Proponer una ley ciudadana aún es una carrera de obstáculos en México

Cualquier mexicano tiene derecho a proponer una ley o reglamento al Congreso para involucrarse en los asuntos que le competen.

De eso no hay duda. La Constitución abrió la posibilidad desde agosto de 2012 y la plasmó en el artículo 71°, aunque se reglamentó hasta mayo de 2014.

Sin embargo, ejercer ese derecho es igual que emprender una carrera de obstáculos para la que se requieren influencias, una gran cantidad de recursos económicos, humanos y de tiempo.

Tal vez sea por eso que desde 2012 hasta 2017 se han presentado menos de diez iniciativas de ley ciudadanas y solo una ha prosperado: la Ley General de Responsabilidades Administrativas mejor conocida como Ley 3de3.

Para proponer una iniciativa de ley federal se necesitan cuatro pasos que explica bien el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) en un artículo titulado “La iniciativa ciudadana más allá de la Ley 3de3”.

Primero, pagar a un abogado que te asesore en cuestiones jurídicas para redactarla. Segundo, llamar la atención de la sociedad y los medios de comunicación para recabar firmas equivalentes al 0.13% de la lista nominal, más de 110,000 con la lista actual.

“El tema de la iniciativa resulta crucial, si se busca legislar un tema poco atractivo, demasiado complicado o que no genere simpatía en la ciudadanía, difícilmente se logrará cumplir con el requisito de las firmas”, señala el artículo.

Te puede interesar: Funcionarios de Banxico hacen su declaración patrimonial, pero no será pública, 4 de agosto de 2016 

Tercero, que la propuesta se empate con la agenda de alguno de los partidos. Cuarto, tener una presencia constante en el Congreso para monitorear la iniciativa, es decir, asegurarse de que efectivamente se discuta en comisiones y no se diluya en el camino hacia el pleno.

En el mejor de los casos el emprendedor tendrá que estar vigilante en el Congreso durante los 45 días que tiene de plazo una comisión para dictaminar una iniciativa, en el peor 90, pues la comisión puede pedir una prórroga de 45 días más.

“La falta de recursos de apelación y transparencia en el proceso, así como la falta de protección al ciudadano sobre posibles arbitrariedades por parte del Congreso, minan el potencial democrático del instrumento”, aseguran los autores Carlos de la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael Vega.

El poder detrás de la Ley 3de3

La Ley General de Responsabilidades Administrativas exige que todo funcionario público realice tres declaraciones, la patrimonial o de bienes, de posibles conflictos de interés y de pago de impuestos.

La popularmente conocida como Ley 3de3 fue excepcional, pues estuvo sustentada por una potente estrategia, y fue financiada y emprendida por organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la academia y empresarios.

Fue apoyada por cerca de 50 organizaciones entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Red por la Rendición de Cuentas, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), México Evalúa y Fundar.

Por empresas como Cinépolis cuyo propietario, Alejandro Ramírez Magaña, es también presidente del organismo empresarial más poderoso de México, el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los empresarios más grandes del país como los mineros Alberto Baillères y German Larrea o el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga.

Te puede interesar: Servidores públicos rendirán cuentas a discreción con #Ley3de3,7 de julio de 2016. 

La Ley 3de3 desplegó una notoria campaña a través de las redes sociales y los medios de comunicación encabezada por reconocidos personajes de la vida pública como el director del CEEY, Enrique Cárdenas; la exconsejera presidenta del IFE y fundadora del IFAI, María Marván Laborde; la profesora del ITAM Denise Dresser, o el asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales, Max Kaiser.

“La Ley 3de3 logró conseguir más de 600,000 firmas, en parte, gracias al apoyo de los actores de la talla y alcance de Cinépolis, el Consejo Coordinador Empresarial, un gran número de organizaciones de la sociedad civil, así como universidades”, explica el artículo de Cidac.

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, propietario de Cinépolis, fue uno de los impulsores de la Ley 3de3.

Tan sólo el Tecnológico de Monterrey le consiguió 60,000 firmas, confiesa el centro de pensamiento, sin contar que también fue apoyada por otras instituciones académicas de prestigio como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Además de la enorme movilización de recursos económicos, experiencia y personal que aportaron quienes apoyaron la iniciativa de ley ciudadana, la Ley 3de3 tuvo un segundo acierto, llegar en el momento preciso.

“Para llamar la atención utilizó a su favor el hartazgo ciudadano en torno a la corrupción y se insertó en la discusión mediática y legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción”, dice el Cidac.

Volviendo los pies a la tierra

Si bien la aprobación de la Ley 3de3 -en julio de 2016- demostró que es posible emprender iniciativas de ley ciudadanas, también da cuenta del enorme costo y de que, bajo las reglas actuales, el procedimiento aún no está al alcance de cualquier ciudadano de a pie.

Aunque la experiencia internacional demuestra que involucrarse de esa forma en los asuntos públicos no es como hacer enchiladas.

En Argentina el procedimiento es bastante similar al mexicano, pero se requieren un mínimo de 1.5% de firmas respecto del padrón electoral nacional que sea representativo de seis distritos electorales, un poco más de 497,000, de acuerdo con el Padrón Electoral de ese país.

México no es el país que requiere más firmas para realizar una iniciativa ciudadana, sin embargo, el proceso aún es engorroso.

En la Unión Europea la propuesta tiene que ser impulsada por un comité ciudadano, el requisito mínimo son un millón de firmas a reunir en un año que tienen que ser de al menos siete países miembros.

Se pueden reunir a través de un sistema electrónico que antes debe ser certificado por las autoridades. Cuando el comité ciudadano entrega su iniciativa tiene que declarar los apoyos financieros que recibió, de acuerdo con el sitio oficial de Iniciativa Ciudadana Europea.

La diferencia con México es que el comité ciudadano presenta su iniciativa en en audiencia pública ante la comisión del Parlamento que corresponda, y que esa comisión deberá responder en un documento que especifique las medidas que propondrá en respuestas a la iniciativa y los motivos por los que haya decidido actuar o no, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Si la comisión la acepta, la remite al Parlamento Europeo para que se discuta y convierta en ley.

MÁS INFORMACIÓN: La iniciativa ciudadana más allá de la Ley 3 de 3, CIDAC, 2016. 

MÁS INFORMACIÓN: Ley 24.747, norma que regula las iniciativas ciudadanas en Argentina.

MÁS INFORMACIÓN: Iniciativa Ciudadana Europea.