La herencia del INSABI
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ha sido formalmente extinguido por el Congreso.
En sus inicios, el INSABI recibió como herencia un Seguro Popular con problemas que, sin embargo, se encargó de profundizar. Hereda al IMSS-Bienestar, la entidad que le sustituye, no sólo las mismas debilidades de organización, presupuesto y operación que lo hicieron fracasar sino también un tiempo más limitado para corregir el rumbo y atender los pendientes acumulados.
Anteriormente, el Seguro Popular financiaba la atención médica de quienes no tenían acceso a la misma a través de su empleo, descansando en la Secretaría de Salud la organización de este subsistema y en las entidades federativas la provisión de los servicios a una población objetivo de alrededor de 51 millones de personas. Esta población abarca a los que más carencias de todo tipo tienen.
El otorgar una atención mucho más limitada respecto a la proporcionada por el IMSS, tener un presupuesto gradualmente decreciente y surgir sonados casos de corrupción en algunos estados, fueron algunos de los problemas que enfrentó el Seguro Popular que lo debilitaron políticamente. Esta debilidad, sin embargo, no significaba su inoperancia ni detener el avance en la atención al derecho a la salud.
El INSABI se propuso reorganizar este subsistema, financiarlo y operar directamente los servicios de salud aumentando su cobertura a cerca de 66 millones de personas. Para ello tuvo un comienzo desordenado. Planeó apoyarse en los servicios del IMSS-Bienestar (unidades médicas operadas por el IMSS en zonas marginadas), pero luego les dio un papel secundario. Redujo el presupuesto por beneficiario potencial en casi una tercera parte y dislocó la logística de aprovisionamiento de medicamentos que existía con anterioridad.
Los titubeos organizativos, la reducción del presupuesto y la inoperancia de muchos de los servicios del INSABI se tradujeron en privar del acceso a los servicios de salud a cerca de 6.5 millones de personas entre 2018 y 2020 (antes de la pandemia). Otros 8.5 millones se agregaron a este grupo, ya iniciada la pandemia, durante el resto de 2020.
Quienes permanecieron atendidos por el INSABI vieron caer drásticamente la cantidad y la calidad de la atención médica. Así, por ejemplo, Mexico Evalúa reporta que las consultas de atención al cáncer en la mujer cayeron alrededor del 60% y se observó una continua escasez de medicamentos, desde los más simples, como el paracetamol, hasta los de tratamientos especializados.
Esta situación orilló a las familias de menores ingresos a recurrir con cada vez mayor frecuencia a la medicina privada y a gastar más de su bolsillo en emergencias y en la compra de medicinas. Entre 2019 y 2021 el uso de servicios privados de salud pasó de 43.2% a 54% de la población, el mayor incremento registrado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el presente siglo. Adicionalmente, el gasto catastrófico por persona atendida por el Seguro Popular/INSABI paso de 2.3 a 4% de sus ingresos entre 2018 y 2020.
La herencia que deja el INSABI al nuevo esquema de salud basado en el IMSS-Bienestar es una de falta de planeación, donde en el mejor de los casos se regresa, tres años después de la intención original, a la organización que se pretendía. Esta herencia es, además, de menor presupuesto por persona de la población objetivo, y con una serie de problemas operativos que el INSABI generó y no pudo resolver cabalmente.
El desarreglo del diseño, los recursos y la operación del subsistema de salud que deja el INSABI al IMSS-Bienestar no permiten augurar un buen futuro para esta última institución, y menos establecer que ahora sí vamos por el camino a un mejor esquema de salud. Vicios muy parecidos a los del pasado se trasladan al nuevo responsable de los servicios de salud de la inmensa mayoría de los mexicanos.
Con la extinción del INSABI y las limitaciones de su relevo habrá que esperar a una nueva administración para comenzar otra reestructuración del sistema de salud que sea medianamente eficaz y equitativa.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
