El proyecto de Constitución para la CDMX es negocio de unos cuantos

“La activación ciudadana se da a raíz de la impunidad y la corrupción,” asegura Josefina MacGregor, directora y fundadora de Suma Urbana, una organización civil que lleva 16 años apoyando el empoderamiento de los ciudadanos para la participación en los asuntos públicos de la ciudad.

La gente tiende a ser observador o crítico de sobremesa de las cosas que inciden en su vida y que no le gustan principalmente porque no sabe cómo entrarle, en ocasiones “los caminos son tan complejos que acabas más lastimado que si no hubieras hecho camino,” explica.

En una de sus tantas luchas Suma Urbana logró comprobar que un edificio se estaba construyendo sin licencia, sin manifestación de construcción y con documentos falsos, en conjunto nueve delitos federales. Al presentarse ante las autoridades la respuesta fue “es que la inversión es muy grande y va a perderlo todo.” El edificio continuó operando.

Para hacer frente a lo que la líder vecinal califica como “nivel de impunidad de grosería”, Suma Urbana ha conformado una red de organizaciones que se ayudan entre sí para trabajar en contra de los proyectos urbanos ilegales y la falta de certeza jurídica en los usos de suelo, entre otras muchas causas a favor de la ciudad. Suma Urbana además brinda asesoría a esos grupos.

La organización de los defensores ciudadanos no sólo es una cuestión logística, es trascendental ante la “absoluta” arbitrariedad en la gestión gubernamental a la que se enfrentan.

La interlocución con las autoridades locales es “nefasta,” enfatiza Josefina MacGregor. “No hay ningún tipo de diálogo, es golpe y golpe de la autoridad a uno y están esperando que uno se canse […] Lo que veo es un descaro absoluto, una falta de conciencia absoluta y, caray, una necesidad de alternancia bestial.”

El gobierno todopoderoso de la CDMX

“Todo lo que está hecho a modo de corrupción viene incluido como parte del paquete del proyecto de Constitución de la Ciudad de México,” enfatiza quien ha luchado más de una década por la protección del uso de suelo.

El proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Vivienda se crearon para formar una mancuerna que convierta al gobierno en “todopoderoso [...] Sólo el jefe de gobierno podrá modificar en un futuro los usos de suelo,” advierte.

El proyecto de Constitución quita a la Asamblea Legislativa la potestad de modificar los programas de desarrollo urbano y se la traspasa a un Instituto de Planeación que será presidido por el jefe de gobierno y un consejo que tendrá sólo facultades deliberativas y de asesoría, mientras que el director general será nombrado a partir de una terna también elegida por éste.

Elimina la posibilidad de que la ciudadanía participe en la realización de los programas generales de desarrollo urbano a través de la consulta pública vinculante. El proyecto de Constitución relega la opinión ciudadana a “sólo cuando considere que es conveniente.”

Es un proyecto “totalmente de alto riesgo para el ciudadano, porque nuestra única herramienta es la ley y con esta hemos tenido avances importantes, pero de pronto deja de serlo porque ya no vamos a tener incumbencia. La nueva Constitución no permite que la labor ciudadana que hemos hecho para parar la corrupción en usos de suelo, para cuidar las colonias, se siga haciendo porque nosotros ya no somos parte de la ecuación.”

La Ley de Vivienda por su parte permitirá al gobierno de la Ciudad de México construir donde este quiera con fondos públicos y después rentar o vender la vivienda social a quien decida.

Eso se va a prestar para que “tengamos edificios con mil credenciales de elector en cada demarcación”, apunta Josefina MacGregor.

La Ley de Vivienda establece que la población vulnerable tendrá derecho a que el gobierno le rente o venda una casa subsidiada, pero la definición es tan amplia que casi cualquier persona pudiera serlo: mujeres, jefas de familia, jóvenes de entre 18 y 29 años, hombres y mujeres mayores de 60 años y población que pudiera ser objeto de cualquier tipo de discriminación.

“Cuando vemos toda la corrupción inmobiliaria que ha habido, todas las áreas de gentrificación, es decir, a toda la población que han sacado a base de predial, de agua y de construcciones caras de diferentes áreas de la ciudad, pues vemos que viene un gran negocio inmobiliario,” dice la líder social.

Al tratarse de vivienda para población vulnerable el gobierno no tienen que seguir las leyes de desarrollo urbano, es decir, puede construir los edificios para estos grupos donde decida, incluso expropiar cualquier predio para ese efecto.

“Imagínate lo absurdo, te expropio tu propiedad porque está ociosa y puedo construir un edificio de interés social y medio, porque hablan de vivienda mixta que quiere decir departamentos caros junto con baratos, pero ¿qué sucede? Lo expropias, se los rentas y luego se los vendes, entonces tu expropiaste una propiedad privada para que termine siendo de un tercero,” explica la directora de Suma Urbana.

“Lo que hace [la gente corrupta] es lograr que el gobierno haga las leyes para que puedan seguir haciendo sus tranzas pero ahora al amparo de la ley, entonces hay viene uno a parar la Ley y es un juego con la Constitución,” agrega.

Constituyentes que no leen y académicos miedosos 

“Para sorpresa de la ciudanía en algunas reuniones que hemos tenido con constituyentes resulta que los únicos que hemos leído la Constitución somos los ciudadanos. De pronto llegas con tus anotaciones y tus stickers y se acercan los constituyentes y te dicen: 'luego me dices qué dice ahí o ¿de qué página era?'”, confiesa la líder de Suma Urbana, una de las organizaciones que más de cerca ha seguido el proyecto.

“El sector académico ha estado temeroso de expresarse: yo no me voy a meter en líos, dicen […] Yo me pregunto ¿dónde está el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, donde está la facultad de derecho de la UNAM?,” agrega MacGregor.

A la líder social algunos constituyentes le han confesado que sin medios y sin tiempo el gobierno quiere que saquen el dictamen del proyecto de Constitución en cuatro semanas. “Me parece muy poco serio, me parece que es darle peso a lo que no lo tiene o querer apresurarse para cerrar el negocio,” dice.

En su opinión ha faltado participación en el proceso de construcción del proyecto de Constitución y compromiso por parte de los constituyentes, “ellos debieron de haberse imaginado que era un compromiso serio, donde había que dedicarle muchisisímas horas a la lectura y al comparativo con otras constituciones y con otras leyes, si realmente querían aportar,” puntualiza.

En vez de ello los líderes que llevan el proyecto de Constitución se están apresurando para la fiesta del 5 de febrero, quitándole mérito al contenido mismo de la Constitución, concluye.

MÁS INFORMACIÓN: Continúan atropellos a la propiedad privada en CDMX, ahora con Ley de Vivienda, 8 de diciembre de 2016.