En la construcción del PEF 2015 los diputados olvidan el clima de inestabilidad social

La crisis social por la que atraviesa México está quedando fuera de la discusión en la Cámara de Diputados para la conformación del Presupuesto de Egresos 2015, coincidieron expertos.

Para su construcción, los legisladores deberían realizar un “reforma profunda del gasto” que considere repensar un presupuesto más efectivo a la hora de atajar las desigualdades sociales y no uno que se apegue a criterios inerciales o de interés político.

Sobre lo anterior, urgieron acciones el director general de Integralia, Luis Carlos Ugalde, el director general del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Cárdenas,  la directora de la asociación Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales y el director general del Centro de Investigación Económica y Presupestaria (CIEP), Héctor Villarreal Paez.

De acuerdo al libro “La negociación política del presupuesto en México 1997-2012”, cada año los diputados sólo modifican entre el 6% y el 10% del Proyecto de Presupuesto, ya que el resto adquiere un carácter de “ineludible” al estar ligado a salarios, pensiones, subsidios, transferencias a las entidades y deuda pública.

Según este documento elaborado por el think tank Integralia, lo anterior se traduce en un reducido análisis presupuestario por parte de los legisladores sobre los 1,019 programas sociales de origen federal vigentes al 2014.

Entre 1997 y 2012 —continúa—  el gasto en desarrollo social se triplicó; sin embargo, más del 50% de la población en el país permanece por debajo de la línea de pobreza.

Es decir, cada año se aprueban a estos programas mayor presupuesto sin hacer un profundo análisis de su incidencia en el combate a la pobreza y la desigualdad: origen del actual descontento social.

“Si tú no mejoras la calidad del gasto en tu política social y cómo se ejerce el gasto serás ineficaz en cambiar las condiciones reales de la vida de los mexicanos, no vas a poder dar respuesta al reclamo de justicia, al acceso a la educación. No vas a poder construir un país de oportunidades”, dijo durante la presentación del libro el director general de Integralia, Luis Carlos Ugalde.

Cambios necesarios

Integralia advierte que la existencia de fondos que permiten la repartición a discreción a ciertos proyectos de infraestructura, como sucede actualmente con el Ramo 23 —involucrado en los llamados “moches”—, genera incentivos perversos para la corrupción y el soborno de los diputados debido a lo altamente redituables que resultan políticamente hablando.

Pero además, esta dinámica también les distrae de su obligación de elaborar un presupuesto en el que se haga un uso eficiente del gasto, alertó Integralia en su libro.

Así, la organización recomendó eliminar cualquier forma de etiquetación de recursos durante la negociación del presupuesto, puesto que el Poder Legislativo no debería fungir como un diseñador de programas ni como ejecutor de proyectos.

Además, antes de aprobar un presupuesto, los legisladores deberían tener la obligación de considerar las auditorías hechas al gasto público por parte del Coneval, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación y, con base en esto, condicionar el gasto a entidades de gobierno.

Apenas este octubre, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF, por sus siglas en inglés) detectó que a pesar de la gran cantidad de programas sociales en el país, la pobreza entre la población persiste.

En su reporte titulado “Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con equidad”, destaca que todavía existen dificultades para relacionar sus logros con un perfil específico de la población beneficiaria que permita identificar que efectivamente están llegando a los sectores en situaciones de mayor desventaja.

“La mejor política social y la mejor reforma fiscal es la reforma del gasto público. Mientras eso no ocurra nuestras promesas y mayores montos no van a dar un resultado y el clima de inestabilidad va a seguir existiendo”, dijo Ugalde.

Presente también en el evento, el director general del CEEY, Enrique Cárdenas, comentó que a un revisión profunda del dinero destinado a programas sociales se deben añadir consecuencias directas contra los actos de corrupción y la falta de transparencia.

“Me parece increíble que en las condiciones actuales los diputados no piensen cambiar las dinámicas que hay en la construcción del presupuesto. México no puede ser el mismo después de Ayotzinapa”, subrayó la directora de la asociación Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales.

A FONDO: Consulta La negociación política del presupuesto en México 1997-2012.