¿Fuerzas armadas para combatir crimen? Será norma si EPN convence al Congreso
Un estado de excepción se convertiría en la norma si el Congreso cumple con las intenciones del Presidente y aprueba la Ley de Seguridad Interior.
El punto clave de la misma, que las fuerzas armadas puedan intervenir en los estados cuando se trate de defender la “seguridad interior”, lo cual va directamente en contra de la Constitución.
La entrada de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia podría generar un clonflicto mayor contra el crimen organizado.
Ante la falla de las policías civiles para amortizar la situación de violencia que se vive en el país, el Ejército y la Marina, cuerpos que deben desplegarse en situaciones de guerra según lo previsto en la Constitución, serán los encargados de controlar la seguridad al interior de los estados.
Pero la Carta Magna, en su artículo 21, establece que es competencia exclusiva de la autoridad civil efectuar estas tareas.
Además, otorgaría capacidades al poder Legislativo para decidir cuándo una situación atenta contra la seguridad interior de los estados, lo cual, de nuevo, va en contra de lo estipulado por la Carta Magna del país, pues esto es materia del Ejecutivo.
Son los gobiernos locales los que piden auxilio a la federación, porque solos no pueden hacer frente a las bandas delincuenciales, de acuerdo con José González Morfín, exlegislador del PAN.
El incluir a las fuerzas armadas como respuesta estándar al narcotráfico podría aumentar la mortalidad del conflicto interno, advierten algunos expertos, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos.
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El porcentaje de efectividad perfecto, es decir, cuando solo hay muertos criminales y no heridos o bajas civiles, es de apenas el 27% de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Presidentes de la República desde la época de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, tuvieron que ordenar el despliegue de la Fuerza Armada Permanente, tanto en funciones y misiones relativas a la seguridad interior, verificación en materia de armas y explosivos, así como de apoyo a las funciones civiles en materia de seguridad pública”, dice la exposición de motivos de la ley.
Pero esto no hace que deba legislarse al respecto, pues normaliza lo que debiera ser un caso peculiar. De acuerdo con el texto legal, y los estatutos internacionales, los cuerpos militares, en este caso Ejército y Marina, no pueden entrar en enfrentamientos armados con civiles.
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Ese “estado de excepción” apoyado y sustentado desde el gobierno federal tiene como argumento el salvaguardar la integridad de los civiles mismos, ante los embates de la delincuencia organizada, mismos que aunque criminales son civiles.
“Se ha pretendido justificar la normalización de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, argumentando la debilidad de las fuerzas civiles de policía, sin embargo, la iniciativa no justifica la razón por la cual resultaría necesario que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de vigilancia que le corresponden a autoridades civiles”, escribió al respecto la Red en Defensa de los Derechos Digitales, un organismo mexicano de defensa civil.
Los graves indicios de las violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas es un punto que la propuesta de Ley tampoco considera. Tanto la ONU como la OEA han hecho múltiples recomendaciones para que el gobierno mexicano remueva a los militares del patrullaje de las calles.
Solo el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 493 casos de quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 258 contra la Secretaría de Marina, la mayor parte de estos por tortura, abuso de poder y malos tratos.
Espías con permiso del gobierno
La ley también presenta un problema para la privacidad y de hecho, facultan al gobierno federal a espiar a las personas y recolectar información de ellas bajo el argumento de que así se sustentarán decisiones en materia de seguridad.
Al autorizar “cualquier método de recolección de información” se facultan a las fuerzas de seguridad federales a intervenir comunicaciones y obtener información privada de cualquier persona.
El artículo 28 del texto propuesto para la ley, presentado por diputados del PRI, establece que “las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior”.
El artículo 48 de la iniciativa dice que las empresas de telecomunicaciones e internet están obligados a colaborar “eficientemente” con la autoridad competente para la intervención de comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real o de entrega de datos.
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El argumento del cuidado de la seguridad nacional fue el mismo que se utilizó para la Ley Patriota estadounidense en 2001.Pero el contexto de aprobación de aquella ley fueron los ataques terroristas del 9 de septiembre.
Bajo ese estado de emergencia fue que se aprobaron las capacidades plenipotenciarias de vigilancia de comunicaciones para el gobierno de ese país, pero fueron repelidas desde 2005.
¿Por qué la prisa?
El presidente Peña Nieto quiere que la ley se apruebe por el reclamo de las Fuerzas Armadas del país, quienes han sufrido las consecuencias de estar desplegados en actividades que técnicamente no les corresponden.
“Una responsabilidad que sea respaldada lo antes posible, mediante la creación de una Ley de Seguridad Interior, marco jurídico que establezca los niveles de competencia de las policías municipales, estatales y federales, así como el procedimiento a seguir para solicitar el apoyo de las fuerzas armadas en caso de que las autoridades policiacas sean rebasadas” urgió al respecto Vidal Soberón, secretario de Marina.
518 militares fallecieron en tareas relacionadas con el combate al narcotráfico desde el primero de diciembre de 2006 y hasta julio de 2017. Los marinos fallecidos son 77, de acuerdo con datos de ambas organizaciones.
El despliegue de las Fuerzas Armadas cuesta también reclamos de la población y militares encarcelados en prisiones civiles. Los militares encarcelados en el mismo periodo ascienden a más de 12 mil, de acuerdo con datos de la Sedena.
“Soy egresado del Heroico Colegio Militar. El procedimiento de un militar es totalmente diferente a un policía; y con esta herramienta ya le vamos a poder dar al Sistema Educativo Militar alguna parte para que el personal militar que se dedique a hacer funciones que no le tocan –hay que decirlo muy claro- tenga las herramientas suficientes para llevar a cabo bien su trabajo.", declaró Carlos Sarabia, secretario de la Comisión de la Defensa Nacional en la Cámara Baja.
La propuesta de Ley de Seguridad Nacional tendría que discutirse en el siguiente periodo de sesiones del pleno de ambas cámaras del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de septiembre de 2017. De no hacerlo, será hasta el siguiente año cuando podría aprobarse.
La elaboración de una de las propuestas para el texto legal, la que incluye verbatim los puntos aquí expuestos, fue hecha por los diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo parlamentario del PRI. Estas y otras cinco propuestas fueron turnadas a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados para elaborar el dictamen.
Dicha comisión está integrada por 30 diputados, 10 de los cuales pertenecen al PRI, y es presidida por Mercedes del Carmen Vicente, del mismo partido.
MÁS INFORMACIÓN: Ley de Seguridad Nacional, 2016, Congreso de la Unión.
