión universal, la creación del seguro para desempleo y una reforma ambiciosa acerca de la ley del sistema del ahorro por el retiro; aprobada por la Cámara de Diputados y, desafortunadamente, no ha pasado en el Senado de la República.

Plantearía: ¿tenemos o no una oportunidad en lo que resta del gobierno para hacer algo? Creo que sí la tenemos porque ya se aprobaron las grandes reformas durante esta administración. Entonces, mi visión es optimista. Creo que hay una ventana de oportunidad en donde hay que enfocarnos.

Me gusta tu optimismo, pero con un contexto externo complicándose ¿acaso existen las rendijas de oportunidad necesarias para poner sobre la mesa un problema que requiere recursos, sobre todo fiscales, para solventarlo?

La pregunta es muy pertinente. Coincido plenamente de que vivimos un periodo complejo a nivel de mercados financieros.

Pero no perdamos de vista que la reforma a los sistemas de pensiones puede o no requerir recursos públicos de entrada. Muchas de las reformas no requieren recursos públicos: Temas que están vinculados al ahorro voluntario podríamos trabajar en ellos sin que representen un costo demasiado alto para las finanzas públicas; temas del régimen de inversión de las afores, para darles oportunidad de brindarles mejores rendimientos; temas asociados con el gobierno corporativo de las afores, beneficiarios; traspasos; todo eso no requiere recursos.

¿Qué sí requiere recursos?  La pensión universal. Crear un pilar cero que esté vinculado con el pilar contributivo no requeriría recursos inmediatos. De hecho estamos sufragando a través del programa 65 y más. O sea, ya consume recursos considerables. Entonces, de entrada no requeriría un esfuerzo fiscal mayor. Naturalmente habrá que prever que conforme envejezca más la población habrá que tomar las provisiones correspondientes. Pero de entrada no habría ese costo inmediato.

Las reformas a los sistemas de pensiones de reparto ciertamente sí podrían representar un costo de mediano y largo plazos, en donde el país podría sentar las bases para llevar a efecto estos cambios. Pero no me gustaría que la discusión se centrara en “no tenemos recursos fiscales, entonces no podemos hacer nada”. Sí se pueden hacer cosas; por lo menos avancemos en los temas en donde no hay necesidades fiscales urgentes.

¿Sería deseable fijar un periodo de transición legal para que en el futuro se prohíban nuevos “rescates” de sistemas de pensiones?

No me corresponde proponer una medida de esa naturaleza, pero no parece estar muy lejana a los incentivos que se requieren para transformar los sistemas de reparto.

¿Por qué no se reforman los sistemas de reparto? Es decir, por qué un estado de la república que tiene un sistema de pensiones que a todas luces es inviable, y lo sabe, que no está recibiendo las contribuciones necesarias para fondear las pensiones futuras, que le está consumiendo cada vez más recursos al erario estatal, y que tenemos muchos casos de esos en la república, ¿por qué no reforman su sistema de pensiones?

No lo reforman, primero, porque les va a costar, naturalmente, y tal vez no tengan los recursos. Segundo porque no hay los incentivos poderosos para que lo hagan. Y, como bien dices, hasta cierto punto, se sigue ‘pateando el bote’.

Para hacer un cambio de esa naturaleza se requieren incentivos poderosos, tal y como se establecieron para el caso Pemex. Entonces, coincido en tu apreciación. A nosotros no nos compete dar ese tipo de recomendaciones, pero coincido en la apreciación de que se requieren cambiar los incentivos que existen actualmente.

Respecto al Sistema de Ahorro para el Retiro los pensionados no tendrán los recursos suficientes para una pensión digna durante su vejez. ¿Qué se necesita hacer en términos de la aportación de los propios trabadores, del gobierno o de las empresas?

Tenemos un espejo muy claro con lo que está ocurriendo en Chile, nada más que 15 años adelante. Los chilenos se están comenzando a retirar. Es una economía que ha crecido a lo largo de los últimos 30 años. Y, sin embargo, los ahorradores están recibiendo pensiones cercanas al 40%-50% porque no se les alertó a tiempo que no estaban ahorrando lo suficiente.

