La fortaleza del Estado

Sin un amplio involucramiento ciudadano, el temporal poderío gubernamental proveniente de manipular mercados y arrojar dinero se convierte en el encumbramiento de autócratas.
27 Marzo, 2019

Las políticas económicas y sociales de la presente administración no son consistentes en su objetivo de reducir la concentración del poder económico y combatir la corrupción.

Mientras, por un lado, se atenúan los síntomas de la ventaja económica que pocos tienen sobre los demás, administrando precios como el salario mínimo o lo que se paga a los agricultores por sus cosechas, por otro se posponen reformas fiscales que redistribuyen la riqueza y se asigna directamente al banco de uno de los hombres más ricos de México la distribución del dinero de los programas sociales.

Mientras se ahogan programas como PROSPERA o estancias infantiles, acusándolos de corrupción sin evidencia sistemática, se lanzan otros basados en la oscuridad del Censo del Bienestar y sin reglas de operación que los transparenten a fondo.

Sin embargo, quizás los objetivos redistributivos y de honestidad pública no pueden alcanzarse cabalmente sin fortalecer antes al Estado, lo cual requiere medidas extraordinarias que en principio parecen ir en sentido contrario a lo buscado: unos pasos atrás para tomar impulso.

Después de todo, un gobierno con mayor solidez, junto con una población más fuerte y participativa, pueden enfrentar mejor los intereses particulares que tratan de secuestrar las políticas para el bienestar general, pero para ello hay que trabajar temporalmente con lo poco que se tiene, con aliados incómodos y con agilidad. Si esto es lo que intenta dar sentido a las acciones económicas y sociales del actual gobierno, mucho me temo que esto también presenta severos faltantes.

Mientras en el plano territorial y poblacional la función más básica del Estado, a través de su gobierno, es asegurar el monopolio de la violencia legítima para hacer cumplir un mínimo de normas que les den cohesión, en el plano económico y social la función central es la de ser rector del desarrollo. Esto último significa ser capaz de orientar la actividad económica y los recursos públicos al bienestar de la población en general. Sin embargo, tanto los derechos como el bienestar a proteger y promover no están dados, sino se construyen con la participación ciudadana, idealmente en una deliberación democrática.

Un Estado fuerte, requiere entonces un gobierno capaz de aplicar las normas que se ha dado en democracia enfrentando los intereses particulares que se le oponen. También requiere un gobierno capaz de definir y defender las reglas de la actividad económica y movilizar duraderamente los recursos disponibles hacia los objetivos de bienestar también definidos en democracia. Sin embargo, lo que más fortalece a un Estado es una ciudadanía con amplias posibilidades de deliberar, participar y de ser necesario, contener el poder gubernamental que se desvía, que se corrompe.

La construcción de reglas e instituciones que en último término estén al servicio del cumplimiento de derechos económicos y sociales, es el corazón del fortalecimiento del Estado en materia de bienestar. Administrar discrecionalmente precios, repartir dinero con pocas ataduras o privilegiar intermediarios financieros particulares no fortalece al Estado. A la larga lo debilita.

La construcción de un sistema educativo que proporcione a todos igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad sí fortalece al Estado. La puesta en marcha de un verdadero sistema de seguridad social universal fortalece al Estado. La amalgama del mosaico de transferencias monetarias en un Ingreso Básico Universal también fortalece al Estado.

 

Administrar discrecionalmente precios, repartir dinero con pocas ataduras o privilegiar intermediarios financieros particulares no fortalece al Estado. A la larga lo debilita.

 

Sin embargo, quizás la mayor fortaleza del Estado provenga de la ampliación del espacio público y la revitalización de las voces de los ciudadanos con desventajas para organizarse y hacerse presentes en la deliberación pública.

La mayor participación ciudadana para contener los excesos de los gobernantes, vigilándolos, pidiéndoles transparencia y que se ciñan a la ley, también fortalece de forma decisiva al Estado. Sin este amplio involucramiento ciudadano, el temporal poderío gubernamental proveniente de manipular mercados y arrojar dinero se convierte en el encumbramiento de autócratas.

Hasta el momento, no resulta claro si en materia educativa se enfrentarán decisivamente los intereses gremiales que pretenden servir sus intereses antes que el de quienes ostentan el derecho a tener la oportunidad de aprender: los niños, niñas y jóvenes del país.

Tampoco queda claro cómo desaparecer el Seguro Popular y trasladar gradualmente a sus beneficiarios al IMSS-bienestar, igualará las oportunidades de atender los problemas de salud. Mucho menos transparente es la forma en que los inconexos programas de transferencias monetarias contribuirán al piso mínimo de bienes y servicios que en principio debe proveer el Estado para el bienestar de la población.

Hay varios casos en los que el presente gobierno ha mantenido o fortalecido instituciones clave. El respeto a la autonomía del Banco de México y del INEGI a través de nombramientos adecuados son un par de ejemplos, pero también los hay en sentido contrario, como los cuestionamientos a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía o de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Sin embargo. Aún están por verse señales claras que apunten a acciones decisivas para el fortalecimiento del Estado.

 

@equidistar

Rodolfo de la Torre Rodolfo de la Torre Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.