Suprema Corte se pronuncia por competencia justa en energía y da victoria parcial a empresas de energía limpia
La llamada “Ley Nahle”, polémica por modificar las condiciones en las que las empresas de energía renovable podrían participar en el mercado de energía eléctrica, fue invalidada parcialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN).
Con la decisión del máximo órgano judicial, se invalidaron las disposiciones 7.1, 8.4 y 10.2 que daban facultades al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para aprobar o rechazar las solicitudes de adhesión a la Red Nacional de Transmisores (RNT), el sistema de redes eléctricas que se utilizan para llevar electricidad a las redes de distribución y a los consumidores del público en general.
Con la anulación de las anteriores, las empresas de energía limpia obtuvieron una victoria, pues no podrán ser bloqueadas por la Secretaría de Energía para ingresar al Mercado Mayorista Eléctrico bajo el argumento de no cumplir con la confiabilidad ni continuidad exigidas por la “Ley”, debido a las características de intermitencia de la generación eólica o solar de energía eléctrica. Sin embargo, las disposiciones 1.2.4, 3.8.5, 4.17, 8.10 y 10.8 si fueron validadas por la Corte.
Si bien no podrán ser bloqueadas, la disposición 8.10 exigirá a las energías limpias intermitentes “cuyas características provoquen un incremento de los requisitos de Servicios Conexos para garantizar la Confiabilidad en la operación del SEN” cubrir el costo asociado al incremento.
La controversia de la “Ley Nahle” sobre el aumento de atribuciones de la Cenace surge de los deberes del organismo, que establecen que la regulación del Sistema Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico Mayorista será imparcial.
Según la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encargada de velar por la existencia de condiciones justas para la competencia en el mercado, el Acuerdo vulnera la imparcialidad con la que debería actuar el Cenace al establecer reglas operativas y de mercado que benefician a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los privados.
El amparo presentado por la Cofece buscó invalidar el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, continuidad, seguridad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, nombre formal de la “Ley”, por vulnerar los artículos 16, 28 y 133 constitucionales que establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.
El argumento de la Cofece, publicado en un comunicado en junio pasado, para presentar el amparo fue que el Acuerdo afectaría “de manera grave la estructura económica del sector de la electricidad, ya que elimina la posibilidad de que éste opere en condiciones de competencia y eficiencia”.
Otras disposiciones que la SCJN invalidó fueron las 3.8.4, 5.4, 5.23, 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15 referentes a la competencia del Cenace para evaluar la viabilidad de las solicitudes de estudios de Interconexión.
