Delegados vs. gobernadores

La figura de los delegados estatales, propuesta por Andrés Manuel López Obrador en julio y concretada con 32 nombramientos en días recientes, ha producido una ola de críticas.

Damián Zepeda, presidente del PAN, salió rápidamente a condenar la idea—que permite a aliados de AMLO a canalizar gran parte de los recursos públicos destinados a los estados—como un atentado contra el federalismo.

Ricardo Raphael en su programa Espiral preguntó si el nombramiento de perdedores de contiendas gubernamentales para vigilar a los que les derrotaron—que será el caso en siete de los estados (entre ellos Estado de México, Jalisco y Yucatán)—no es una manera de “oponerle al cacique con otro cacique”.

Voces en medios sociales han calificado la propuesta como un retorno a los tiempos de Porfirio Díaz, con sus “jefes políticos”; o un plan ingenuo, ya que AMLO supone que los delegados serán tan honestos como santos; o la receta para una nueva especie de fraude.

Todas esas críticas reflejan preocupaciones legítimas.

Algunos de estos “coordinadores estatales”, o “superdelegados”, o—para usar su título formal—Delegados Generales de Programas Integrales de Desarrollo sin duda van a experimentar la tentación de abusar de su poder, o para futurismo político o para llenarse los bolsillos.

Pero una enfermedad fuerte requiere de medicina fuerte, y el paciente—la federación—está grave. No, no basta pensar en Javier Duarte; el New York Times mencionó hace unos meses que hay diecisiete (¡17!) exgobernadores bajo investigación por una u otra forma de corrupción financiera. 

En Los gobernadores. Caciques del pasado y del presente, libro que tuve el honor de coescribir con doce experimentados académicos e historiadores, se muestra que los estados de la República han padecido de un caciquismo horripilante durante las últimas dos décadas.

Esto ha sido evidenciado (si me permiten citar de mi propia Introducción) en “abusos de derechos civiles, violencia represora, gasto excesivo, falta de transparencia, cooptación de la prensa, desvío de fondos, nepotismo, machismo desenfrenado [e] impunidad”, lo que recuerda la conducta de caudillos posrevolucionarios como Gonzalo N. Santos y Maximino Ávila Camacho.

Lo arraigado del problema refleja una tendencia tanto cultural como institucional. El cambio cultural—animar a los políticos a dejar de pensar que o Santos o Carlos Hank son ejemplos a seguir—requiere tiempo, y será tema para otra columna.

El cambio institucional, como el que propone AMLO con estos superdelegados, es más inmediato, pero no necesariamente más fácil. Allí está el ejemplo de Ernesto Zedillo, que con el afán admirable de descentralizar el gobierno federal liberalizó el suministro de fondos del erario federal a los estados, y de manera involuntaria propició el robo en una escala sin precedentes.

Por lo tanto, los delegados tienen que ser sujetos a los más cuidadosos procesos de transparencia y rendición de cuentas. Sus acciones deben ser escudriñados por la prensa nacional y local (instituciones que requieren su propia transformación, de nuevo un tema para otra columna) y sus decisiones recopiladas en informes regulares y públicos.

Algunos ven en la propuesta de AMLO los rasgos incipientes de una dictadura, una manera de llegar a controlar las 27 entidades en donde Morena todavía no ha capturado la gubernatura—o 26, si resulta victorioso después de todo en Puebla—.

Pero cabe enfatizar que, en nuestro libro, el perfil de AMLO como jefe de gobierno del DF (escrito con gran ecuanimidad por Guillermo Osorno) demuestra que se portó mucho más democráticamente de lo que sus críticos alegaron.

Por lo pronto, los coordinadores estatales merecen el beneficio de la duda, debido al mayor mal que tiene que ser vencido: la plaga del desvío de fondos.