¿Y sus planes para reformar las pensiones, candidatos?
10 meses, tres debates e innumerables apariciones públicas llevan los candidatos a la presidencia de México y ninguno de los cuatro que restan han presentado un plan para reformar los sistemas de pensiones del país.
A muchos funcionarios les puede parecer un asunto no urgente, pero los recursos presupuestales destinados al pago de las pensiones han crecido explosivamente en los últimos años, mermando los recursos destinados a otros rubros del gasto social.
Tan solo para 2018 de los 2.6 billones de pesos que se presupuestaron como gasto corriente, se tuvo que destinar 30% para pagar pensiones y jubilaciones. Casi 755 mil millones de pesos fueron contabilizados en el presupuesto de egresos 2018, una cifra que no se puede reducir, ni evitar pagar y mucho menos frenar su crecimiento… por el momento.
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México cuenta con 138 sistemas públicos de pensiones, sin contar los municipales. Todos y cada uno de ellos están estructurados de manera diferente y, la mayoría, no cuenta con sistemas de financiamiento viables o suficientes, comenta Pedro Vásquez Colmenares, autor del libro ‘Pensiones en México: la próxima crisis’.
Lo que sí tienen es una alta variedad de beneficios que, incluso a finales del siglo XX, dejaron que se jubilaran personas en el servicio público con apenas 45 años de edad. La realidad es que las pensiones absorben casi tres de cada 10 pesos corrientes del dinero presupuestal, que bien podría destinarse a otros fines.
Uno de los mayores problemas financieros de no reformar el sistema de pensiones es la velocidad a la que crecen los recursos que se deben destinar a ese fin, año con año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene considerado un aumento de 7% para este gasto en 2018. En la primera década del siglo, el crecimiento del gasto destinado a pensiones y jubilaciones del sector público fue del 14% anual.
Los márgenes de gasto para salud se ven afectadas por las pensiones.
De acuerdo con las estimaciones de Hacienda, estos gastos desaparecerán eventualmente cuando ya no existan los pensionados en las condiciones prevalecientes hasta 1997, situación que de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), ocurrirá hasta el año 2120 pues hasta el 2035 todavía saldrán pensionados bajo las condiciones actuales.
Mientras eso ocurre, siguen creciendo, en paralelo, los gastos en salud para los millones de pensionados, que incluso Hacienda tiene contemplado como un reto en los criterios económicos de cada presupuesto anual de egresos debido al aumento en la esperanza de vida y a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles más costosas y prolongadas.
Modificar los sistemas de pensiones públicas no será nada sencillo. Y es que corresponde a cada estado hacer sus propias modificaciones; sin embargo, a nivel federal tampoco se está haciendo mucho para empujarlos en el Congreso a realizarlas.
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Tan solo en este sexenio, el consenso político para poder aumentar los porcentajes de ahorro se dejó para la siguiente administración.
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, declaró en julio de 2017 que “cualquier cambio de ley requiere una serie de consensos entre distintos actores, no sólo el Congreso sino también el sector empresarial, gobierno y sector obrero que hoy por hoy no es posible”.
Pedro Vásquez Colmenares escribe que “ningún político o funcionario quiere ser el mensajero de las malas noticias, y ningún partido quiere pagar el costo de proponer dolorosas soluciones para una gangrena irreversible” como es el gasto en pensiones.
Sin embargo, alguien tendrá que hacerlo.
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