La toma del Infonavit

Las reformas a la Ley del Infonavit ponen en las manos de la presidenta Claudia Sheinbaum los recursos, operación y destino del Instituto, haciendo a un lado a trabajadores, empresarios e, incluso, la supervisión de la CNBV.

La Iniciativa de Sheinbaum ya aprobada por el Senado, y que previsiblemente aprobarán mañana los diputados de Morena, quita todos los obstáculos para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores sea manejado exclusivamente por el Ejecutivo Federal, sin ningún contrapeso como ocurre hasta ahora, por lo que se espera que el control de sus órganos de gobierno se den en 30 días como lo establecen los transitorios de la Iniciativa.

¿Qué es lo que cambia sustancialmente en el Infonavit? Lo más importante es que el Gobierno Federal toma el Instituto. La presidenta Sheinbaum nombrará directamente al director general (ahora lo hace la Asamblea General a propuesta del Ejecutivo) y éste actuará bajo sus órdenes, quien presidirá la Asamblea General (actualmente no puede ser miembro) y también presidirá con voz y voto el Consejo de Administración (en la ley actual no puede ser miembro del Consejo, ni de la Comisión de Vigilancia).

Además, el Gobierno Federal tendrá votos suficientes (tres de cinco) para decidir en los Comités de Auditoría y de Transparencia, así como en la Comisión de Vigilancia. De tal manera que los representantes de los trabajadores y de los empresarios pasan a ser solo espectadores.

Y, por si no fuera poco, el todopoderoso director general también tendrá derecho de veto sobre las resoluciones que no sean adoptadas por unanimidad en el Consejo de Administración o en la Comisión de Vigilancia. Asimismo, el director general emitirá el Estatuto Orgánico del Instituto y definirá su estructura operativa. En una palabra, la presidenta -a través del director general- controlará completamente la operación del Instituto y sus decisiones. Sin más.

Políticas públicas

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Pero hay otro asunto más allá del gobierno del Infonavit. Y tiene que ver con la vigilancia en el uso de los recursos que administra y que al 30 de septiembre sumaron 2.4 billones de pesos, de los que 2.04 billones son recursos de los trabajadores. No se olvide que el Infonavit es la “afore” más grande del país, con más de 30% del total de los recursos del sistema de pensiones y casi el doble de los recursos que administra la Afore Siglo XXI, la mayor afore privada.

Pues bien. Las reformas elimina la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre las decisiones financieras del Infonavit. Como sabemos, la CNBV es un órgano desconcentrado del Gobierno en cuya Junta participa el Banco de México, además de otras Comisiones. Con las reformas ya no será así. Será Hacienda, es decir el mismo Gobierno Federal, quien autorice los créditos que solicite el Infonavit. La razón que se aduce es que “le impone restricciones” a un Instituto que amplía su objeto social.

En los hechos, el Gobierno de Sheinbaum hace a un lado a trabajadores y empresarios para asumir el control total del Infonavit, sus decisiones y el futuro de su patrimonio. Ciertamente, las reformas a la ley no plantean un uso distinto de los recursos de los trabajadores que no sea el de la vivienda. Pero los riesgos están en una mala administración de esos recursos sin contrapesos, ni supervisión, ni vigilancia que los detenga. Y esos riesgos ya los vimos materializarse en un sinfín de casos en el sector público.

Colofón

¿Dirán algo las calificadoras sobre las reformas a la ley de Infonavit y los nuevos riesgos sobre los billonarios activos que gestionan? 

Mensajes constructivos al correo: samuel@arenapublica.com

*Esta columna se publica simultáneamente en diversos diarios del país de Organización Editorial Mexicana, OEM.