Los retos de López Obrador para reducir la pobreza

Las cifras de pobreza correspondientes al primer tramo de la administración actual, si el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social no es deshabilitado en el trayecto, se darán a conocer en 2021, después de las elecciones de mitad de sexenio.

Los electores, antes de acudir a las urnas, no conocerán entonces información clave con la que podrían evaluar el desempeño del gobierno en turno, pero muy probablemente vivan en carne propia lo que después se reflejará en los votos y en los datos: el cambio en las condiciones económicas y de pobreza. De no reorientar el rumbo de la política económica y social para superar sus actuales retos, Andrés Manuel López Obrador puede tener a medio camino un severo revés a su proyecto.

La administración actual debe hacer relativamente poco para superar la mediocridad de los resultados económicos y sociales que le antecedieron: que el crecimiento promedio de la economía sea mayor al 2.3% anual y que la pobreza se reduzca en más de 3.6 puntos porcentuales.

Incluso revirtiendo la tendencia a aumentar la población con carencias de alimentación, salud y seguridad social, que se presentó entre 2016 y 2018, significaría un logro. Sin embargo, un avance incuestionable sería profundizar la reducción de la pobreza extrema ocurrida en el gobierno pasado y atenuar las enormes divisiones regionales del país.

La administración actual debe hacer relativamente poco para superar la mediocridad de los resultados económicos y sociales que le antecedieron

El eje para superar estos retos es la promoción de un crecimiento económico que favorezca la expansión del empleo bien remunerado, para lo cual ayudaría enormemente que el acceso a la salud, y en general a la seguridad social, no se percibiera como un costo directo a una mayor actividad económica.

En este sentido, esquemas como el Seguro Popular, que dedica 1.8 puntos del PIB a la atención a la salud de más de la mitad de la población, es un esquema que no resulta oneroso para las empresas al no estar asociado con contribuciones ligadas al empleo. Por un camino como este, podría extenderse a la seguridad social en general y servir como incentivo al crecimiento.

El problema de tener un acceso a la salud, o una seguridad social, basada en esquemas como el Seguro Popular, es que se encontraría muy distante de los derechos sociales que se quiere garantizar a toda la población.

Y aun cuando es de reconocer que los mayores avances en reducción de carencias sociales entre 2012 y 2018 se dieron en el acceso a servicios de salud gracias a este esquema (cerca de 22 millones de personas pasaron a contar con ellos) aún existe un 57% de la población privada de seguridad social en un sentido amplio.

Mucha atención se ha puesto en la baja generación de empleo adscrito al IMSS en la primera mitad del año, 57.6% menos que el año pasado, y en el bajo crecimiento registrado por la economía mexicana en el mismo periodo, 0.4% de expansión anual del PIB. Sin embargo, tal vez sea más importante señalar que el restablecimiento de un mayor crecimiento no estará asociado a la creación de suficientes empleos de calidad para reducir la pobreza significativamente.

Por ello, los esfuerzos por sustituir el Seguro Popular con el Instituto de Salud para el Bienestar y de proporcionar una pensión no contributiva a todos los adultos mayores deben apuntar a metas más ambiciosas. En vez de estos esfuerzos aislados, junto con otra pedacería de programas que transfieren dinero, debe construirse un sistema de seguridad social universal unificado.

Y ello requerirá revisar las bases de la política económica y plantear, inevitablemente, una reforma hacendaria.

@equidistar