En Chile la aportación del trabajador es del 10%. Se les sobrevendió el sistema de condiciones individuales y están recibiendo pensiones menores a sus expectativas. Obvio, hay una gran insatisfacción.

No podemos permitir que eso nos pase. Por eso he sido muy claro en esta problemática para que no haya ninguna duda que aquí no hay nada que esconder. Seamos francos: un trabajador de 5 salarios mínimos, cumpliendo con sus 1,250 semanas de cotización, lo más probable es que se lleve una pensión cercana al 30%-35% de su salario.

¿Qué hacer? Siempre habrá la discusión: ¿quién aporta más: el gobierno o el trabajador o el patrón?

En nuestro caso, dada la poca participación del trabajador, tenemos que ser realistas de que el trabajador tiene que aportar más.

Lo puede hacer solo por dos vías: por la parte voluntaria y por la parte obligatoria. La parte obligatoria, creo que otros países han experimentado la aportación de manera gradual dándole la posibilidad al trabajador de decir “no quiero”, y de esa manera dejándolo a consideración de las propias personas; pero que la opción sea ahorrar. Hagámoslo con una transición, con una gradualidad. Es viable a partir de 5 salarios para arriba.

¿Han hecho sondeos respecto a si el trabajador quiere aportar más?

Hemos preguntado en nuestras encuestas y la respuesta es sí pero bajo ciertas condiciones. Estudios demuestran que la gente no valora el ahorro pensionario, porque piensa que es mejor tenerlo en el bolsillo.

La pérdida en el ingreso real ¿no es un factor que inhibe la capacidad de ahorrar?

Sin duda. La primera condicionante para tener capacidad de ahorro es el ingreso. Si ese ingreso se ha mantenido estable en los últimos años, sin crecer de manera sistemática y tomando en cuenta los últimos treinta años, el deterioro es significativo; eso es lo que siempre responden los ahorradores: “si tuviera más, ahorraría más”.

Por eso hablo de que otros países han buscado segmentar a sus poblaciones. Las personas de menores ingresos muy probablemente no están en capacidad de ahorrar más. Y, muy probablemente, no podríamos meterlos en un esquema de aumento de aportaciones. Cabe la posibilidad pero no los podríamos meter por ‘default’ en esta alternativa.

¿Qué le podríamos ofrecer? La cuota social en México es una aportación que hace el gobierno federal a todas las cuentas entre 1 y 15 salarios mínimos. Ya se hizo más progresiva con la reforma en 2010, pero todavía la podemos hacer más progresiva; dejando que solamente la reciban las personas verdaderamente de menores ingresos.

Y las personas que perciben un ingreso mejor, ahí sí darles una alternativa de “paripasos”: tú contribuyes, alguien más contribuye, ya sea el patrón o el gobierno, dándoles la opción de si quieres o no ahorrar más y estableciendo un periodo de gradualidad que no les afectará en su ingreso cotidiano. Eso es lo que otros países están haciendo. No digo que sea el único modelo existente, pero puede ser una alternativa.

Ahora, podemos hacer otras cosas. Estoy muy preocupado, porque las afores han pagado muy buenos rendimientos en estos últimos 18 años, pero los siguientes 18 se ven muy complejos. Y si no liberalizamos el régimen de inversión modificando el límite de inversión en valores extranjeros del 20%, ampliando el límite de renta variable, que actualmente es de los más bajos del mundo en 40%, y dando las afores más libertad para elegir sus opciones de inversión; no hay manera de poder pagar esos rendimientos.

Tenemos años platicando esto y no hemos dado los pasos en la dirección correcta ¿Hay pasos concretos de quienes tienen que tomar éstas decisiones en ese sentido?

Un primer paso, tal vez con algunas limitaciones, fue la iniciativa que presentó el presidente Peña Nieto. Esa iniciativa está a consideración del Senado; y ahí sigue la discusión.

¿El senado no ha hecho nada al respecto?

No, no se ha pronunciado al respecto. Yo lo que he hecho a los largo de estos dos años y medio es tener múltiples conversaciones con legisladores. Tal vez para ti y para mí es un tema que hemos conversado a lo largo de muchos años, pero para muchos legisladores este tema no está en el radar. Entonces hay una tarea de sensibilizarlos sobre esta problemática.

