A 5 meses de Iguala, diputados dan luz verde al Sistema Nacional Anticorrupción
El mismo día en que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa cumplió cinco meses, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) mediante la modificación de 14 artículos constitucionales.
Tuvieron que pasar 114 días para que esto sucediera, desde que el 3 de noviembre el Partido Acción Nacional (PAN) presentó en San Lázaro la propuesta, que busca la coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción.
El SNA, aprobado por 313 votos a favor y 61 en contra, estará conformado por los titulares del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Consejo de la Judicatura.
Estará también integrado por un Comité de Participación Ciudadana cuyos consejeros serán hombres y mujeres sustraidos de la sociedad civil con amplia trayectoria en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas.
En sus puntos más relevantes el dictamen establece que el titual de la SFP será ratificado por el Senado después de ser propuesto por el Poder Ejecutivo.
Además, dota a la ASF de la facultad de auditar las finanzas estatales y municipales así como de realizar revisiones al gasto en tiempo real cuando se detecten faltas graves.
Por su parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aplicará sanciones a servidores públicos que incurran en faltas administrativas.
Éste tendrá la facultad de ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la empresa cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública, a los entes públicos, federales, locales o municipales.
Además se amplían las facultades del Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción y se otorgan facultades a la Cámara de Diputados para el fortalecimiento de la fiscalización.
La propuesta pasará a la Cámara de Senadores que en el caso de aprobarla la enviará a los congresos estatales, los cuales la deben avalar por tratarse de un cambio constitucional. Si los senadores le realizan cambios será devuelta a los diputados.
En un tweet, el coordinador del grupo parlamentario del PAN y uno de sus principales promotores, Ricardo Anaya, expresó: "que nadie intente detener el Sistema Anticorrupción. Acabarían atropellados por una sociedad harta de políticos corruptos".
Según han expresado académicos y el sector empresarial, la instauración de un Sistema Nacional Anticorrupción lo suficientemente independiente y con mecanismos específicos de fiscalización del gasto y castigo a actos de corrupción es un factor vital para remontar la crisis de credibilidad por la que atraviesa el Estado mexicano.
MÁS INFORMACIÓN: Como se perfila, el Sistema Nacional Anticorrupción será insuficiente ante la crisis. Nota de Arena Pública del 10 del diciembre de 2014.
