La política fiscal no está por encima de los derechos ciudadanos

Acaba de ser reelegida para una nuevo periodo al frente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ¿cuál es su objetivo de mayor envergadura que se ha propuesto alcanzar en este segundo periodo?

Efectivamente acabo de ser reelegida el 30 de abril por el Senado de la República para un nuevo periodo de 4 años. Mi respuesta es muy directa: Consolidar a este organismo autónomo como un verdadero defensor de los pagadores de impuestos y propiciar una mejor relación entre el fisco y el contribuyente, logrando que las autoridades fiscales adopten las mejores prácticas en sus actuaciones frente a los contribuyentes.

Consolidarnos como ese nuevo interlocutor que necesitaba nuestro sistema tributario para transparentar todo este fenómeno del cobro de impuestos.

Los nuevos límites a las deducciones personales que se establecieron recientemente en la ley de Impuesto sobre la Renta, se considera una medida inequitativa y regresiva. ¿cuál es el estado del proceso de estos amparos que está acompañando la Procuraduría?

Es muy importante que las personas física se enteren de este tema. Nosotros, como defensores del contribuyente, acudimos ante el Poder Judicial de la Federación en este caso ante los jueces del Distrito, para impugnar este tope a las deducciones personales.

Lo que más nos preocupa como defensor al contribuyente, que tenemos un carácter social y somos como un ombudsman del pueblo, es que este tope perjudique a la gente de menores ingresos.  Voy a tratar de explicar: una persona física a partir de 2014 sólo puede deducir el 10% de sus ingresos anuales hasta topar con 4 salarios mínimos elevados al año, es decir, que lo más que una persona física puede deducir al año son 98 mil pesos.

Lo que creemos altamente injusto es para todos aquellos que están ubicados en un rango menor a los 98 mil pesos. Tuvimos un caso. Se trata de un padre de familia desempleado que generó 220 mil pesos de ingresos por salarios al año. Tiene un crédito de Infonavit por un departamento de interés social y paga de intereses por el crédito de medio millón de pesos al año, 58 mil pesos.

De esos 58 mil pesos sólo va a poder deducir 22 mil pesos, porque su salario total es de 220 mil. Nunca va a poder deducir menos de la mitad de sus intereses hipotecarios y no podrá deducir ningún gasto médico, pagos hospitalarios, o pagos de colegiaturas que haya hecho. Eso nos parece terriblemente regresivo en perjuicio del pueblo mexicano, de las clases sociales que más requieren de esta política tributaria equitativa.

Es decir, una persona física con ingresos anuales por un millón y medio de pesos puede venir a Prodecon y obtener la defensoría de parte de ustedes ¿o no?

En este caso no. Lo que hicimos fue precisamente publicar nuestros argumentos, todos los argumentos que estamos presentando a los jueces federales, a los jueces de distrito, como argumentos de inconstitucionalidad en este tema de topes de deducciones están visibles en nuestra página para que cualquier interesado pudiera necesitarlos.

Una de las grandes  preocupaciones de los contribuyentes es la complejidad para pagar impuestos. Si bien el Sistema de Administración Tributaria (SAT) provee de servicios de asistencia al contribuyente, sigue siendo sumamente complejo y la reforma fiscal no ayudó mucho en esto. ¿Tiene la Prodecon alguna iniciativa en este sentido?

Existe un gran proyecto del Congreso de la Unión y de la propia Secretaría de Hacienda para que toda la contabilidad del contribuyente se digitalice. Incluso los que están en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) ya tienen que llevar su contabilidad electrónica a través del sistema Mis Cuentas.

Lo que el SAT está proponiendo, y donde estamos nosotros, es que va a llegar un momento en el que tú accedas a tu portal digital y el portal digital te diga cuánto debes de un impuesto, porque vas a estar registrando todos tus ingresos y todos tus gastos; se te va a hacer el cálculo de forma sencilla, y si te falta algún gasto lo vas  a poder incorporar y si te sobra lo vas a poder objetar; como quien dice, es un mundo feliz, citando al clásico. Esto nos parece muy positivo.

El problema es la implementación. No podemos entrar con ese cambio de tecnología de buenas a primeras. Necesitamos ir apoyando a la gente para que logre acceder a la tecnología.

La  Prodecon no puede proponer un cambio de leyes fiscales, puede hacer propuestas para modificaciones a algunas disposiciones fiscales. Estamos todo el tiempo trabajando en coordinación con el SAT para que en todo esto de la contabilidad electrónica esté presente el defensor de los contribuyentes. Logramos que se escalonara la contabilidad electrónica. Gracias a la petición de Prodecon esto se retrasó y apenas en abril  se envió para los que ganaron más de 4 millones de pesos en 2013, el primer envío de contabilidad.