Estoy optimista de que en este segundo trienio tendremos una ventana de posibilidad para hacer algo. Hay algunas acciones que vienen en camino, por ejemplo: le hemos pedimos a la OCDE que haga una evaluación del sistema de pensiones mexicano y nos presentará los resultados en octubre de este año. Todo con el propósito de tener un diagnóstico escrito por un tercero, no es por nosotros ni por el gobierno, a fin de ponerlo en la mesa de discusión.

También está pendiente la iniciativa que surgió en la Cámara de Diputados de crear un grupo de expertos que analizara las condiciones del sistema y que planteara una serie de recomendaciones para implementar. Esto puede ser un camino para legitimar cualquier esfuerzo legislativo futuro. Eso está ganando atracción y podría ocurrir en el segundo semestre del año.

En fin, tienes razón. Pareciera que nos estamos moviendo más lento de las necesidades que tiene esto, pero reitero que en el segundo trienio habrá una venta de oportunidades.

Esto es un tema estrictamente político. Lo ha estudiado muchas veces el Banco Mundial.

Nunca se ha hecho un diagnóstico integral del sistema. No tenemos ni uno. Sí se han hecho esporádicamente una serie de recomendaciones, pero nunca se ha hecho un estudio como el que nos va a presentar la OCDE.

La Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, investiga posibles actos que impiden la libre competencia en el mercado de las pensiones ¿qué preocupación tiene CONSAR como regulador?

Estamos apoyando las gestiones de COFECE y, naturalmente, seremos los primeros, en caso de hallarse alguna cosa en particular, en apoyar y estar al frente de este proceso. Son ellos los responsables de vigilar el buen funcionamiento de los mercados desde el punto de vista de la competencia. Entonces nosotros nos sumamos a esa investigación.

¿Cuáles han sido las preocupaciones de la CONSAR en materia de competencia? Brevemente. Dos grandes frentes. Uno es toda la problemática de los traspasos: 2.4 millones de traspasos. Muchos traspasos. 56% de ellos sin sentido. Es decir, de afores de más altos rendimientos a menores rendimientos. Las afores se gastaron 7 mil 500 millones de pesos en gastos comerciales, que sería un recurso que podría destinarse a mejorar su infraestructura tecnológica, sus manejadores de fondos.

¿Las afores gastaron 7 mil 500 millones?

7 mil 500 millones en gastos comerciales. Es decir, hay una industria paralela.

…Que le restan a la rentabilidad.

No le restan a la rentabilidad porque este recurso es del ingreso de la afores. Lo que pasa es que este recurso se podría destinar a tener mejor capital humano, mejor tecnología, o, incluso, bajar las comisiones.

Pero son 7 mil 500 millones que en el balance son gastos comerciales o costos operativos y que al final aprietan los márgenes.

Sí, incluso va en contra de la propia rentabilidad de las administradoras. Lo que pasa es que hay administradoras que ha sido parte de su modelo de negocios. La rentabilidad no ha sido su prioridad de corto plazo y han buscado crecer orgánicamente de manera importante, pensando que eso le va a redituar.

Y reitero, esa problemática ya estaba diagnosticada. Ya habíamos señalado nuestra preocupación. Puede ser, sin tener conocimiento del énfasis de la investigación de COFECE, que por ahí pueda estar parte de la preocupación de la autoridad en materia de competencia.

La otra preocupación que tenemos tiene que ver con el tamaño del mercado financiero. Este es una industria que ya maneja 2.5 billones de pesos, con pocos jugadores. El poder de mercado que tienen las 4-5 afores grandes es muy significativo. Eso, naturalmente, en un mercado donde están comprando y vendiendo todos los días valores, se puede prestar a, si no existe el gobierno corporativo adecuado y los contrapesos adecuados, eventos no deseados.

¿Qué tipo de soluciones se pueden dar? Bueno, en la parte comercial hemos tomado algunas acciones importantes en mayo de este año. La investigación de COFECE es más hacia atrás. En la parte financiera estamos trabajando con la Comisión Bancaria y de Valores, con la Secretaría de Hacienda, para encontrar mejores mecanismos en este proceso de compra-venta para que las afores sean actores constreñidos dentro de su tamaño y constreñidos a seguir las mejores prácticas en materia de compra-venta de valores.

