Cien días a paso veloz con escaso avance

A cien días de haber tomado protesta como Presidente de México, se percibe con claridad que Andrés Manuel López Obrador ha emprendido la tarea de transformar al país a un ritmo vertiginoso.

Como botón de muestra están un abundante número de anuncios mañaneros, que van desde los términos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta la restitución de fondos suspendidos para refugios mujeres víctimas de violencia, pasando por el reconocimiento de un acuerdo político amplio para formar una Guardia Nacional civil.

Poco se le puede criticar al Presidente en términos de ensayar fórmulas no probadas, desde la considerable elevación del salario mínimo hasta el lanzamiento de programas de reparto masivo de dinero y el planteamiento de temerarias propuestas de proyectos de infraestructura.

Si sólo hubiera que calificar los primeros tres meses del mandato presidencial por el entusiasmo mostrado, su calificación sería sobresaliente, lo que tal vez esté detrás de la elevada aprobación del primer mandatario en este periodo.

Desafortunadamente, este paso veloz no ha llevado muy lejos al Presidente en función de sus propios objetivos. Y no se trata de que en tan poco tiempo se presenten resultados, sino que en un plazo razonable se perfile la fortaleza del Estado en el combate a la corrupción, en reducir la desigualdad y en procurar una mayor seguridad a los ciudadanos. Puesto de otra forma, el movimiento acelerado del Ejecutivo ha significado ir en todas direcciones menos en un rumbo fijo y constante hacia lo que se desea.

Tómese el caso del combate a la corrupción. El gran golpe contra ella ha sido secar la actividad del huachicoleo cerrando ductos y cambiando los mecanismos de distribución de gasolina. Además de estrangular la actividad de los delincuentes junto a muchas de los ciudadanos, esto difícilmente construye un mecanismo eficiente y duradero para desterrar la corrupción en este campo.

Brilla por su ausencia la centralidad de la detección de la actividad ilegal lejos de los ductos, su persecución efectiva, sobre todo en lo que a actividad financiera se refiere, y la materialización de castigos ejemplares que incluyan la recuperación de lo robado. Sin esta fortaleza institucional, al regresar al uso pleno de los ductos se corre el riesgo de abrir nuevamente la llave a la corrupción.

El movimiento acelerado del Ejecutivo ha significado ir en todas direcciones menos en un rumbo fijo y constante hacia lo que se desea.

En materia de reducción de desigualdades el panorama es más diverso, pero no mucho mejor. El notable aumento del salario mínimo, ni inflacionario ni generador de severos problemas de desempleo o informalidad, ha favorecido a los estratos de ingresos más bajos.

Pero a este acierto le han seguido la cancelación de transferencias monetarias que habían probado su efectividad (PROSPERA) y la creación de otras que parecen inconsistentes entre sí (becas para que jóvenes se capaciten para el trabajo de mayor monto a las que se dedican para que sigan en la escuela).

Y luego está el sustituir el subsidio a la provisión privada del servicio público de estancias infantiles por el sueño de Milton Friedman de dar dinero para que se gaste en el mercado de guarderías. En este contexto, ya es una virtud el dejar de retener el dinero a los refugios para mujeres víctimas de violencia, pero ciertamente no es un fortalecimiento institucional del Estado el que base su política social en arrojar dinero a grupos en desventaja.

Finalmente, en materia de seguridad, el triunfo político de un apoyo unánime a la Guardia Nacional, limitada respecto al planteamiento original del Presidente, no deja de ser el ordenamiento de lo que ya existía. Importante, sí, pero lejos del camino hacia una transformación profunda del modelo de protección a los ciudadanos seguida en los pasados gobiernos. Tendremos la regularización de la presencia del ejercito en las calles y la formación de un nuevo cuerpo de protección proveniente las propias fuerzas armadas. Un poco más de lo mismo.

Hay que reconocer que todo lo anterior se enmarca en una restricción a las finanzas públicas que no dan mucho margen de maniobra, y es de celebrarse que no exista el propósito expreso de vulnerarlas, aunque de forma involuntaria se termine presionándolas con la impericia en el manejo de PEMEX. Aquí hay un riesgo fuerte, pues de no sortearse su falta de inversión y de productividad puede contaminarse la calificación de la deuda nacional con la de la petrolera, pero luce factible evitar una crisis mayor.

En suma, es perfectamente posible que se desperdicie la enorme oportunidad inicial de un cambio social profundo, aunque evitando escenarios catastróficos que a muchos preocupan. Así podría transcurrir la primera mitad del sexenio hasta que se considere posible una reforma fiscal a fondo que brinde una nueva oportunidad de transformación.

Para entonces, no sólo serán necesarios recursos que movilizar sino también una idea clara del gran proyecto para el qué se quieren. Hoy, no parece existir tal cosa.

@equidistar