Terapia en lugar de cárceles, alternativa para quitar presión al sistema penal
Las mujeres adictas se triplicaron desde 2000; en la demográfica de 15 a 65 años la cifra aumentó 125% de acuerdo con la Secretaría de Salud.
A la par las personas encarceladas aumentaron de manera continua. Las cárceles mexicanas alcanzaron una sobrepoblación del más del 11% y el número de personas en cárceles se creció en un 50% desde el 2000, al pasar de 154 mil 765 reos a 233 mil 469.
La mayor parte de esas personas sufren de adicciones. 60% de los presos que ingresaron al sistema por delitos menores tienen un problema de consumo de sustancias, de acuerdo con Berenice Santamaría, directora de Cooperación Internacional, de la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Algunos de ellos, están en prisión por delitos directamente relacionados con sus adicciones. Aunque no está penado por la ley el consumir este tipo de sustancias, algunos de los delitos más comunes como el robo se cometen con la intención de conseguir dinero para conseguir drogas, señala la presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados, Leticia Amparano Gamez.
La delincuencia se relaciona con el incremento de personas adictas a alguna sustancia nociva.
“Las personas que por su adicción requieren de más sustancia se ven en la necesidad de cometer algún ilícito para poder comprarla”, declaró Santamaría.
Para solucionar el problema y bajar la presión que tiene el sistema penitenciario mexicano, hay una propuesta en la Cámara de Diputados que propone incluir en el Sistema Penal Acusatorio el concepto de “justicia terapéutica”.
Lo anterior se refiere no solo la reparación del daño, sino a atender al imputado en el caso de ser adicto a alguna droga.
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“Trabajamos desde la comisión en una iniciativa de Ley Integral de Salud Mental y una propuesta en adicciones para que no le cueste un peso al gobierno”, anunció Amparano.
En el 50% de los casos de delitos en el país, estos se clasifican como “de cuantía menor”, es decir los considerados o graves que puedan tener como castigo multas, cauciones, penas alternativas o prisión y multa y cuyo monto sea hasta mil veces el salario mínimo vigente, de acuerdo con la Ley orgánica del poder judicial.
Al partir de lo anterior, se hace obvio el problema: ese 50% de personas en las cárceles están por delitos menores, y los diputados mantienen que el comportamiento delictivo puede estar relacionado con enfermedades mentales y adicciones.
En el marco legal actual sí se consideran medidas alternativas en lugar de un castigo carcelario, pero esta propuesta busca que la Justicia Terapéutica, en la que se pretende ayudar a las personas que hayan delinquido y sean adictas a superar sus adicciones, sea la primera opción.
“Así se contribuirá a despresurizar el sistema de justicia penal con una aplicación exacta y eficaz de la justicia terapéutica, lo cual permitiría que las instancias de investigación de las fiscalías o procuradurías se concentren en los casos más graves y relevantes que requieren concentrar las técnicas criminalísticas y de investigación para atenderlos”, de acuerdo con Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Primero, combatir la indiferencia
Uno de los principales problemas es la falta de presupuesto. La Comisión Nacional contra las Adicciones tiene un presupuesto de apenas 25 millones de pesos para el 2017, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene un presupuesto igualmente pequeño, de poco más de 367 millones de pesos, para comparar, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca tiene un presupuesto de más de mil millones de pesos.
El incremento de personas adictas a sustancias psicotrópicas es una problemática social que requiere de inversión económica para combatirse.
Esa falta de presupuesto y de políticas públicas se refleja en el trato dado a las personas adictas en el país y en especial a quienes están en la cárcel y son dependientes de alguna sustancia.
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“Antes los íbamos estigmatizando y separándolos de la sociedad ¿De qué nos sirve tener una persona encarcelada por delito culposo, pero si no se atiende el problema que lo originó, ni el culpable puede atender a su familia, ni reparar el daño causado?” declaró Karelly Villanueva Escamilla, directora de Vinculación y Seguimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la SEGOB
MÁS INFORMACIÓN: Presupuesto de egresos de la federación 2017, SHCP