¿Hay sospechas fundadas de que intermediarios pudieran estar ejerciendo…?

No hay sospechas fundadas, pero es una preocupación que existe conforme vaya creciendo el sistema y nuestro mercado financiero vaya creciendo más lento que el sistema; que es lo que ha ocurrido. Es decir, estos intermediarios cada día son más grandes y el mercado financiero crece, sí, pero a un ritmo menor.

Conforme crezcamos más, se vuelve más preocupante el potencial poder de mercado y cómo se ejerce. Pero no, no tengo ningún caso en particular. Lo que quiero decirte es que en materia de competencia hay esas dos grandes preocupaciones nuestras que le damos seguimiento constantemente y que habrá que tomar medidas adicionales.

¿Es deseable que CONSAR tenga un mayor grado de autonomía?

Otra vez me refiero a las prácticas internacionales. Las comisiones reguladoras en los países con sistemas de pensiones más desarrollados tienen esquemas de mayor autonomía. Sí, la practica internacional es ésa. En el caso mexicano operamos a través de nuestros órganos de gobierno.

En dichos órganos participan el sector gobierno, patronal, obrero y ha funcionado relativamente bien. Es decir, las decisiones de este sistema no las toma la CONSAR por sí misma, y es sano que no seamos nosotros los que tomamos las decisiones de una manera totalmente autónoma.

Es sano este arreglo institucional que, en términos generales, ha dado resultados. Otras experiencias muestran al regulador, sobre todo con más facultades, eso no cabe la menor duda. Y esas facultades se las pedíamos al Congreso de la Unión en esta reforma que presentó el Presidente…y que no prosperó.

Los trabajadores mexicanos financian la deuda pública del gobierno federal porque en su gran mayoría las afores son las grandes compradoras de títulos de deuda; pero es el gobierno federal el que preside al regulador…

No perdamos de vista dos cosas. Uno, si ves la participación de los intermediarios financieros en la compra de bonos gubernamentales, podrás observar que las afores no son el principal participante. Es decir ha habido una gran participación de extranjeros; son tenedores de bonos muy significativos.

Y la participación de las afores se ha mantenido relativamente constante. Sí, de los 2.5 billones de pesos, la mitad de estos recursos están invertido en instrumentos gubernamentales. Pero no es gobierno federal dependiente de las afores para colocar deuda. Eso está probado.

Ahora bien, el segundo punto, no perdamos de vista que si bien los trabajadores efectivamente son los que sostienen esta compra de bonos gubernamentales, los trabajadores han recibido un excelente rendimiento por ese proceso. No es que el trabajador le preste al gobierno y no tenga nada a cambio.

El gobierno es un muy buen pagador y ha permitido pagar muy atractivos rendimientos a lo largo  de estos 18 años. Recordarás que cuando no estaba abierto el régimen de inversión todo se invertía en instrumentos gubernamentales; ya llevamos ese nivel a 50%. Tomó bastante tiempo pero fue gracias a esa participación que los trabajadores obtuvieron mejores rendimientos.

Ahora, hay que enfocarnos en los próximos 18 años y ahí sí hay una coincidencia contigo en el sentido de que necesitamos una mayor diversificación del portafolio. Tener 50% de instrumentos gubernamentales parece excesivo, sobre todo si se compara con otros sistemas de pensiones en el mundo.

¿Qué otro grado de autonomía sería deseable?

Eso no me corresponde a mí decirlo. Soy juez y parte en esto. Reitero, nosotros trabajamos bajo la arquitectura institucional que nos corresponde.

Otros países han tomado la decisión de darle mayor autonomía al órgano regulador, pero yo me siento muy cómodo con el sistema actual porque es una arquitectura que permite tomar decisiones colegiadas, en donde participan el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno. El gobierno por sí mismo no puede tomar las decisiones de este sistema de pensiones.

Obviamente tiene que consensuarlos con los otros dos grandes participantes.

(Derechos Reservados, 2015. Arena Pública)