Gobiernos y Finanzas Públicas

Aclaración patrimonial, gran ausente en discurso de EPN

28-11-2014 19:56

En su anuncio sobre el plan por la paz omitió hacer un ejercicio de auto crítica, según expertos.

La legalidad del patrimonio de la familia presidencial fue cuestionada cuando se dieron a conocer los detalles de una casa, propiedad de la primera dama, valuada en 54 millones de pesos. Agrandar
La legalidad del patrimonio de la familia presidencial fue cuestionada cuando se dieron a conocer los detalles de una casa, propiedad de la primera dama, valuada en 54 millones de pesos.

Las explicaciones sobre la polémica “Casa Blanca” fueron las grandes ausentes durante el discurso realizado este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto —en el cual anunció diez acciones para instaurar un efectivo Estado de derecho en México—, de acuerdo a académicos entrevistados en medios y por Arena Pública.

Las acusaciones sobre el conflicto de interés relacionadas a la casa de la primera dama han medrado la confianza pública y minado la percepción sobre las instituciones, según declaró el presidente de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino a Grupo Fórmula.

Por este motivo una parte de la sociedad y el gobierno transitan por un divorcio. Éste fue un punto que no debió pasar inadvertido en el discurso presidencial, sostuvo.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, consideró que mientras la sociedad mexicana ha manifestado dolor por el caso Ayotzinapa y los 43 normalistas desaparecidos, la suntuosa casa del matrimonio Peña-Rivera canalizó su indignación.

“El principal problema es el profundo déficit de confianza por parte de los ciudadanos (para con el gobierno), (…) era necesario un ejercicio de autocrítica por la Casa Blanca”, expresó refiriendose al mensaje presidencial.

En tanto el exdirectivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Alejandro Hope, coincidió también en que estuvo ausente la autocrítica sobre la incidencia de la corrupción por parte de autoridades y su ineficiencia en el caso Iguala.

Para el director del think tank Integralia, Luis Carlos Ugalde, esta omisión le restó legitimidad y liderazgo al presidente de la República para comandar una estrategia nacional de combate a la corrupción.

Lo mismo sucede con las inexistentes explicaciones sobre la decisión del gobierno federal de anular el proceso de licitación del tren rápido México-Querétaro, dijo.

A pesar de esta falta discursiva importante, Ugalde comentó que la presidencia aún tiene tiempo de hacer una mención a detalle de la Casa Blanca y el tren rápido, pero debe hacerlo en el plazo inmediato.

“Si ocurre sería una gran señal”, aseguró.

Propuestas positivas

Sobre las propuestas en concreto, los expertos entrevistados en las horas subsecuentes al anuncio presidencial coincidieron en que por separado las 10 propuestas resultan positivas.

El director adjunto del IMCO, Manuel Molano, aseguró que desde el gobierno federal “leyeron bien el escenario político. Me parece que es el tipo de acción que todos los mexicanos estábamos esperando del presidente Peña en las últimas tres semanas”.

“Ahora espero que esto pueda generar credibilidad en el público en general”, añadió.

En contraparte, Luis Carlos Ugalde rechazó la idea de que la creación de nuevas leyes resolverá la realidad nacional.

“En lo individual son buenas (las propuestas) pero hay una fantasía normativa en el pensar que con nuevas leyes se arregla en su totalidad”, criticó.

En entrevista con Denise Maerker, el director de la revista Nexos, Hector Aguilar Camín, aseguró que el anuncio realizado por el presidente representa una segunda agenda nacional de reformas. Esto obliga al gobierno a empezar a explicarla de forma masiva entre los mexicanos.

“En este momento el gobierno está separado de su sociedad, necesita volver a conectarse con ella. Esta es una buena agenda para hacerlo pero tiene que hacer campaña. No bastan estos mensajes distantes, ceremoniosos”, dijo.

Ley contra la infiltración del crimen en municipios

Respecto a una de las propuestas más mencionadas por los entrevistados, Alejandro Hope mencionó que Ley Contra Infiltración del Crimen Organizado en Autoridades Municipales —con la cual la Federación podrá asumir el control de las funciones de los gobiernos municipales con vínculos al crimen—  corre el riesgo de convertirse en una “bomba atómica”.

Éste explicó que de no instrumentarse de forma correcta, podría resultar en un mecanismo demasiado potente y extremo, dentro del marco del respeto al federalismo mexicano. Lo anterior acabaría por desalentar su uso por parte de la autoridad.

Mauricio Merino comentó al respecto que esta acción específica da cuenta de un énfasis centralizador por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sobre esto expresó sus dudas.  El problema sobre el municipio mexicano —según él— radica en que no se han puesto en marcha políticas que consideren las diferencias entre estos, al contrario, se ha homologado la visión sobre ellos y cómo se debe actuar.  

Cambios de implementación compleja

En algo los académicos coincidieron de forma unánime: los cambios no serán inmediatos y su implementación muy compleja.

“Lo que resta por ver obviamente es el detalle de las medidas, el cómo se van a implementar, por ello sí tiene que haber un liderazgo. Tiene que mandar a cambios legales a algunos de estos temas, no se trata de meter a la cárcel a Juan o a Pedro, sino que se tiene que cambiar institucionalmente”, expresó el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Cárdenas.

De hacerse bien —dijo—, los cambios implicarían para el gobierno del presidente Enrique Peña “pegarse un tiro en el pie. Claro que no les va a gustar a muchos políticos”.

 

A FONDO: Consulta el documento "10 medidas para mejorar el Estado de Derecho". Del 27 de noviembre de 2014.  

 

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