Denuncian que el gobierno espía a periodistas y activistas con métodos antiterroristas

Carmen Aristegui, Juan Pardinas y Mario Patrón se suman a la lista de blancos atacados por programa espía.
19 Junio, 2017 Actualizado el 20 de Junio, a las 10:14
Carmen Aristegui, Juan Pardinas y Mario Patrón se agregan a la lista de blancos del Estado.
Carmen Aristegui, Juan Pardinas y Mario Patrón se agregan a la lista de blancos del Estado.
Arena Pública

Las coincidencias ya son muchas como para no aceptar que el Estado mexicano está espiando a periodistas y activistas.

Carmen Aristegui, periodista; Juan Pardinas, impulsor de la Ley 3de3 y Mario Patrón, representante de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se agregan a la lista de blancos, asegura la investigación del Laboratorio Ciudadano, de la Universidad de Toronto.

En los teléfonos móviles de estos personajes se han registrado varios intentos por introducir el malware o programa maligno espía Pegasus, el cual es comercializado exclusivamente a gobiernos con el objetivo de que se utilice para el combate terrorista y criminal.

A pesar de que resulta imposible rastrear a los responsables del envío de este software espía, todo indica que fue el gobierno mexicano: las personas atacadas, sus trabajos y que los gobiernos sean los únicos con posibilidad de comprarlo.

Los 12 blancos hasta ahora identificados por el laboratorio cuentan con una conexión muy sencilla: todos han estado involucrados con investigaciones o reportajes que identifican al gobierno mexicano como el protagonista de hechos ilegales, ya sea por corrupción o por cometer violaciones a los derechos humanos, sentenció la investigación.  

 

 

La preocupación no radica en la utilización de un programa espía, sino sobre quienes se está utilizando, los periodistas y activistas se volvieron los “nuevos enemigos del Estado” declaró Juan Pardinas.

Estos ciberataques dan muestra de la lucha que tiene el gobierno mexicano contra los ciudadanos, despierta interrogantes legales y éticos sobre el actuar de un gobierno cuestionado en materia de derechos humanos durante los últimos años, asegura The New York Times. 

Los ataques revelan la prioridad del Estado mexicano en la vigilancia de aquellos que sacan a relucir la falta de transparencia de las autoridades y los funcionarios públicos.

 

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Un mensaje de texto personalizado y acompañado con un enlace a una página en blanco de internet es el método por el cual un celular puede convertirse en un espía todo terreno.

La fuente de ese “inofensivo” mensaje lo recibe todo: mensajes de WhatsApp, ubicación, grabaciones de conversaciones telefónicas y puede vigilar el entorno activando el micrófono y la cámara.

 

Los 12 atacados

Carmen Aristegui y su hijo menor de edad, Emilio, recibieron un mensaje supuestamente de la embajada de Estados Unidos donde les notificaron que había un problema con sus visados y que si querían tener más información sobre el inconveniente debían visitar una página.

Ninguno de los dos lo abrió, pero los mensajes continuaron llegando y subiendo de tono, uno de ellos decía tener información sobre el motivo por el que la arrestarían.

Estos mensajes llegaron en 2015, mismo año en el que se dio a conocer el reportaje de “La Casa Blanca de Peña Nieto”, en la que se exponían los nexos del presidente Enrique Peña Nieto con una constructora a la que le entregaron numerosas licitaciones durante su gubernatura en el Estado de México y que posteriormente le construyó a su esposa, Angélica Rivera, una casa valuada en 7 millones de dólares.

El intento de espionaje contra el hijo de Carmen Aristegui podría tener consecuencias criminales en Estados Unidos, lugar donde se encontraba viviendo durante los ataques, asegura el Laboratorio Ciudadano, pues hacerse pasar como un oficial federal es un delito federal, así como lo es intentar acceder a un dispositivo sin autorización.

La periodista, Carmen Aristegui y su hijo, Emilio Aristegui. 

 

Uno de los impulsores de la iniciativa Ley 3de3 -que busca la obligatoriedad de la publicación de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscales de todos los funcionarios públicos- Juan Pardinas, también director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, padeció las mismas insistencias a través de mensajes de texto. 

Pardinas tampoco dio clic al enlace, el tipo de mensajes y el hecho de que no tuviera registro de los números despertaron sus sospechas, no obstante, los mensajes se multiplicaron y al negarse a abrirlos su esposa también fue blanco de los atacantes, pero el Estado espía tampoco pudo llegar a Pardinas a través de ella.

Pero la lista de afectados no termina con ellos, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, fue atacado y en su desconocimiento abrió el link que convirtió a su teléfono en una cámara de vigilancia.

 

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Los abogados Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, también del Centro Prodh, recibieron mensajes similares, ellos además representan a 11 mujeres que fueron abusadas sexualmente por policías mientras eran trasladadas a la cárcel tras una protesta en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006.

Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación, impulsores del impuesto a las bebidas azucaradas, fueron los primeros que reportaron estar siendo atacados por estos métodos de vigilancia en febrero de este año.  

 

MÁS INFORMACIÓN: ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México, The New York Times, 19 de junio de 2017. 

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