Somos un permanente observador y estamos viendo cómo se le complica o facilita al contribuyente el pago de sus impuestos y por eso también estamos abiertos a que tanto por correo electrónico, por llamada telefónica o presencialmente, los contribuyentes vengan para que los apoyemos y asesoremos en el pago de sus impuestos.

Me pregunta ¿es fácil pagar impuestos en México? No, no es fácil. Eso sí se lo contesto en una forma definitiva y clara. Y mientras el régimen es más complejo más difícil será determinar lo que se tiene que pagar de impuestos y se va a requerir el auxilio de un contador.

¿Qué le faltó a la reforma fiscal? Prodecon tiene la posibilidad de proponer a la Cámara de Diputados propuestas para hacer cambios

Nosotros no tenemos competencia en política de ingresos. Lo que tenemos que ver es que los derechos del contribuyente sean respetados por cualquier disposición fiscal en cualquier reforma.

¿Qué le faltó a la reforma fiscal? Le faltó teleología y generalidad. Teleología en cuanto que –y no lo digo como Procuradora sino en mi opinión personal- si como país se tiene un determinado derrotero, creo que los impuestos que se fijen tienen que ir encaminados a lograr ese objetivo.

Nos anuncian las reformas estructurales. ¿Y qué representan? En teoría nuevas inversiones. Y si tenemos nuevas inversiones tenemos que apoyar el capital productivo y el empleo. Entonces ¿cómo vería una reforma que limita la deducción de inversiones ya que no permite su deducción inmediata sino sólo su depreciación a determinados años; y limita la deducción de las prestaciones salariales exentas. El patrón no puede deducir las horas extras semanales.

O sea, con todo respeto -porque estas son decisiones de política de ingresos; creo que en ese aspecto no era lo más conveniente. ¿Qué dicen las autoridades de ingresos que pueden tener razón? Pues que a cambio de eso a los empresarios se les quitó el impuesto mínimo o el impuesto control.

Como le digo, son grandes decisiones de política económica pero en mi visión muy particular, como servidora pública porque no tengo competencia en política macroeconómica, considero que lo que menos debiera afectarse en México, en este momento, es la inversión y empleo. A la reforma le faltó un poco de visión.

Y generalidad, porque si bien se crea el RIF que pretende incorporar a toda la formalidad, hay muchos sectores de la informalidad que no están interesados en el RIF. ¿Por qué? Porque están en el nivel de subsistencia o al nivel de una economía doméstica, pequeña. A esas personas deben ofrecerles otro tipo de opción, no el RIF. Para mí es salirse de dimensión de lo que es México; debemos luchar por transformarlo, pero no se puede transformar por decreto.

¿Prodecon va a proponer algo en este sentido?

En este tema sí. Estamos haciendo mucho trabajo, incluso, ya hicimos una recomendación por lo que toca a los distribuidores de alimentos. Ya se la hicimos llegar al SAT para que acepte otra forma en la que puedan acreditar sus gastos.

Estamos trabajando también con los transportistas de gas, con la industria de la leche, con varios que no les pueden exigir a quienes les vende un CFDI. Eso no quiere decir que no paguen impuestos. Por eso le digo que le faltó generalidad: Convocar a esta economía rural, doméstica y muchas veces de subsistencia a que también pague, pero no a través de un sistema digital o CFDI.

¿Qué estamos haciendo? Los vamos a plantear ante la subsecretaria de ingresos e incluso legisladores de diferentes partidos que han tomado nuestras recomendaciones para ver qué pueden hacer en beneficios de estos sectores.

¿Hasta dónde es válido que el SAT haga ‘invitaciones persuasivas’ a los contribuyentes que no tienen ningún adeudo con el SAT? Parecieran más bien amenazas.

Qué bueno que me lo pregunta, porque precisamente, estamos trabajando en eso. Ya sacamos un primer documento donde estamos anunciado las malas prácticas del SAT cuando se va a recaudación persuasiva. El SAT muchas veces no está convenciendo, no está persuadiendo, no está invitando.

Más bien está generando amenazas e intimidaciones. Por ejemplo, le hablan por teléfono al contribuyente, lo citan  a las oficinas de las autoridad y una vez ahí le presentan un papel de trabajo con una sumatoria, y le dicen, hemos sabido que tú debes todo esto y además le dicen que lo mejor que puedes hacer es firmar y aceptar que te acoges al programa de cumplimiento voluntario o al programa de cobro persuasivo o al programa de calidad recaudatoria.

