De vehículos eléctricos, refinerías y su economía política

Fue noticia durante la semana pasada en la industria automotriz: Honda y Nissan firmaron una alianza de colaboración para desarrollar vehículos eléctricos. Quizá fuera del sector no llamó la atención, sólo reacciones puntuales: dos históricos rivales juntos, son empresas importantísimas que aún así no tienen la escala y los recursos de Toyota. 

En mi opinión el asunto lleva bastante fondo. Primero es una rectificación, la apuesta japonesa por híbridos va quedando rezagada. Segundo, el cambio viene bastante más rápido de lo esperado. Ahorita las grandes marcas japonesas figuran poco en la producción de eléctricos. Tesla inició la revolución, la industria automotriz china la disparó en velocidad. Dada la escala del mercado chino en consumo y producción, alcanzarlos puede ser un esfuerzo mayúsculo. 

México no sólo está inmerso en los reacomodos. Por varias razones es un jugador a considerarse: nuestra capacidad de manufactura, tratados comerciales muy amplios, vecino de Estados Unidos y un mercado interno nada despreciable. Uno de los elementos del nuevo tablero es que en los últimos dos años han llegado un montón de marcas chinas a nuestro país. Si bien esencialmente se dedican a comercializar, varias han mostrado interés en desarrollar producción. Ya existe experiencia china con fábricas de autopartes en México. 

Los autos chinos que han llegado tienen una varianza enorme respecto a precios y tecnología. Algunos son bastante sofisticados. De las grandes sorpresas es que ya ofrecen en nuestro país tres subcompactos eléctricos (no híbridos) para uso en las ciudades, a precios que los acercan bastante a los convencionales. Incluso por los créditos que ofrecen, mantenimientos baratos y ahorros en electricidad versus gasolina, la brecha se vuelve muy pequeña.    

Si bien el mercado trae su propia dinámica, el sector público mexicano parece en una realidad totalmente diferente. Los esfuerzos federales por construir o fomentar estaciones públicas de recarga son casi nulos. Hay pequeños esfuerzos que corresponden más bien a gobiernos locales (tampoco con mucho rumbo). Ahora, lo más grave del caso no son las omisiones, se trata de una administración que apostó a refinar hidrocarburos como el principal eje de su proyecto energético. 

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No es menos que vergonzoso que el proyecto insignia del sexenio consista en una refinería gigante que a la fecha no funciona. Creo que tampoco es casualidad que la refinería “Dos Bocas” está cada vez menos presente en los discursos públicos. La justificación que suele esgrimirse para su construcción es la soberanía energética, que México pudiera quedar aislado de la compra de gasolinas (o se las vendieran muy caras). Es fecha que no he logrado encontrar corridas financieras básicas del proyecto. 

Creo que un par de refinerías pequeñas ultra eficientes (del tipo modular) en el sureste mexicano pudieron hacer sentido. Una refinería gigante, sin planeación, regalo del sistema fiscal mexicano a Pemex, suena más a capricho político que a una medida de política pública. ¿No tendríamos que exigir criterios técnicos mínimos en proyectos de tal magnitud? ¿De verdad es conveniente eliminar los organismos autónomos? 

Una parte grande del sistema de refinación mexicano es obsoleto. Además, dos integrantes (Cadereyta y Tula) están muy cerca de áreas metropolitanas. Se ha documentado en reiteradas ocasiones los niveles de contaminación que provocan. En un desplante lamentable, desde la cuenta del gobierno federal se estuvo comunicando la semana pasada que había otras industrias en Monterrey con mayores emisiones de CO2 que la refinería de Cadereyta. Se omitió cualquier mención a las emisiones de azufre y de partículas. De nuevo, defender lo político a cualquier precio. 

En las finanzas públicas la refinación es una verdadera tragedia. Entre las pérdidas esperadas durante el sexenio de todo el sistema de refinación y lo que se ha gastado en mantenimiento de las refinerías nos acercamos a 3% del PIB, alrededor de un billón de pesos. El costo de oportunidad (lo que se pudo haber realizado con dichos recursos) en términos de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, etcétera, demanda una buena explicación. ¿De verdad no hay alternativas (contratos) para garantizar la oferta de combustibles de forma más barata?

Retomo la idea inicial: la transición a vehículos eléctricos puede ocurrir rápidamente. No sabemos cuándo México vivirá su demanda pico en combustibles¹. Sin embargo, hay cosas que con la información disponible se ven probables. Una de ellas es que después de 2040 ya no se vendan coches en México que usen motores de combustión interna (ni de manera pura o híbrida)².

De cumplirse lo anterior, hay una implicación directa. Es muy probable que en 2050 el consumo en México de combustibles (gasolinas y diesel) sea considerablemente más bajo que el actual. Por ende, deberíamos estar pensando en garantizar la oferta de combustibles por los siguientes veinticinco años. Por supuesto que el concepto de soberanía energética (riesgos) debe ser parte del análisis. También lo debe ser la salud, el medio ambiente y los recursos financieros requeridos. 

Nos ha salido muy caro en vidas, recursos naturales y finanzas públicas el negar una transición energética aceleradísima. Esperemos que las campañas políticas que ahora vive el país abran la puerta a pronunciamientos claros al respecto.   

[1] Recomiendo mucho lo que Eduardo Prud’homme (@eprudhomme) y Erick Sánchez (@erickussalas) han escrito al respecto.

[2] Obviamente, se trata de una conjetura sujeta a incertidumbre. Tomo como referencia los anuncios de varias marcas que se han pronunciado al respecto.