Transición al Insabi dejó a la deriva a millones de mexicanos en medio de la pandemia
La pandemia sorprendió a México en el peor momento. La incompleta transición que pretendió el gobierno entre el Seguro Popular y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dejó en grave riesgo a millones de mexicanos.
Lo que fue un intento por universalizar a la salud resultó todo lo contrario: el porcentaje de población que carece de acceso a este derecho humano se disparó de 16.2 a 28.2% en tan solo dos años, según reportó el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Seguro Popular (SP), programa con 15 años de existencia y 52 millones de beneficiarios, dejó en el abandono a los más pobres -contrario al eslogan gubernamental- en medio de la mayor pandemia que ha vivido la humanidad en tiempos recientes.
El hasta ahora fracaso de la transición entre uno y otro sistema de salud ha sido particularmente dañino por el alto nivel de pobreza en el país, agravado por el elevado porcentaje de gasto de bolsillo de los mexicanos en salud.
Según el Banco Mundial, en México de cada 100 pesos que se gastan en salud, 41.3 salen del bolsillo familiar, una alta proporción en comparación al promedio de América Latina y el Caribe, de 18.12, y mucho mayor que el de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 13.72.
En medio de la pandemia este gasto que realizaron los mexicanos se enfrentó con una alta inflación en medicamentos y servicios médicos -de hasta 16% en algunos casos-, y que llevó a la población a elevar aún más el porcentaje de sus ingresos destinado al gasto en salud en 40.5%, un incremento histórico según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2020.
Del Seguro Popular al Insabi
A más de un año de la creación del Insabi, la institución sigue sin cubrir por completo ni siquiera las tareas de su antecesor.
Según la Ley General de Salud, el Insabi es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Salud que tiene como objetivo “proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”, es decir, sustituir en funciones al Seguro Popular, que estuvo en vigencia desde 2004 hasta 2019.
Su director, Juan Antonio Ferrer, es tabasqueño como el presidente, estudió la licenciatura en administración de empresas y era el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en ese estado. No cuenta con experiencia comprobable en el sector salud.
La existencia de un sistema de salud para la población sin seguridad social es primordial en el país. Según datos de la OCDE, en México el 27.5% de la población no tiene seguridad social, uno de los mayores porcentajes entre los países miembros de la organización.
El alto porcentaje mexicano se debe a la alta tasa de informalidad en el país, que luego de la pandemia alcanzó 55.4% y de las que participan el grueso de las familias más pobres del país. De hecho, los beneficiarios del SP/Insabi se han concentrado en las familias más pobres, siendo 9 a cada 10 miembros del cuarto cuartil de pobreza parte del SP hasta 2019.
La transición entre el Seguro Popular al Insabi fue justificada por el Presidente debido que el primero “ni era seguro ni era popular” refiriéndose a que el servicio no cubría muchas enfermedades ni tenía un alcance universal para atender a toda la población en vulnerabilidad económica ante la adquisición de una enfermedad.
Sin embargo, aunque el gobierno federal dijo que quienes estuvieran cubiertos por este no quedarían a la deriva, para 2020 el Insabi registró una afiliación de 26.9%, 16 puntos menos que los 42 del anterior sistema. Además, el presupuesto asignado al Insabi, está sacrificando el gasto per cápita en búsqueda de cumplir con las metas de cobertura del gobierno.
Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), el presupuesto 2021 para el INSABI es 4.5% mayor (8.6 mil millones de pesos adicionales) que el ejercido en 2019 por el Seguro Popular. Sin embargo, el incremento presupuestario no es suficiente para el incremento de 14.4 millones de personas objetivo, pues significa que el gasto se reducirá a $2,911 por persona, 20.4% menos que en 2019 con el SP.
El Centro destaca que el peligro de la reducción del gasto per cápita es que la ampliación de la cobertura no se traduzca en mayores tasas de atención, ni en reducciones del gasto de bolsillo, como comenzó a suceder desde 2014 con el Seguro Popular.
Hasta el momento, tampoco se ha incrementado la cobertura de atención a las enfermedades del tercer nivel, como prometió el Insabi. Las intervenciones cubiertas por el Instituto continúan siendo las mismas 66 que ya atendía el SP.
Infraestructura en salud, por los suelos
La estructura médica tiene un importante déficit. México es uno de los países, entre los miembros de la OCDE, que menor cobertura y gasto tiene.
Según los datos estadísticos de la organización, México destina solo el 5.4% del PIB al sector salud en comparación al promedio de 8.8%, y cuenta con la menor proporción de médicos por habitantes: tan solo 2.1 médicos y 2.9 enfermeros por cada 1000 habitantes, en comparación del promedio de 3.5 y 9 respectivamente.
La falta de personal de salud se debe a las bajas remuneraciones, que en México son en promedio de 16,146 pesos mensuales para los médicos, casi un tercio del promedio de Brasil o España.
La falta de personal ha sido reconocida públicamente por el Insabi, que incluso tiene como primer objetivo “garantizar que no falte personal médico, de enfermería y técnico en las unidades de atención a la salud, particularmente en los lugares con mayor nivel de marginación (rural, indígena y de pobreza)”, según informó en su informe anual de actividades.
Además de aumentar el número de personal con programas como los “médicos del bienestar”, el instituto tiene como mandato regularizar la situación laboral de 80 mil profesionales con contratos precarios, especialmente a aquellos con grado de especialistas, los más costosos y escasos.
Hasta el momento en que se publicó el informe, los avances en nuevas contrataciones habían sido de 15,464 médicos nuevos. En este año el presidente López Obrador anunció que buscarán crear 18,000 nuevas plazas.
A nivel de infraestructura, se ha reportado la conclusión de 51 nuevos centros y unidades de salud así como de 18 hospitales, sin embargo, siguen existiendo 73 centros y 50 hospitales sin terminar, de los cuales cerca de un tercio tienen un avance menor al 40%.
La importancia del Insabi en este contexto se ha vuelto crucial. El Instituto es ahora la principal estructura médica del país al operar el 70% del presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA).
Para este año, el incremento presupuestario al Insabi será la prueba para ver si el organismo logra avances reales en sus objetivos o se convertirá en un elefante blanco más.
