La hora fiscal de los estados

Quizá me debí referir a las entidades federativas, también debemos incluir a la Ciudad de México, y no solo a los estados.

¿Por qué no hablar de los gobiernos subnacionales en su conjunto? Creo que el asunto fiscal en los municipios es un problema diferente. Son muchos, casi 2,500, y los hay en situaciones variadísimas: grandes y pequeños, formando parte de áreas metropolitanas, algunos aislados, otros despoblados. La cuestión municipal, por más incómoda, la debemos reconocer, será en otra ocasión.

Tampoco quiero dedicarle mucho espacio a la coordinación fiscal. La reforma de 2007, más que económica, fue eminentemente política. Le metieron un golazo al PAN, y alguien de su entorno, se aprovechó de la inocencia económica del Presidente Calderón¹. Algunos gobernadores han amagado con dejar el Pacto de Coordinación Fiscal, por la naturaleza de los impuestos en cuestión y la misma naturaleza de esa ley, dudo que sea factible. Por otro lado, esperar una renegociación legislativa, donde la mayoría de los estados perderían, es ingenuo.     

Hay tres asuntos en mi opinión relevantes a la discusión. Primero, cuáles son los instrumentos que tienen los estados para ampliar su espacio fiscal. Segundo, de qué tamaño o potencial son los recursos en cuestión. Tercero, no se trata de aumentar la recaudación como un fin, existen muchas necesidades de gasto público, menciono algunas que me parecen apremiantes. Refiero a las personas interesadas en profundizar en finanzas públicas locales al documento que el verano publicó el CIEP.²

Actualmente los ingresos propios de las entidades federativas no llegan a 1% del PIB. Con una combinación adecuada de modificaciones a los prediales, a la tenencia y al impuesto sobre la nómina, se podrían recaudar unos 350 mil millones de pesos adicionales, para acercarnos en ingresos propios de las entidades federativas a 2% del PIB, incluso llegar en un mediano plazo al 2.5% del PIB no es disparatado.

Políticas públicas

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Comienzo con el predial, un impuesto sustancialmente poco aprovechado en México, con respecto a otros países latinoamericanos, cuando se hace la comparación a nivel OCDE es peor. Si bien es un impuesto de naturaleza municipal, se puede tomar la experiencia de la Ciudad de México en 2003 o más reciente de Guanajuato, centralizar su cobranza y participar a los municipios o alcaldías. De la mano de INEGI se puede actualizar los catastros del país. Bien diseñado es un impuesto progresivo y poco distorsionante. En la medida que su recaudación se ligue a servicios locales, puede reducirse de manera importante la resistencia a pagarlo. En un periodo relativamente corto, menor a cinco años, la recaudación pudiera aumentar en unos 220 mil millones de pesos.

La tenencia es un impuesto fácil de administrar y muy progresivo. Aquí la implementación sería bastante sencilla, hacerlo un impuesto federal y participar al 100% a las entidades federativas. Se acabaría la competencia entre diferentes localidades. Quizá en su modernización se deben considerar incentivos ambientales, de cualquier forma, el camino recorrido ya se tiene. Lo ideal sería que una iniciativa de todos los partidos entrara por la Cámara de Diputados. El CIEP estima que se podría lograr una recaudación adicional rondando los 80 mil millones de pesos.

Más polémico es gravar o aumentar la nómina. Desincentivar la formalidad es un riesgo a ponderar. De cualquier forma hay experiencias positivas en muchos países, con diferentes esquemas. En la medida que lo recaudado se emplee para financiar mejor seguridad pública, se puede generar una reducción de costos para empresas. También es posible diseñar un buen esquema de subsidios al transporte público. Incluso se pudiera evaluar que en paralelo a dicho impuesto se diera una disminución en cuotas al INFONAVIT. Aquí se podrían recaudar unos 50 mil millones de pesos adicionales.  

Siempre debemos recordar que a nadie le gusta pagar impuestos. Más aún, con honrosas excepciones, los gobiernos subnacionales no han logrado que la “moral fiscal” sea alta entre la población. Una recaudación más agresiva debe incluir una serie de servicios públicos y mejoras tangibles que justifiquen los esfuerzos requeridos a las personas. Sin ánimo de ser exhaustivo, propongo cuatro rubros los cuales demandan una mayor atención de los gobiernos estatales.

Un sistema de cuidados. Dado lo apretado de los recursos federales y la contracción del espacio fiscal, no es probable que esta iniciativa salga de la federación. Con un cambio demográfico enorme que ya está ocurriendo, tenemos que pensar cómo cuidar de las personas mayores de una manera institucional, aliviando las cargas sobre familiares. Igualmente poner atención a la primera infancia, por el desarrollo propio de niñas y niños, también para flexibilizar el mercado laboral, particularmente de mujeres.

Seguridad pública. México vive una crisis de violencia y crimen muy amplia. La gran mayoría de los gobiernos estatales gasta muy poco ahí. Una parte de los recursos adicionarles debería ir a seguridad. Es un tema de alta incidencia en la vida de las personas, también importante en términos del ambiente para los negocios.  

Transporte público. Dados los niveles de urbanización actuales, se puede aprovechar para desarrollar sistemas de transporte público modernos y limpios. Tanto en perspectiva redistributiva como ambiental, se puede ganar mucho. Hay grandes diferencias entre regiones, no se trata de una solución única, incluso los servicios actuales varían mucho en calidad y precio. De cualquier forma hay grandes oportunidades para los gobiernos locales.

Mejor infraestructura.  Se entiende mejor que la inversión pública es detonante para el crecimiento y para atraer inversión privada. La federación tiene pocos recursos y no es algo que se vislumbra pueda cambiar pronto. Los estados deben tener la capacidad de realizar inversiones con recursos propios. Se pueden generar círculos virtuosos cuando se escogen proyectos adecuados.

¿Es la hora fiscal de los estados y CDMX? Probablemente sí. Dicho asunto no está libre de riesgos y algunos problemas. Frecuentemente se argumenta que las diferencias entre los diferentes estados son mayúsculas. Dadas capacidades tan diferentes, las brechas pueden crecer. Si bien lo anterior es cierto, no debe ser motivo para detener buenas políticas públicas a nivel local financiadas con recursos propios. Después le tocará a la federación resarcir, cuidando los incentivos, a las entidades con mayor rezago.