Proyecto de ley contra feminicidios, ¿realmente diseñado para prevenir?
Debanhi, Yrma o María Fernanda son solo algunos de los nombres de mujeres que han sido víctimas de feminicidio en los últimos meses y cuyos casos han evidenciado, una vez más, la grave situación de violencia de género en México, donde cada día se cometen entre 10 y 11 feminicidios.
Frente a este panorama, el 6 de julio Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó al Senado un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.
“No descansaremos hasta que las niñas y mujeres puedan salir en libertad y sin miedo […] Tejiendo redes por la justicia con perspectiva de género", dijo Zaldívar al inaugurar la Red Interamericana de Enlaces de Género de los Poderes Judiciales.
No obstante, para algunos especialistas, el proyecto parte de premisas equivocadas y limita la capacidad de quienes imparten justicia.
“No tiene perspectiva de género tienen una perspectiva de feminicidio”, sentencia en entrevista Maïssa Hubert, subdirectora de 'Equis: Justicia para las Mujeres', una organización feminista que busca transformar las instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres.
“Esto es particularmente peligroso porque crea mecanismos automáticos, pero no brinda herramientas complejas a las fiscalías, a los poderes judiciales para poder analizar el contexto de las mujeres y brindar investigaciones, sentencias que sí tengan perspectiva de género y en general perspectiva de igualdad y no discriminación”, dice Hubert. Lo anterior significa que tiene la perspectiva de fortalecer un delito, sin tener clara la forma en la que podría abonar al acceso a la justicia para las mujeres, pues si bien el proyecto de ley crea categorías que facilitarían el trabajo de los jueces, no les permite valor cada caso con perspectiva de género.
“Plantea un aumento y una pena diferenciada según la situación de vulnerabilidad de las víctimas; si son niñas o si son mujeres mayores, el tipo de armas utilizadas para el asesinato, pero no deja un espacio a la persona que imparte para evaluar el contexto de las personas, las relaciones de poder […] les quita posibilidad y capacidad a las funcionarias públicas de hacer su trabajo desde una perspectiva compleja,” añade Hubert.
Para Martha Tagle, ex legisladora y consultora en derechos humanos, uno de los problemas de la nueva propuesta de ley del ministro Zaldívar es que ve al feminicidio "como un hecho delictivo individualizado y no como producto de la violencia feminicida". "Para prevenir el feminicidio se debe atender la violencia feminicida", añade.
Apenas en mayo pasado, México registró la cifra más alta registrada de homicidios dolosos contra mujeres con 272 presuntos delitos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según un análisis de la organización México Evalúa, los casos de feminicidios aumentaron 137% entre los años 2015 y 2021, pues se pasó de 412 a 970; mientras que los homicidios dolosos de mujeres incrementaron 58%, al pasar de mil 734 a 2 mil 742.
Un proyecto lejos de sus objetivos
Para la subdirectora de 'Equis: Justicia para las Mujeres' este proyecto de ley posee muy pocas acciones encaminadas a la prevención: “Para quienes lo redactaron, la principal forma de prevenir y reducir la incidencia del feminicidio es aumentando las penas […] y formas de castigar considerando que a mayores sentencias va a haber menos feminicidio y ya hemos visto en esos años que eso no nos ha funcionado”.
Si bien aumentaría el número de investigaciones y facilitaría la sanción del delito, “todo lo que no queda dentro del marco de esta ley no va a ser atendido por el Estado”, comentó. Además, considera que “no utiliza estándares de reparación integral del daño, no cuenta con medidas colectivas comunitarias”.
Pero tampoco resuelve temas de fondo, como “la falta de presupuesto para la investigación, la sobrecarga de trabajo, la ausencia de mecanismos eficientes de capacitación tanto en fiscalías como en Poderes Judiciales”.
A su vez no considera la violencia contra las mujeres como algo estructural, por el contrario “individualiza y patologiza los delitos de feminicidio”, dice Hubert. Añade que “le quita responsabilidad estructural al Estado, ya no es responsable de haber tenido que prevenir esta cadena de violencias que lleva el feminicidio, que lleva la violencia feminicida, sino que va a buscar mejores herramientas para castigar individuos”.
Necesario fortalecer mecanismos existentes
En contraste, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sí considera al feminicidio como una concatenación de violencias en aumento, que se complementan y agravan entre ellas “y que son estas violencias las que se tienen que atender desde el Estado para que no ocurran los feminicidios”, menciona la subdirectora.
En este sentido apunta que hay que “volver a poner en el centro en el ojo público los mecanismos y políticas públicas que ya existen […] la Ley General de Acceso (sic) se podrían fortalecer y mejorar para poder abonar a la prevención de los feminicidios”.
Al respecto, Martha Tagle añadió que “habría que fortalecer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia y hacer que funcione. Porque nadie, ningún gobierno, ni federal ni local, ha puesto ni los recursos ni la voluntad para que esa ley funcione”.
En este sentido es necesario “pensar en alternativas de prevención, protección y de justicia que garanticen nuestra vida libre de violencias”, y “desconectarnos de la respuesta automática del derecho penal para todo. El derecho penal no ha sido el aliado de las mujeres el castigo no ha sido el aliado de las mujeres”, concluye Hubert.
Así mismo, considera que las órdenes de protección podrían ayudar a la prevención, sin embargo, son mecanismos poco conocidos por las mujeres y en ocasiones tienen a confundirse con medidas cautelares, por lo que difundirlas es primordial. Al respecto, la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Chrístel Rosales ha expresado que es necesario "materializar la perspectiva de género en la operación diaria y en cada etapa del proceso penal. Las instituciones conocen los conceptos, pero no saben cómo aplicarlos ni qué herramientas deben emplear, qué preguntas se tienen que hacer o qué ajustes al proceso requieren aplicar".
Según Zaldívar, para el próximo mes, se prepara una guía para investigar feminicidios con perspectiva de género.
