El gobierno de la 4T ha prometido en campaña, en las mañaneras y hasta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014, garantizar el derecho a la salud, particularmente de los más pobres.
Ha denunciado reiteradamente un incremento del gasto en salud años recientes sin que eso se traduzca en mejores servicios.
Como respuesta a ello, en vez de gastar lo presupuestado y proveer mayor calidad de los servicios de salud y seguridad social, este gobierno está recortando recursos. Esto es garantía de que no tendremos ni más cobertura, ni más médicos, ni mejores tratamientos… ya no se diga que el acceso a la salud sea universal, que dejemos de pagar por el desabasto en medicinas y material de curación con dinero de nuestro bolsillo, si es posible hacerlo, o nos dejen morir por enfermedades tratables y prevenibles.
Con la salida de Germán Martínez, el reclamo parece ser que la SHCP le debe al IMSS 1,400 mdp, sólo en 2019, por concepto de recursos erogados desde el IMSS para quienes no tienen seguridad social a través de IMSS-Bienestar y del programa de Fortalecimiento de Atención Médica. Sin embargo, el presupuesto propio del IMSS este año asciende a 440 mil millones de pesos – 400 veces lo que SHCP le debe.
Visto así, no parece tan grave el adeudo. Pero el problema es que hay muchos más recursos que la SHCP está reteniéndole al IMSS y que el Instituto simplemente no está pudiendo pagar, por ejemplo, el salario de los delegados del IMSS en los estados, quienes no han cobrado en meses porque el mandato presidencial es que sólo exista un superdelegado por estado y los del IMSS, digamos, salen sobrando; los contratos de material de curación y medicinas, las obras de infraestructura, la remodelación de hospitales y clínicas pendientes desde los sismos de 2017… todo eso lo debe el IMSS, y Hacienda no le libera los recursos.
El problema es más grande que eso: SHCP tiene el mandato de generar ahorros y destinarlos a programas icónicos de esta administración, como Jóvenes con Futuro, la construcción de refinerías y otras prioridades del sector energético, como no subir la gasolina (lo cual nos cuesta en subsidios), no subir impuestos ni las cuotas obrero-patronales del IMSS, porque todas son promesas de campaña.
Por su parte, el IMSS, en su calidad de organismo autónomo con ingresos tripartitas (trabajadores, empleadores y gobierno), tiene un régimen legal que le permite invertir sus recursos y ahorros en vez de regresarlos a la SHCP. Eso a Hacienda no le gusta, y por ello busca generar ahorros del gasto del IMSS por otras vías, como es no liberando los recursos a tiempo, provocando desbalances de las finanzas del IMSS.
En este contexto, la corrupción, esa vieja conocida del sistema público mexicano, florece en este entorno de incertidumbre. No sólo por conflicto de intereses de los superdelegados como Calos Lomelí en Jalisco, quien forma parte de una red de empresarios de la industria farmacéutica en franco conflicto de intereses al haber recibido 164 mdp en contratos durante esta administración.
Además, ante una creciente desconfianza en el uso que el IMSS o el gobierno federal pueda darle a las cuotas obrero-patronales, los empleadores que de por sí subdeclaran a sus empleados en número y en ingreso, encuentran una justificación moral para hacerlo.
Si Hacienda se queda con nuestras aportaciones, para qué las pago. Eso es defraudación al Estado, pero sobre todo al trabajador, provocada por las acciones de un gobierno incapaz de coordinar estrategias entre el sector salud y el hacendario.
Además, el IMSS tiene actualmente 13 millones de afiliados, a los que les queremos sumar 2.5 millones más en trabajadoras del hogar y parejas de derechohabientes del mismo sexo – ambas deudas sociales históricas que hay que financiar de alguna forma.
Es increíble que el gobierno, en pleno 2019, siga contratando empresas fantasmas (sí, SFP, te estoy hablando a ti). Es igualmente increíble que el gobierno contrate a empresas que no tienen a sus empleados afiliados al IMSS, como Grupo Fármacos Especializados, quien proveyó 35% de las adquisiciones del sector salud durante la administración de Peña Nieto y sólo tiene registrado un empleado ante el IMSS. Es un escándalo que no existan mecanismos (electrónicos) para evitar que los proveedores del gobierno puedan evadir al SAT y al IMSS.
Sumado a la tormenta perfecta, tenemos un contexto económico adverso: el PIB crecerá al 2% anual durante todo el sexenio (si bien nos va), el empleo formal contribuirá con un incremento moderado de 7% al ingreso por cuotas al IMSS, mientras que el gasto en pensiones de extrabajadores del Instituto crecerá al 11% anual.
Es decir, los ingresos crecen a una menor tasa que los egresos, vulnerando la estabilidad financiera del IMSS que, al cierre de 2018, garantizaba sustentabilidad hasta 2030. Habrá que hacer nuevas proyecciones.
Te puede interesar:
Hacia un Sistema de Salud Universal | Opinión: Sunny Villa
En resumen, para poder garantizar una mejor cobertura de los servicios de salud, como nos promete la 4T una y otra vez, se requiere:
- Mejorar la rectoría del sistema de salud. En 2018 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó un estudio cuya principal conclusión fue ésta, misma que además tuvimos la precaución de presentarla tanto a Germán Martínez como al secretario de Salud, Jorge Alcocer. El diagnóstico se sostiene: se requiere una mejor coordinación entre los sistemas de salud, IMSS, ISSSTE y las clínicas y hospitales del sector salud, para homologar costos y poder evitar duplicidades en los servicios.
- Incorporar sistemas de información que permitan saber quién se atiende dónde. Como quien dice, conformar una suerte de Agencia de Digital de Innovación Pública como la que tiene la CDMX, pero de alcance nacional para efectos del sistema de salud.
- Mejorar los registros básicos, como son la cartilla electrónica y el registro nacional de vacunas, para no comprar medicinas, vacunas y equipo de más o de menos, y distribuirlo en donde se necesite.
- No sólo generar ahorros, sino iniciar negociación de incremento de cuotas obrero-patronales, con la garantía de que el gobierno federal va a respetar la ley y que la Tesofe no va a quitarle al IMSS sus ahorros.
Finalmente, ahora que Germán Martínez renunció al IMSS y regresa al Senado, esperamos que haya una iniciativa de reforma legal amplia que dote de mayor cobertura en salud a la gente, según corresponde a un gobierno que enarbola bandera de la justicia social. A eso se comprometió Germán en su renuncia.
Twitter: @Sofia_RamirezA
*Sofía Ramírez Aguilar es analista política y directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Sofía Ramírez Aguilar
Directora General de México, ¿Cómo Vamos?. Maestra en Economía. Ha asesorado al PREP del INE y del Instituto Electoral de Tamaulipas. Participó en proyectos de investigación académica con el ITAM y de emprendimiento social con la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Fungió como ministro representante de la SEGOB en la Embajada de México en Washington D.C. Fue Directora Adjunta de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.