EPN propone 10 acciones para la paz

En un discurso de 37 minutos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez acciones mayores con el fin de alcanzar la paz, justicia, unidad y desarrollo de México. 

54 días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal dio a conocer que emprenderá varias medidas legislativas, de política pública y económicas con el fin de salir de la crisis de descrédito por la cual atraviesa el Estado mexicano.  

En el ámbito legislativo, el poder ejecutivo propondrá a las cámaras legislativas la Ley Contra Infiltración del Crímen Organizado en Autoridades Municipales. Con ella, la Federación podrá asumir el control de las funciones de los gobiernos muncipales con vínculos con el crímen, incluso disolverlos.  

Además, se hará obligatorio la construcción de 32 policías estatales únicas, en lugar de las 1,800 policías municipales. Los gobernadores y munícipes que se resistan a ceder el mando de las policías serán sancionados. Éstas estarán homologadas en sus procedimientos y equipo.

Así mismo, el presidente enviará tres reformas: una en materia de derechos humanos, otra en materia de acceso e impartición de justicia y otra en redefinición de competencias por parte de autoridades.

La primera, asegurará el apego a los derechos humanos en la acción de servidores públicos así como su protección. Con ella se crearán un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y otro de información genética.

La segunda, buscará hacer ue ley cotidiana —la que los ciudadanos viven en el día a día— resulte más expedita y sencilla para la cual se realizarán foros de consulta liderados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Y la tercera asignará responsabilidades claras de cada autoridad en el combate del crimen y así desenmarañar el complejo entramado constitucional en la materia, el cual genera ineficiencias en el ataque a la criminalidad.   

En cuanto políticas públicas se establcerá un teléfono único de emergencia bajo el numeral 911 y se impondrá una clave única de identidad con las bases de datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el Seguro Popular y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

También, se realizará en el corto plazo un operativo de seguridad especial de despliegue de seguridad en Tierra Caliente en Guerrero y Michoacán, así como en Jalisco, Tamaulipas.

Para el campo de la economía se generarán tres zonas económicas especiales y así sacar del atraso histórico al sur del país: una en los municipios cercanos al puerto de Lázaro Cárdenas, otro en Puerto Chiapas y otro en la zona del Istmo. En ellas, se buscarán detonar proyectos industriales mediante trato fiscal diferenciado y recursos adicionales en materia de infraestructura.

Además, también para el sur se establecerán mayores apoyos a las normales rurales, programas de becas, el impulso a carreras enfocadas en la ciencia, financiamientos a familias y empresarios, la renovación de los cafetales del sur del país y tratos fiscales especiales para Acapulco y los agricultores de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

Adicional a estos anuncios, el gobierno impulsará la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, hoy discutiéndose en San Lázaro. Sobre éste, Enrique Peña detalló que contará con un esquema de vigilancia de servidores públicos, fortalecerá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la cual podrá fiscalizar gasto en ejecución —y no cada año, como actualmente sucede— y establecerá un Tribunal de Sanciones con un fiscal anticorrupción. También se establecen mecanismos de denuncia y sanciones "ejemplares" para empresa coludidades en casos de corrupción.

Por último, se impulsará la aprobación del reglamento de la Ley General de Vícitmas, acciones específicas para consolidar el concepto de gobierno abierto mediante un sitio único donde se puedan observar el estado de las obras y el ejercicio del gasto, y se nviará al Congreso una iniciativa de ley para desindexar el salario mínimo de varios indicadores y multas.

En su discurso, el presidente reconoció que a pesar de las acciones en contra del crímen por parte de las dos últimas administraciones federales, la violencia, corrupción e impunidad siguen presentes en la realidad mexicana. Frente a esto, se asumió como responsable de dirigir las acciones de gobierno para corregir el camino.

"Los hechos de Iguala nos han dejado claro a sociedad y gobierno que aún hay mucho por hacer. Tenemos que cumplir la función esencial de un Estado: lograr la seguridad de los ciudadanos y la plenitud del Estado de derecho, (...) a raíz de la tragedia de Iguala, México está nuevamente a prueba", declaró.

Y dijo: "el camino hacia un mejor México no ha sido ni será fácil. Nos seguirá exigiendo esfuerzo y perseverancia, seguirán existiendo obstáculos y resistencias, (...) los momentos difíciles ponen a prueba la fortaleza, entereza y grandeza de las naciones. Frente a las circunstancias que nos han tocado vivir demostremos la unidad, el carácter y la determinación de los mexicanos", finalizando su discurso. 

A FONDO: Consulta el documento "10 medidas para mejorar el Estado de Derecho". Del 27 de noviembre de 2014.