Entonces es el peor de los mundos, porque si el contribuyente va a un tribunal le van a decir que eso no lo afecta, porque no es un acto de autoridad o de molestia, es una invitación.

Entonces el contribuyente queda sin defensa, por eso surge el ombudsman para apoyar a todos esos contribuyentes. Sí quiero reconocer a Aristóteles Núñez quien tuvo mucha sensibilidad en el tema y estamos trabajando  en el diseño de una estrategia en la normativa interna para que todas las acciones llamadas “cobro persuasivo” se sujeten al cumplimiento de determinados requisitos legales…

La ley dice que el ciudadano no pueden ser molestado en su privacidad. ¿Hasta dónde llega la actitud de la autoridad en el ánimo de cumplir un objetivo  de recaudación, violando incluso los derechos de los ciudadanos? ¿Cuáles son los límites?

Los límites son los derechos fundamentales. Y lo señala el artículo 16 de nuestra Constitución Política que nadie puede ser molestado, en su familia, persona o propiedades sino en virtud de un mandamiento escrito o autoridad competente que funde o motive la causa legal de procedimiento.

Eso quiere decir que sí te pueden molestar pero con un documento escrito emitido por una autoridad competente y que te dé a conocer por qué te están afectando.

Eso lo tutelan los jueces y nosotros también, pero aquí la novedad es que según la Corte, según tribunales, una invitación que haga el SAT no es un acto de molestia; eso ha dicho la Corte, y al no ser un acto de molestia, no tiene que estar el mandamiento escrito de la autoridad competente, puede ser una llamada. Con todo respeto y citando al clásico: ¿Y ahora quién podrá defenderme? Para eso está Prodecon.

¿Entonces el SAT está en una situación particular de acuerdo a los jueces?

No solamente el SAT cualquier autoridad fiscal, pero no es tanto que se dé un trato especial, sino lo que dice el Poder Judicial. Ellos lo razonan así: Esto no es una molestia porque no te lo van a ir a cobrar, sólo te están invitando.

Pero como yo les digo: hay de invitaciones a invitaciones. Es que el juez juzga todo en una forma muy mecánica. Por eso en las democracias modernas es tan importante la presencia del ombudsman, porque el ombudsman no sólo va por formalidades, por tecnicismos o por teorías.

Al ombudsman le interesa la situación de Juan Pérez para saber ¿qué le está pasando, le inmovilizaron sus cuentas, le hablaron por teléfono y le dijeron ‘vente para acá y no me traigas a tu contador y a tu abogado’? ...

¿Parecería que la política fiscal está encima de los derechos de los ciudadanos?

No, claro que no, y para estamos los ciudadanos. Todos sabemos que lo que se lucha en un estado, en una democracia, es por la defensa eficaz de los derechos; pero como concepto primero están los derechos, la gente, la soberanía.

Ese es el concepto… pero hay que defenderlo y en eso está empeñada la Procuraduría en el ámbito de quienes pagan impuestos que –se lo digo en una sola palabra- somos los que sostenemos el país; así de simple.

Prodecon es un organismo no sectorizado, con autonomía técnica, funcional y de gestión; pero no tiene autonomía presupuestal. Le pregunto si hay un conflicto de interés en que sea la Secretaría de Hacienda quien recauda los impuestos y quien tenga que autorizar el presupuesto a Prodecon.

A la Procuraduría presupuestariamente no le ha ido mal; le ha ido muy bien. En un principio nos dieron un presupuesto, digamos bajo, pero sus servidora junto con otros colaboradores lo peleamos en la legislatura anterior y los tres partidos políticos decidieron darnos más presupuesto.

No nos podemos quejar, tenemos un presupuesto de un poco menos de 850 millones de pesos y la verdad nos está permitiendo operar bien y Hacienda no pone mayores topes para que alcancemos nuestro presupuesto. Obviamente tenemos que ejercerlo conforme a las normas de responsabilidad presupuestaria y demás que no me puedo quejar.

Este gobierno como el anterior fueron respetuoso y sobre todo el Congreso de la Unión siempre pensó que necesitábamos un presupuesto adecuado para realizar nuestro trabajo.

¿Es deseable la autonomía presupuestaria?

Más que la autonomía presupuestaria el gran sueño de este ombudsman es ser un órgano constitucional autónomo. Somos como una especie en evolución, tenemos que llegar a convertirnos en un órgano constitucional autónomo.

