La política social de la próxima administración está dando señales prometedoras y decepcionantes al mismo tiempo.
Mientras la futura titular de la Secretaría del Bienestar se esmera en especificar principios y acciones que, entre otras cosas, combatan el uso clientelar y poco transparente de los programas sociales, por otro lado, avanza el levantamiento de un registro de futuros receptores de apoyos, el Censo del Bienestar, el cual genera más dudas de las que despeja, además de representar un desperdicio de recursos.
María Luisa Albores, la futura secretaría del bienestar ha planteado los elementos iniciales de la próxima política social.
Esta se sustentaría en cinco pilares: la afirmación de la universalidad de los derechos humanos y sociales, el reconocimiento de las distintas necesidades en el ciclo de vida de las personas, el impulso a la participación social y comunitaria, la perspectiva territorial de los programas sociales y la transparencia y honestidad en el gasto social.
Todos ellos le darían solidez a la política social, de no ser porque son ignorados o contradichos por la estrategia del levantamiento del Censo del Bienestar.
En primer lugar, un enfoque de derechos de la política social requiere construir mecanismos para que los ciudadanos puedan reclamar las obligaciones del Estado, más que hacer listados para apuntar a todos los que van a ser beneficiados con los programas y su respectiva tarjeta para hacerles llegar recursos, como es el caso del Censo del Bienestar.
En segundo término, atender integralmente las distintas necesidades que se presentan en la vida de las personas hace necesaria información de todos los miembros de un hogar que presentan una diversidad de requerimientos para sus respectivas edades. En cambio, el Censo del Bienestar se ocupa principalmente de identificar a los jóvenes y sus necesidades educativas y de trabajo.
Un tercer problema es que el impulso a la participación social y comunitaria pasa por el reconocimiento de que las personas no son sujetos pasivos a los que hay que buscar para identificarlos, contarlos y etiquetarlos como elegibles o no para ser blanco de la política social.
En vez del censo, el establecimiento de mesas de recepción de solitudes de inscripción a los nuevos programas, las cuales serían verificadas, habría dado un giro ciudadano a la nueva política social.
En cuarto lugar, una perspectiva territorial hace innecesaria información individual exhaustiva en el país. Para poner primero a los pobres un buen comienzo es concentrarse en las regiones pobres, no un censo nacional.
Finalmente, la transparencia y honestidad en el manejo del gasto social requiere desligar los instrumentos para su canalización de toda sospecha de sesgo electoral y clientelar, y de la opacidad en su financiamiento, construcción y uso.
El Censo del Bienestar está en manos de Gabriel García Hernández, ex secretario de Organización de MORENA y futuro coordinador de los delegados federales únicos ante los gobiernos de los estados; se desconoce la fuente de financiamiento del censo y su metodología, aunque se sabe que su levantamiento está en manos de amateurs y el equipo de la Secretaría del Bienestar desconoce el detalle de sus características.
Con la información hasta ahora disponible, no puede descartarse que el Censo del Bienestar vaya a ser un instrumento partidista, inhibidor de la participación ciudadana, con una visión fragmentaria de las necesidades, que no abone a una visión de derechos y absolutamente innecesario.
La SEDESOL, el CONEVAL y el INEGI cuentan con amplia información sobre la población que ve incumplidos sus derechos sociales (como los de alimentación, salud y educación), sobre quiénes de ellos reciben apoyos actualmente y quiénes los necesitan.
Con la información hasta ahora disponible, no puede descartarse que el Censo del Bienestar vaya a ser un instrumento partidista, inhibidor de la participación ciudadana, con una visión fragmentaria de las necesidades, que no abone a una visión de derechos y absolutamente innecesario.
En particular, el Sistema de Información Social Integral de la SEDESOL, que en 2017 recibió el reconocimiento “Buenas Prácticas en el Uso de los Resultados de Monitoreo y Evaluación en el ciclo de las Políticas Públicas” del CONEVAL, puede monitorear las necesidades de las personas en su ciclo de vida en gran parte del territorio del país dándole transparencia a la política social.
Ciertamente, los datos pueden estar incompletos, contener errores e incluso sesgos, sin embargo, la información disponible puede auditarse, complementarse y ser utilizada bajo un enfoque de derechos y participación ciudadana. En este sentido, el Censo del Bienestar es redundante.
No es raro que, en un gobierno, ya sea en funciones o por empezar, se discrepe en asuntos de política pública. Las diferencias, por lo general discretas, son sanas para deliberar sobre el mejor curso de acción. Lo inusual es que, abierta y públicamente, una medida socave a otra, como el Censo del Bienestar descalifica, en los hechos, lo que pretende ser la política social.
Twitter: @equidistar
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.