Un plan histórico
Por primera vez desde su existencia, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) deberá ser aprobado por el Congreso, cuestión que luce poco llamativa debido a la mayoría garantizada que tiene para salir adelante en ambas Cámaras y porque, además, tal documento cuenta con pocos instrumentos para materializar lo planeado y ha sido rutinariamente incumplido por la práctica gubernamental.
Pese a lo anterior, el PND 2019-2024 y su proceso de evaluación es particularmente interesante, pues revela los aciertos y, principalmente, las carencias en la visión de país de la administración actual, lo que anticipa las correcciones de curso que habrá que hacer.
Por ley, el PND debe precisar los objetivos, estrategia y prioridades del desarrollo del país, así como los recursos asignados, los instrumentos y responsables de su ejecución. En esta tarea, contar con un buen diagnóstico es clave, y es precisamente en este punto donde comienzan las dificultades del Plan. En vez de la identificación puntual de los problemas nacionales y de los mecanismos que han llevado a ellos, el PND atribuye a un indefinido “neoliberalismo” los males del país.
El cuerpo del Plan es principalmente una crítica ideológica al “neoliberalismo”, que lo mismo privatizó empresas públicas que intervino perversamente mercados. Es un ideario político que se plantea los más ambiciosos objetivos, acabar con la pobreza y la desigualdad, con los más limitados medios, sin reforma fiscal discernible. Es un intento por reescribir lo ocurrido en las últimas décadas, por reacomodar conceptualmente el pasado, por ajustar la historia a un plan.
Sin embargo, como documento conceptual tiene problemas severos. Por ejemplo, afirma que “…el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.”
Esta visión claramente muestra un desconocimiento de la acepción básica de lo que es una oportunidad, como medio para conseguir un fin, y que en consecuencia es preferible que el gobierno intervenga para que las oportunidades sean ciertas, duraderas, no arbitrarias y de acceso generalizado. También ignora la rica discusión económico-filosófica que le da sustento a la idea de combatir la desigualdad de oportunidades, y de elevar a la categoría de derechos algunas de ellas.
Una de las consecuencias de la débil base conceptual y la carencia de diagnóstico del Plan es que propone un conjunto más bien inconexo de programas sociales. El Plan no presenta la visión de un estado de bienestar basado en un sistema de protección social y componentes interrelacionados. En particular, no existe una concepción clara de un sistema universal de salud, tampoco se especifican las medidas para elevar la calidad del aprendizaje dentro del sistema educativo, ni se avanza en la conciliación de los derechos laborales con las exigencias del cambio tecnológico, la elevación de la productividad y el reto de ser competitivos en un mundo global.
En contraste, el anexo del PND, que en sí mismo es un Plan, aunque no del todo consistente con el primero, identifica claramente los retos futuros para lograr una sociedad con mayor bienestar, propone un enfoque de derechos que privilegie a los grupos con mayores desventajas socioeconómicas promoviendo mayores y mejores oportunidades de atención a la salud, educativas y de trabajo digno.
Esta dicotomía ejemplifica la tragedia de la administración actual: teniendo la oportunidad de cambiar decisivamente el presente de México para proyectarlo al futuro, deja en los márgenes el marco teórico para esta tarea y premeditadamente fantasea repetir los años dorados de la década los sesenta, en convertir la historia en un plan.
@equidistar