La fiscal, "la reforma que no fue"

Gerardo Gutiérrez Candiani

Es evidente que la llamada reforma hacendaria que impulsó el gobierno, zanjó la relación entre los líderes empresariales y Los Pinos. Así lo deja notar Gerardo Gutiérrez Candiani, quien preside el organismo empresarial más importante del país.

Respecto a la agenda por México que planteó el CCE previo a las elecciones presidenciales ¿cuál es el balance después de 15 meses de gobierno?

Muy positivo porque los avances que tenemos, al corte de 2013, eran de cerca de 60 por ciento. La agenda permitió tener una sola visión del empresariado mexicano acerca de hacia dónde queríamos ir de manera conjunta. Eso nos permitió aprovechar muy bien todo el proceso político, de transición y de modernización con el paquete de reformas estructurales.

La agenda por México está ahora reflejada en muchas de las propuestas, discusiones y aprobaciones de las reformas estructurales.

En esta agenda se planteó una reforma hacendaria a fondo ¿qué ha pasado con ello?

Es un tema pendiente. Estoy convencido que el país tiene que transitar por una reforma hacendaria, no creo que aguante mucho tiempo más teniendo misceláneas o reformas fiscales que no van en el sentido de que todos los mexicanos en posibilidad de contribuir, lo hagan. Una reforma mucho más equitativa, promotora de la inversión, el crecimiento y el empleo; eso es una reforma integral. El país no aguanta que a los mismos mexicanos se les siga cargando el peso, mientras que muchos millones de mexicanos en posibilidades de contribuir de manera solidaria y subsidiada con su país, no lo hagan. Sí tenemos que hacer un esfuerzo para que todos esos mexicanos puedan entrar a la formalidad y contribuir.

¿El desacuerdo del sector empresarial con la reforma hacendaria tiene que ver con que el CCE no se sumó al “pacto fiscal” que el propuso gobierno?

Sí. Al final trabajamos con la autoridad hacendaria cuando se presentó la reforma fiscal, que veo más como una reforma fiscal-recaudatoria con una transferencia real de recursos del sector privado al sector público. No fue integral como nosotros queríamos. En ese proceso tuvimos 16 meses de trabajo en los que propusimos cerca de 40 modificaciones que luego retomó tanto el Ejecutivo como el Legislativo, lo que compensó la propuesta original.

Felicitamos el “Pacto” al anunciarse que no habrá un alza en los impuestos –que en sí mismo es positivo- pero también se incluyeron algunas de nuestras propuestas como transparencia, rendición de cuentas y eficiencia del gasto público, la parte de estabilidad macroeconómica, el combate a la informalidad y algo que nos preocupa, el déficit.

Esta declaratoria del gobierno, que no fue un pacto, recogió mucho de lo que fue el trabajo y las propuestas del sector privado. Nosotros hubiéramos querido una mesa o una comisión donde se pudieran medir los impactos de la reforma fiscal…

¿Se dio el diálogo con el gobierno, previo a la firma del acuerdo?

Sí se dio pero, por los tiempos y las condiciones, el gobierno de la República hizo el anuncio y salimos a celebrar. De lo que sí estoy convencido es que se tendría que generar algún esquema donde participe el sector privado, el gobierno de la República y el Constituyente para ver de qué maneras, con qué políticas públicas, qué leyes y qué acciones tenemos que enfocar para generar mayor crecimiento y que ello se traduzca en mayores niveles de inversión y de empleo.

Como representantes empresariales, ¿encuentran espacio en el gobierno para discutir a fondo las políticas públicas?

Sí, absolutamente…

El sector privado ha sido crítico de la política económica del gobierno; lo análisis semanales del CEESP lo dicen así.

Hay una extraordinaria relación y diálogo permanente. Hemos generado instrumentos que nos permiten desarrollar visiones, propuestas y políticas públicas con el gobierno; tenemos la Comisión Intersecretarial de Combate a la Economía Ilegal, el Consejo para el Crecimiento Económico, el Consejo para la Productividad; hemos generado diálogo permanente y una excelente relación con el gobierno, tanto con el presidente de la República como con los secretarios de Estado.

Pero este año la economía va a crecer, de acuerdo a la iniciativa privada, no más de tres por ciento…

Nuestras estimaciones están ahora alrededor de 3.2 y 3.3 por ciento, un dato todavía alcanzable. Hay muchas condiciones en juego: Estados Unidos está creciendo pero no a los ritmos que esperábamos, Europa aún está parado, con crecimiento que se espera de uno por ciento; pero nuestro mercado interno y consumo todavía está muy parado.

