Periodicazos

No es necesario viajar muy lejos en el tiempo, ni hurgar en archivos de hemeroteca para hallar historias de litigios donde no sale bien librada la cuestión ética de los medios, pues generalmente se rebasan sus límites y queda muy muy atrás la imparcialidad. Al final, la función del medio se desvirtúa y todo acaba en un periodicazo.

Lo mejor del periodismo es y ha sido la investigación fundada, la que sigue tantas pistas como sea posible y la que entrega la mayor cantidad de perspectivas que permitan probar hipótesis sobre la rectitud o el desvío del ejercicio del poder público o económico. Si un poderoso se brinca la ley, ahí están los medios para seguir el impacto de sus agravios. A los jueces les toca aplicar las sanciones que ameriten.

Para todo fin, el marco de referencia de la investigación periodística sobre litigios no puede ser otro que el de la ley. Y como este no es un ensayo sobre la preponderancia de la justicia sobre la ley, cosa que machaca el régimen morenista, veamos lo que no va a cambiar aún a pesar de que se despidan a casi todos los funcionarios judiciales tras las elecciones de junio de 2025 y de 2027.

¿Por qué es importante?

La cuestión ética para la prensa y su relación con la información judicial es importante porque la aplicación de la ley, interpretada por los jueces, es la guía de los contenidos litigiosos donde deben quedar fuera las manos del poder público y económico. En el mejor de los casos, la investigación periodística muestra cómo la aplicación imparcial de la ley resuelve las diferencias, sanciona los delitos y permite el sano desarrollo democrático.

¿Pero qué pasa cuando los medios muestran la cara de un caso solo a conveniencia de una de las partes? Además de dejar mal parada la técnica periodística, la cobertura bajo consigna enloda el proceso de aplicación de la ley y abre paso a la confusión y la manipulación. La expresión más socorrida para piezas informativas que llaman a sospecha es la de un periodicazo.

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Dicho lo anterior, el periodismo tiene mucho por hacer mirándose al espejo antes de que las cosas se descompongan todavía más con la precipitada y desordenada elección de nuevos funcionarios cuyas campañas están en marcha. De hecho, puede darse por descontado que se tirará por la borde decenas de años de experiencia de carreras judiciales desde las primeras elecciones de 881 jueces, magistrados y ministros el domingo 1 de junio.

El que paga pega

A través de reportajes, noticias del día, columnas, inserciones pagadas y otros contenidos disfrazados de noticias, la prensa es pródiga al mostrar estampas de pleitos y litigios que se desarrollan en tribunales y donde se muestran las grietas de las que se debe ocupar la prensa independientemente del derrotero que siga la transformación del sistema judicial.

Tan cerca como el viernes pasado, los diarios El Financiero y Reforma publicaron dos botones de muestra que refuerzan esta reflexión.

En el primer caso, la edición impresa del diario especializado publica en su portada una fotografía del juez encargado del Juzgado 35 de lo Civil de la CDMX, Roberto Yáñez Quiroz, quien lleva el caso de un pleito entre Fox Sports México (gestionada por la empresa propietaria de El Financiero) y Fox Corporation-Tubi. La foto es un envío a la nota en la página 41.

Cual sea que fuere el motivo de la disputa, el editor de la nota sin firma de autor omite señalar la relación de interés que existe entre el grupo propiedad del empresario Manuel Arroyo y la empresa estadounidense. Elemental. Eso sí, sin fuentes identificadas, acusa al letrado de otorgar “medidas cautelares prejudiciales de dudosa legalidad”. Ya ni hablar de la columna Sobremesa (página 43), cuyo título indica que a Yáñez Quiroz “se le vincula con una presunta red de jueces corruptos en la CDMX”.

La otra joya es una inserción pagada de media página (5) de la primera sección del viernes pasado en Reforma. El espacio es dominado con una foto de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enmarcada entre grandes signos de interrogación. El editor comercial (si existiera esa figura) aceptó el pago de esa inserción aunque estuviera de por medio un duro cuestionamiento a la más alta institución del Poder Judicial y una suerte de promoción de la reforma judicial. El que paga pega.

Y en este caso la que paga es una organización de nombre kilométrico: Sindicato Nacional de Industria Amado Nervo, de Trabajadores y Trabajadoras de la Química y la Transportación, Conducción Mediante Sistemas de Distribución, de Productos Químicos y Actividades Generales, Similares y Conexos de la República Mexicana. Su acrónimo sería también muy extenso. 

Un llamativo título del desplegado reza textualmente: La Reforma Judicial Hoy: ¿Quién Imparte Justicia en este País, la SCJN o el Virrey del Poder Judicial federal Cossío? El cuerpo del desplegado ataca al ex ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien se refieren como “conocido como el titiritero por su red de prestanombres y lacayos a su servicio”.

El revuelto lenguaje de la inserción sugiere un pleito de ese sindicato contra dos empresas, Ciftrofrut y Baeza, el despacho de abogados Hogan Lovells, además de 43 funcionarios judiciales, jueces y magistrados. No enlista a 37 denunciados “porque no valen la pena pagar el espacio para exponer sus nombres”. Encomiable su sentido del ahorro.

Investigados, comentados, o incluso pagados, los contenidos periodísticos que muestran la práctica judicial en México ocupan de criterios de imparcialidad explícita que contribuyan a reforzar su institucionalidad, y ahora más ante la incierta conformación del nuevo Poder Judicial. Es un deseo, un exhorto.

Finalmente, por lo visto y publicado en los meses recientes, será muy interesante analizar el rol que jugarán los medios en esta carrera rumbo al 1 de junio.