Aún con reforma a Ley Eléctrica se alcanzarían metas en renovables
El Gobierno podría presumir haber alcanzado las metas planteadas en materia de renovables, aún con su enfoque a combustibles fósiles.
Con la reciente propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la actual administración favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgándole prioridad frente a agentes privados en la distribución de energía.
Lo anterior, combinado con una política que favorece también a Petróleos Mexicanos (Pemex), una “autosuficiencia energética” y desprecia el rol de las energías renovables por considerarlas “intermitentes”, podría sugerir que estas decisiones pondrían en jaque la capacidad del país para cumplir sus metas de transición energética.
Sin embargo, nuevas estimaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en conjunto con el Instituto Europeo de Economía y Medio Ambiente (EIEE) sugieren que el Gobierno federal sería capaz de cumplir, rozando, con las proporciones de fuentes renovables en la composición de su industria eléctrica para el largo plazo.
Lo anterior tendría un costo significativo, con una contribución mucho más alta de emisiones de carbono, la salida de capital privado y una industria de renovables menos desarrollada de lo que podría haber sido sin la reforma.
De cualquier forma, estos resultados podrían ser suficientes para que la actual administración pueda, en el futuro, justificar sus decisiones y habilitar a sus sucesores a continuar su política de favorecimiento a paraestatales. Esto, al mismo que técnicamente se cumplen con los compromisos (mínimos) de descarbonización.
Panzazo en renovables
La investigación liderada por el CIDE y el EIEE realizó tres modelos teóricos para la industria eléctrica en México a raíz de la reforma propuesta a la LIE.
El primer escenario contempla un futuro donde los cambios no se logran implementar. Los otros dos modelan el panorama energético mexicano favoreciendo a CFE.
En lo que se refiere a la composición de la oferta energética del país, la diferencia entre ambas posibilidades es notable. Para 2050, los investigadores estiman que México podría generar alrededor del 72% de su energía con fuentes renovables, principalmente solar, eólica e hídrica.
Con la reforma, sin embargo, este porcentaje se reduce a aproximadamente 52% en los dos escenarios donde se favorece a CFE. Lo anterior, porque se eliminaría casi por completo la inversión en energía eólica y se aumentaría sustancialmente el uso de carbón y/o combustóleo en instalaciones térmicas.
Pero ese 52% sería suficiente para cumplir con las políticas de descarbonización nacional planteadas en la actual administración. En la revisión de febrero del 2020 a la Ley de Transición Energética, el Gobierno Federal definió que, para 2050 se ha comprometido a generar el 50% de su energía eléctrica total con renovables. Es decir, pasa de panzazo, pero pasa.
Las estimaciones del CIDE y el EIEE también tienen otros detalles que apuntan a un futuro donde el actual Gobierno Federal podría auto-felicitarse por cumplir sus logros expresos. En los escenarios donde la reforma a la LIE se implementa, la capacidad eléctrica sería de entre 527 y 530 GW para 2050; entre 12% y 13% por arriba de los 467 GW estimados en el modelo contrario.
Consistentemente, en especial en lo que se refiere a las paraestatales Pemex y CFE, el presidente López Obrador ha señalado que desea garantizar la soberanía energética de México. Una mayor capacidad energética instalada a mediados del siglo podría ser usada como una muestra de haber cumplido esa meta.
El costo de pasar rozando
Aunque parece que el gobierno de López Obrador podría cantar victoria en el cumplimiento de las metas en renovables sin poner en riesgo su proyecto político, tendría que enfrentar otros problemas.
La investigación señala que las emisiones de la industria energética podrían más que duplicarse entre el escenario sin reforma a la LIE y los otros modelos; a raíz del mayor uso de combustibles fósiles. Esto podría poner al Gobierno federal (tanto el actual como sus posibles sucesores) en directo conflicto con otros países.
Tanto Estados Unidos como Europa tienen planes para gravar productos de otros países con una huella de carbono excesiva. Además, desde 2019 agentes como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han propuesto usar la ley criminal internacional para perseguir “delitos climáticos” tanto de funcionarios públicos como de corporaciones.
Y justamente en lo que respecta a las empresas, la implementación de la reforma a la LIE crearía un mercado sin incentivos para los agentes privados. Para 2050, la investigación del CIDE/EIEE estima que CFE tendría el 99% del mercado, dejando a compañías sin incentivos para invertir y mejorar sus plantas.
Muestras de este desenlace ya se están materializando. En entrevista con NGI, agentes como Balam Energy han denunciado que hay un estado de incertidumbre entre varios jugadores del sector energético. Tal vez no saldrán del mercado pronto, pero sí podrían reducir su inversión dentro del país en el corto y mediano plazo.
