Energía, piedra en el zapato del comercio México-Estados Unidos
El mayor reto para el desarrollo de una estrategia de comercio exterior positiva entre México y Estados Unidos se llama energía.
La semana pasada se cumplió un año desde que entró en vigor el nuevo tratado comercial entre las dos naciones y su otra aliada norteamericana, Canadá. Durante la reunión de evaluación del acuerdo, las tres representantes (Tatiana Clouthier, Mary Ng y Katherine Tai) reconocieron el valor del T-MEC y su deseo para seguir cooperando en su desarrollo.
En el fondo, sin embargo, salieron a relucir varios conflictos internos. Si bien se plantearon varios temas, uno se destacó por encima del resto. En una declaración a medios, retomada por Reuters, la representante estadounidense Tai aseguró que están “vigilando muy de cerca las políticas energéticas que están siendo discutidas y planteadas por la administración de López Obrador”. Su contraparte canadiense, Ng, reiteró que hay preocupación constante “sobre el clima de inversión en México, especialmente en los sectores de energía y minería”.
La preocupación parece surgir directamente de una serie de ajustes a las reglas generales de comercio exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en junio pasado. Entre los cambios más notables, está que ahora solo las paraestatales mexicanas tienen permiso para despachar hidrocarburos, petrolíferos, minerales y ciertos precursores químicos en Lugares Distintos al Autorizado (LDA).
La intención expresa de esta reforma es reducir la incidencia de hechos delictivos. Pero varios agentes la han denunciado como un golpe a las empresas privadas del sector energía.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció terminantemente en contra de este cambio, defendiendo el uso de LDAs como herramientas útiles al sector privado para dinamizar el comercio exterior y aumentar la capacidad de la economía mexicana.
Por su lado, Alajandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, dijo en un webinar organizado por la Organización Nacional de Exportadores de Petróleo (Onexpo), que la medida podría llevar a un mayor precio de los combustibles en su venta al público y un mayor control sobre las empresas dominantes del mercado.
Más importante aún, no solo agentes nacionales expresaron firmemente su molestia. También la American Chamber México emitió un posicionamiento sobre la reforma, apuntando que los LDAs son el medio de transporte más competitivo solo después de los ductos.
Además, reafirmó que el cambio pone en riesgo la “continuidad y ejecución de planes de negocio y proyectos de inversión” y se “contrapone a los principios fundamentales de tratados internacionales de libre comercio, entre ellos el T-MEC”.
Entre las preocupaciones expresas de los representantes de gobierno y las vocales quejas del sector privado (nacional y extranjero), es claro que las fricciones entre México y Estados Unidos en materia de comercio exterior están en el sector energía. Y no es ni un tema nuevo, ni uno que parezca tener pronta resolución.
Las raíces
Desde un punto de vista ideológico, siempre han existido incompatibilidades claras entre la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Joe Biden. Por un lado, el mandatario americano tiene un extenso plan para transformar la infraestructura de energía en Estados Unidos.
A la vez, aliados y funcionarios cercanos a AMLO, como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han rechazado en la conferencia matutina las presuntas bondades de esquemas de energía como la solar y la eólica; denunciando su presunta intermitencia.
Pero también tiene mucho que ver con la política federal para el fortalecimiento tanto de CFE como de Petróleos Mexicanos (Pemex) siguiendo su plan nacionalista. El mismo presidente ha admitido (y demostrado) públicamente que el objetivo de su administración, en materia de energía, es favorecer a estas paraestatales.
En la conferencia matutina del 15 de junio, López Obrador reafirmó que desea una reforma constitucional que, entre otras cosas, “fortalezca a la CFE. […]No es para que las empresas particulares, pero vamos a poner orden para que el 54% de mercado corresponda a la Comisión y el 46 por ciento a privados”.
Para el caso de Pemex, se publicó en el DOF una reforma a la Ley de Hidrocarburos en mayo pasado que habilitaría la suspensión y revocación de permisos para transporte, almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos. Si bien un juez suspendió su aplicación, refleja la intención de la actual administración de favorecer a la paraestatal.