Tenemos que buscar políticas públicas que vayan enfocadas a eso, a generar crecimiento y por eso hemos sido críticos con la reforma fiscal. Lo que hemos visto es que en esa reforma, los impactos para las empresas, para asalariados y para trabajadores han hecho que el consumo se reduzca, lo que no ayuda a generar los niveles de crecimiento que queremos, por eso hemos insistido mucho en los impactos de la reforma. Queremos apoyar al gobierno con mayores recursos pero también queremos claridad en los impactos y cómo re direccionar las visiones para alcanzar los objetivos del gobierno y de nosotros: crecimiento, inversión y empleo.

El CEESP ha dicho que el gobierno está implementando una política económica equivocada en relación a los motores del crecimiento.

Lo que pasa es que tenemos que impulsar crédito, mercado interno, formalización, empleo formal. Se trata de generar mucha política pública y que toda vaya enfocada al mismo sentido. Sí creo que vamos a tener que reconsiderar algunos de los temas como las deducciones a la inversión, que excepto la parte energética, se quitó; el aumento de impuestos a las empresas que va a pegar de manera importante; la baja en la deducción a las prestaciones sociales y laborales, que le pega directamente al trabajador y la empresa.

Entonces, ¿cómo aplaudir una política con la que esencialmente no están de acuerdo?

Hemos sido muy claros con la autoridad en los puntos en los que no estamos de acuerdo, pero hay otros temas en los que trabajamos de manera muy cercana como formalización, competitividad, productividad y todo el proceso de reformas que son fundamentales para el mediano y largo plazo, que van a transformar al país.

¿El CCE de ahora es un organismo más combativo para la defensa de sus intereses?

No puedo hablar de lo de antes pero hoy existe una absoluta convicción de que nuestra principal responsabilidad es la defensa del sector privado, sus trabajadores y un profundo compromiso con la sociedad mexicana. Somos y debemos ser un factor de equilibrio, siempre; una voz muy proactiva, equilibrada y muy exigente, esa es nuestra visión.

¿Acaso la ley de cámaras no ha quedado obsoleta o vieja respecto de los retos que hoy tiene la transformación económica del país y la participación de actores del sector empresarial?

Dentro de nuestra organización hay organismos que se rigen por ley de cámaras y otros que no, como sindicatos patronales o asociaciones. Tenemos toda una mezcla de organismos cupulares y somos muy respetuosos de cada uno, pero lo que sí hacemos es sumar los esfuerzos de todos, con especialistas trabajando en las comisiones nacionales, enriqueciendo propuestas y una agenda muy clara de hacia dónde vamos en el sentido del proyecto de nación que queremos construir, pero también de cómo hacerlo. Hoy tenemos acuerdos con más de 100 grupos de cabildeo, donde todos están alineados con la agenda del sector privado en los temas prioritarios; sabemos a dónde vamos y estamos tratando de incidir. Lo hacemos siempre con una visión no solo empresarial, sino de lo que México y los mexicanos necesitan, lo que ha permitido la apertura de muchos espacios al ser la visión del sector privado.

¿Está satisfecho con los resultados de la ley de competencia económica?

Sí. La minuta que salió de la Cámara de Diputados es… todo es perfectible. Seguramente los senadores podrán mejorarla, pero la diferencia entre cómo llegó originalmente y cómo se aprobó resulta en una reforma mucho más balanceada, con la inclusión de pesos y contrapesos del órgano regulador en el debido proceso y, sobre todo, los medios de defensa de los agentes económicos sin quitarle dientes a Cofece, tomando las mejores prácticas internacionales…

¿No se obtuvo un regulador poco fuerte para hacer cumplir la ley?

No, al revés. Nosotros nunca pusimos en la mesa que se le quitaran facultades a Cofece. Lo que siempre pedimos fue obtener los mecanismos de defensa, como en cualquier país del mundo y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, que es lo correspondiente al debido proceso. Lo más importante de una ley de competencia es que nos garantizara la certidumbre jurídica para, realmente, poder alcanzar el objetivo principal que eran mayores inversiones, la multiplicación de las empresas y mayor competencia.

(Derechos reservados, Arena Pública 2014)