Monjas huyen y cierran colegio por violencia en Guerrero
Un colegio particular en Morelos de Chilapa, en Guerrero, fue cerrado luego de que un grupo de monjas guadalupanas, las administradoras del plantel escolar abandonaron este lugar, reveló el obispo Salvador Rangel Mendoza.
Fuentes del plantel informaron que el colegio Morelos es uno de los planteles más antiguos y reconocidos de Chilapa, ubicado en el 502 de la calle Revolución en el barrio de San Francisco, donde actualmente imparten educación básica a por lo menos 500 alumnos de nivel primaria y secundaria.
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El motivo de la huída se debió a que los padres y la hermana de una religiosa fueron ejecutados y desmembrados, informó el prelado durante una homilía realizada este fin de semana en la iglesia de la Asunción en el centro de la capital de la entidad.
Los familiriares se tratan de la pareja encontrada junto a los cinco artesanos indígenas desmembrados el pasado 30 de enero. Por otra parte, el 3 de febrero en Chilapa, una joven de 18 años fue localizada decapitada, indicó monseñor Rangel Mendoza.
El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa reveló que la monja guadalupana (hija y hermana de las víctimas), huyó de Chilapa con un grupo de religiosas de la misma congregación que administraban el colegio Morelos “por miedo a la violencia y los niños que atendían quedaron abandonados”, informó el periódico “El Sur”.
De acuerdo al El Diario de Yucatán el obispo dijo que no va a guardar silencio ante la dramática situación de impunidad que se vive en la entidad y advirtió: “A ver quién se cansa primero, él o yo”, en referencia al gobernador Héctor Astudillo Flores, del quien señala que su gobierno pretende difamar a las víctimas y minimizar el problema de la inseguridad para justificar la inoperancia gubernamental.
Asimismo la semana pasada, el jerarca católico declaró públicamente que el mandatario le exigió vía telefónica que dejara de hacer declaraciones y calificó la llamada como “ríspida”.
Por otra parte recordó que, en su momento, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia y el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, criminalizaron a las ocho víctimas de Chilapa, entre ellas la familia de la monja que administraba el colegio Morelos y después vincularon con el narco al sacerdote de Mezcala, Germaín Muñiz, quien fue asesinado junto al presbítero Iván Añorve, cuando ambos regresaban de una fiesta en Juliantla, la madrugada del lunes 5 de febrero en Taxco.