Las quejas de EU en energía
Desde hace casi un año, funcionarios, representantes públicos y privados, así como empresarios y organizaciones particulares se han unido para llamar la atención hacia la problemática, sin mucho éxito.
Uno de los primeros reclamos tomó la forma de una carta bipartidista firmada por el congresista demócrata Vicente González, el senador republicano John Coryn y 40 de sus colegas en ambas cámaras del Capitolio. El documento, enviado en octubre pasado al entonces presidente Donald Trump, le pedían actuar directamente para evitar una violación “al espíritu, y tal vez las estipulaciones, del T-MEC”.
Como la política de México no tuvo cambio alguno, en los últimos días de la presidencia de Trump, Mike Pompeo, Dan Brouillette y Wilbur Ross, los secretarios de Estado, Energía y Comercio de Estados Unidos, enviaron una carta a Marcelo Ebrard, Rocío Nahle y Tatiana Clouthier, sus contrapartes de Relaciones Exteriores, Energía y Economía.
Entonces también se expresó preocupación ante la política de favorecimiento de Pemex y CFE por encima de las empresas privadas de Estados Unidos, también en potencial detrimento del Tratado. Aunque no acusaron directamente al Gobierno Federal de discriminar a compañías de energía extranjeras, sí insistieron que “México cumpla con sus obligaciones en el marco del T-MEC”.
Menos de un mes después, Neil Harrington, vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, emitió una declaración sobre los cambios planeados al panorama eléctrico mexicano. Aseguró que su implementación “reinstauraría un monopolio en la industria eléctrica, y contravendría los compromisos de México bajo el T-MEC”.
La alarma más reciente, del American Petroleum Institute (API), fue emitida en mayo y se dirigió directamente a Anthony Blinken, Gina Raimondo y Jennifer Granholm, los secretarios de Biden en Estado, comercio y Energía; así como a la representante Tai.
En esa carta, denunció no solo que continuaban las estrategias discriminatorias del gobierno de AMLO contra las empresas extranjeras del sector energía. Incluso aseveró que la situación había empeorado frente a junio del 2020, cuando envió una misiva similar a sus predecesores. Aquí, también, se acusó a México de estar violando los compromisos adquiridos bajo el T-MEC.
¿Resolución posible?
Es difícil saber si el comercio exterior entre México y Estados Unidos está por llegar a un punto de quiebre, el menos en el ecosistema de energía. Por un lado, la estrategia de agentes públicos y privados estadounidenses por ahora ha sido diplomática, solo animando a las autoridades mexicanas a rectificar el camino. Por otro lado, tarde o temprano se podrían tomar medidas más extremas.
Y el megayacimiento Zama podría ser un punto de quiebre. Según documentos recuperados por Reuters, desde el 2 de julio pasado que la secretaria de Energía concedió a Pemex la operación de la zona, por encima del consorcio liderado por Talos Energy.
Hasta ahora, la respuesta de Estados Unidos a la decisión ha sido muy diplomática. En una declaración a medios, retomada por La Jornada, la representante Tai se negó a calificar la asignación de Zama como una violación al T-MEC, pero prometió reunirse con Nahle para tratar éste y otros temas.
Pero sí se podría estar sopesando una “opción nuclear”. En una entrevista con Milenio, Miriam Grunstein, socia senior de Brilliant Energy Consulting, afirmó que un litigio de unificación entre Pemex y Talos Energy, que determine qué tanto de Zama controla cada uno, podría llevar a una negociación de 10 años o más.
Es una solución que ya ha sido propuesta antes, y que significaría la salida más fácil para el gobierno de López Obrador, pues podría dejarle aplicar todos los cambios que quisiera en materia de energía y cualquier conflicto de comercio exterior lo tendría que resolver su sucesor.
Así al menos lo planteó David Maravilla, Lead Consultant en Horzon Client Access, en una entrevista con Energía Hoy: “Un gran riesgo es que AMLO o su administración rechacen el tratado en la parte de energía, las empresas se vayan a arbitraje y el juicio pase a la siguiente administración. Los juicios tardan de tres a cinco años y ya no le tocaría a AMLO. El próximo presidente tendrá que pagar estas sumas de dinero”.
