#PND: Agenda global y uso de indicadores

Durante los primeros 150 días de la administración, el discurso de AMLO estuvo enfocado en cumplir promesas de campaña: construir 6 refinerías en la era del cambio climático, cancelar el NAICM de Texcoco con o sin motivos, acabar con la corrupción a partir del ejemplo, refrendar que el Tren Maya iba, incluso sin consultar a los pueblos originarios; ofrecer salvoconductos a migrantes centroamericanos mientras aguantamos una veintena de insultos del sr. Trump.

Este trance que durante cinco meses le dio buenos resultados al presidente también nos dejó con una sensación de improvisación, de no tener realmente un plan de acción.

Es el día que aún no contamos con un plan anticorrupción a pesar de ser el hilo conductor de su discurso político desde -al menos- 2012. 70% de los funcionarios de confianza fueron despedidos y tanto las compras gubernamentales de crudo para refinar nuestro petróleo como de papel para libros de texto, y vacunas y medicinas de primera necesidad, han sufrido retrasos. Sin el papel y el combustible podemos vivir, pero sin medicinas el reclamo social se mide en el testimonio quienes perdieron a un familiar por falta de medicinas.

Cerraron programas sociales útiles, como las estancias infantiles, y abrieron otros como Jóvenes Construyendo el Futuro sin mucha planeación. Eliminaron estadísticas y encuestas del INEGI y registros de los programas sociales que permitían identificar duplicidades, y disminuir fraudes y clientelismo. Cancelaron un aeropuerto a medio construir con argumentos doctrinarios y apenas esta semana iniciaron los estudios de la alternativa que nos juraron era viable en una consulta pública.

Además, AMLO no ha dudado en generar expectativas sobre su gestión porque eso le reditúa en popularidad. Pero la economía es rebelde y por más que AMLO prometió un crecimiento de 4% anual para 2024, no hay elementos para considerar viable tal promesa.

Hace un mes el Fondo Monetario Internacional publicó sus estimaciones sobre un crecimiento para México del orden de 2.5% anual en 2024. Pero las calificadoras y el INEGI presentan datos aún más pesimistas – en 2019 no creceremos a más del 1% y remontar para 2024 se antoja poco menos que imposible.

No hay la infraestructura ni la inversión necesarias; no hay estado de derecho, no hay certidumbre en los mercados ni en los contratos públicos, no hay visos de contención de la violencia, la corrupción, la impunidad. El peso mexicano es fuerte frente al dólar por razones que más tienen que ver con los mercados internacionales que con el desempeño económico de México. El incremento en confianza del consumidor y en la inversión del primer trimestre del año aún no posiblemente se deba a que en 2018 hubo una caída y esto sólo es el efecto de la recuperación.

Tenemos un pobre manejo de crisis en materia de seguridad pública. En una matanza en Minatitlán mueren 12 personas, incluyendo un niño pequeño, y no habiendo pasado una quincena ya tuvimos dos incidentes más de ejecuciones colectivas en Jalisco y Chihuahua, y una alcaldesa muerta.

Pero el miércoles despertamos optimistas. El martes por la noche, la SEGOB envió a la Cámara de Diputados en Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, quien tiene 30 días en comisiones y 30 días más en el pleno para aprobarlo. Con la presentación de este PND, mucho más cercano a la agenda global del siglo XXI, leemos que el discurso cambia diametralmente.

Dejamos la narrativa de las refinerías y pasamos al aprovechamiento sustentable de recursos naturales, al cambio climático, la energía renovable y la reducción de emisiones. Dejamos de observar incrédulos el cierre de algunos de los programas que más promovían una participación femenina en el desarrollo, como los refugios para mujeres víctimas de violencia y las estancias infantiles, para hablar de acciones de atención a mujeres.

Leemos sobre paz y derechos humanos junto al plan para conformar la Guardia Nacional; leemos sobre acciones para prevenir y combatir corrupción y la impunidad de manera efectiva y no sólo con el ejemplo. También leemos la mención a la justicia transicional, abandonando al menos en las formas el enfoque punitivo que amplió la lista de delitos que ameritan ahora cárcel preventiva.

Vemos un PND con indicadores, que promete priorizar el diagnóstico, la ubicación geográfica de los problemas, que utiliza cifras y estadísticas públicas. Sin embargo, el problema radica en lo qué va a suceder de facto. Este PND se asemeja mucho a los planes de los últimos seis sexenios (de Miguel de la Madrid para acá). 

¿Podemos esperar que los compromisos del PND se concreten en acciones medibles y evaluadas a partir de indicadores objetivos, aun siendo imperfectos?

O más bien ¿seguiremos con la tónica de recibir anuncios mañaneros que cancelan licitaciones públicas porque se ve mal ser compadre del proveedor seleccionado, mientras se adjudican compras de pipas en el extranjero sin mediar análisis del mejor postor y contraviniendo las mejores prácticas anticorrupción?

Porque de poco sirve que en materia de seguridad y corrupción los indicadores se enfoquen en disminuir la percepción de la violencia y de los sobornos, cuando la realidad nos grita que las cosas siguen igual. Más debiera preocuparle al gobierno promover (y medir) las denuncias que los ciudadanos presentan, y garantizar las investigaciones y la confidencialidad de los involucrados. Con eso se gana más confianza en las instituciones que midiendo opinión pública.

Siendo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro el que más presupuesto recibe por reasignaciones del rubro de Bienestar, ¿cómo es posible que haya un indicador que quiera prácticamente mantener la tasa de informalidad de los trabajadores? Santiago Levy lleva años preocupado por informarnos que la informalidad está frenando el crecimiento en México.

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Es ambicioso que un indicador del PND hable de no deforestar más al país, pero a la vez se promueva la construcción del Tren Maya sin estudios ambientales previos. ¿Van a reforestar otras zonas para compensar la selva que tendrán que tirar? ¿Dónde? ¿Cómo?

Quieren promover actividades culturales como complemento a la estrategia de seguridad en los municipios más violentos del país, lo cual nunca sobra, pero sin establecer indicadores que busquen abatir la impunidad a nivel local.

Ya veremos si el PND, con sus temas inclusivos, feministas, reivindicadores de la dignidad de los pueblos originarios, nos puede cumplir sin dejar de usar mediciones, datos, diagnósticos, metas y estrategias… porque para ello, se necesitan datos que podamos ver todos.

@Sofia_RamirezA

*Sofía Ramírez Aguilar es analista política, con una agenda de investigación sobre corrupción, género y participación ciudadana.