Financiamiento, cambio climático y la Agenda 2030 en México
En las últimas décadas, el cambio climático ha emergido como uno de los desafíos más apremiantes para la humanidad con implicaciones en distintos aspectos como la salud, la economía, el mercado laboral y la igualdad intergeneracional.
Dentro de las acciones que existen para combatir el cambio climático se encuentran las medidas de mitigación que son acciones que reducen la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI); y las medidas de adaptación que son acciones que permiten a las comunidades y ciudades resistir y recuperarse de los impactos al cambio climático (CIEP, 2023).
A medida que los efectos del calentamiento global se hacen más evidentes, es crucial que abordemos este problema de manera integral y sostenible. Una de las formas de lograrlo es a través de la incorporación de la perspectiva del cambio climático, como eje transversal, en las políticas públicas y en la asignación de recursos financieros, tanto públicos, como privados.
En este sentido, las finanzas públicas juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. La inversión en energías renovables, la promoción de la eficiencia energética, la protección de los ecosistemas y la adaptación a los impactos del cambio climático requieren de infraestructura y recursos significativos que provienen, principalmente, del sector público. El Estado tiene la obligación de redistribuir los ingresos públicos de manera justa e igualitaria entre sectores y entre la sociedad presente y las generaciones futuras.
Uno de los marcos de desarrollo que sirve como hoja de ruta para abordar los desafíos globales, incluido el Cambio Climático, es la Agenda 2030, la cual incentiva el diseño e implementación de políticas de mitigación y adaptación. En ella se encuentran 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados a temas relacionados con agua limpia, energía asequible y no contaminante, ciudades sostenibles, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres.
En el caso específico de México, el cambio climático representa un desafío significativo que requiere una atención urgente. El país se encuentra expuesto a una amplia gama de impactos climáticos, que van desde sequías e inundaciones hasta el aumento del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad. Además, México es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero de América Latina, lo que subraya la necesidad de abordar este problema de manera efectiva.
Para dimensionar la atención de la crisis climática en México y su interrelación con los ODS, en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), elaboramos un estudio con base en la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofrece sobre el presupuesto, programas y su vinculación con los Objetivos.
Lo que encontramos en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático es que, en total, el gobierno destina a rubros como energía y medio ambiente 1.4 billones de pesos equivalente a 4.46% del PIB. Sin embargo, solamente el 71% está vinculado a los ODS ambientales: 1 billón de pesos. Este monto ha disminuido 21.1% de 2019 a 2023. Además, el 98.3% es presupuesto para el sector energético, mientras que 1.7% se dirige a atención del medio ambiente.
Lo anterior se encuentra alineado a la política energética vigente y a lo establecido en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2020-2024 cuyo objetivo es alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda nacional con base en el aumento de las actividades de exploración e infraestructura de hidrocarburos y derivados (CIEP, 2022).
Las cifras revelan que en México no hay avances hacia la adaptación y mitigación del cambio climático. Por un lado, se puede observar que se avanza hacia la meta de tener energía asequible, pero no en cuanto a energía no contaminante. Ya en 2018, el 99% de las viviendas particulares en México contaban con electricidad, esto quiere decir que gran parte de todos los mexicanos tenemos electricidad de manera asequible, ya que también está subsidiada por el gobierno.
Por otro lado, en 2019, el porcentaje de participación de las energías limpias en la matriz de generación de energía eléctrica fue del 21.6 %, mientras que en 2021 incrementó a 28.6 %. Sin embargo, el reporte de Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) muestra que en 2022 se presentó una disminución de la generación solar en 4.6 % y de centrales eólicas en 3.5 % respecto al año anterior. Esto representó un aumento de 63% en la generación de centrales carboeléctricas, lo que va acorde a los objetivos de la política energética vigente.
Es cierto que se han presentado mejoras en la normalización en eficiencia energética. A su vez, el índice de intensidad energética nacional (Energía consumida/PIB) de 2010 a 2020 disminuyó 13.4%, lo que indica que se está produciendo o consumiendo la misma cantidad de bienes y servicios con una menor cantidad de energía.
El sector energético y ambiental presentan retos importantes para el cumplimiento de los ODS vinculados y la atención general del medio ambiente, principalmente, porque la política energética se centra en el uso de hidrocarburos, mientras que el sector ambiental, aun con la vulnerabilidad que enfrenta ante el cambio climático, no es una prioridad en el presupuesto.
Para abordar este desafío, es fundamental que los gobiernos integren el cambio climático en sus presupuestos públicos. Esto implica asignar recursos adecuados a programas bien diseñados de mitigación y adaptación, así como eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y redirigir esos fondos hacia iniciativas sostenibles. Al mismo tiempo, es necesario fomentar la inversión privada en proyectos relacionados con el cambio climático, a través de incentivos financieros y regulaciones adecuadas.
Adicionalmente, el fortalecimiento de la educación y la conciencia pública sobre el cambio climático y los ODS es clave. Esto implica promover la capacitación en temas ambientales, fomentar la investigación y la innovación, y generar espacios de diálogo y participación ciudadana. Solo a través de una sociedad informada y comprometida podremos impulsar cambios significativos y sostenibles.
En conclusión, el cambio climático, las finanzas públicas y los ODS están estrechamente interrelacionados. La acción climática en México debe ser inclusiva y ésta debe garantizar la participación de todos los actores relevantes, incluyendo al sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales. Es fundamental fortalecer la gobernanza climática, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores público y privado.
Alejandra Macías
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas con perspectiva de género.