Prodecon es un organismo que asesora, un organismo que observa, que protege, pero hasta ahí, ¿acaso no está en desventaja frente a un organismo mucho más poderoso, y que es cada vez más poderoso en términos de las obligaciones que exige a los contribuyentes?

Pareciera que sí, pero en la práctica no por como está guiada la concepción de lo qué es un defensor no judicial de derechos, un ombudsman. ¿Qué quiero decir? La fuerza de cualquier ombudsman es la legitimidad moral, la convicción ciudadana y la opinión pública.

Es imprescindible tener la fuerza de la opinión pública. Hemos dado a conocer un boletín de prensa donde estamos hablando de las autoridades de cierta entidad federativa, que están cometiendo situaciones realmente ilegales y desmesuradas al embargar a empresas maquiladoras o productivas e impedirles seguir operando antes de que han sean oídas y vencidas en juicio.

Un boletín así, con todo respeto, sí cimbra a las autoridades. A esto está llamado el ombudsman, a tener de su lado el apoyo ciudadano, la legitimidad moral. la opinión pública. El día que el ombudsman no trabaje dentro de ese ámbito o no luche por consolidarse dentro de ese ámbito, entonces se puede decir que ni siquiera es necesario y que no importarán los recursos.

Creo que es la fortaleza del derecho y de la democratización de las instituciones lo que puede avalar nuestra tarea.

¿Tiene el SAT las herramientas suficientes para evitar la ilusión fiscal?

Sí, tiene más que sobradas herramientas para evitar la elusión fiscal y la evasión. ¿Hacia dónde tienes que ir ahorita? Hacia las grandes corporaciones y hacia las personas físicas. El SAT tiene un instrumento muy poderoso que se llama ‘discrepancia fiscal’ en un momento dado si ve que una personas está gastando más de lo que gana, puede ir y presumir que esa diferencia entre lo que gastó y lo que ganó es ingreso y le puede cobrar impuestos.

Yo le pregunto ¿cuántas personas de todos los ámbitos -públicos, empresariales, profesionales, artísticos- hay a los que se podría aplicar ese procedimiento, previo a oírlos en juicio y con respeto de todos sus derechos? Usted me dirá que somos defensores de los contribuyentes ¿cómo dice esto? Porque la primera defensa de los contribuyentes es que todos paguen. Porque si solo algunos están sosteniendo la carga es totalmente injusto, inequitativo y represivo la impunidad de los que no pagan de acuerdo a lo que ganan.

Pareciera ser que en los últimos años los derechos se han mermado mientras que que la autoridad tributaria ha ganado en capacidades de vigilancia, de supervisión, de control de los contribuyentes.

Estoy de acuerdo en que históricamente el poder del Estado para imponer tributos es el máximo poder que puede haber. ¿Cómo sometían los pueblos antiguos a los pueblos vasallos? A través de la imposición de tributos. Lo que trato de decirle es que a partir de los Ochenta se empieza a hablar de los derechos del contribuyente y estamos empeñados en eso.

El contribuyente tiene que recuperar su dignidad, tener sus derechos y poder ejercerlos frente al poder público. Es la eterna lucha del poder ciudadano, de la persona frente al poder público; y ahora estamos empeñados en la rehabilitación de derechos. No nada más en mi ámbito, la reforma constitucional está hablando  precisamente de la reivindicación de los derechos del hombre, del ser humano.

Tarea nada fácil...

Pero es la tarea eterna de los poderosos y no la podemos abandonar. Tenemos que abordarla con entusiasmo

Se lee en el portal de Prodecon que “el buen pagador de impuestos, confía en la autoridad, contribuye al gasto público, exige una clara rendición de cuentas, cumple la ley, es ético, es buen ciudadano”. Eso está muy bien, ¿pero no se le dificulta a la Procuradora la difusión de valores como éstos cuando hay una sociedad indignada?

Claro. Es una gran pregunta y efectivamente le digo que ¡claro que se me dificulta! ¿Por qué? Porque necesitamos un colectivo que sea responsable de sí mismo y de los más vulnerables. Pero si en un momento dado algunas personas que dirigen ese colectivo fallan en las acciones públicas dirigidas a todos, el ciudadano se desencanta.

Sí, desde luego es un gran reto fortalecer la cultura contributiva, pero como sociedad debemos pensar de que sólo a través de la responsabilidad solidaria podemos asumir el reto de ser una sociedad más justa y más equitativa.

Derechos Reservados, Arena Pública 2015