Escasez de personal, un enorme reto en el sistema de justicia penal
El sistema de justicia penal mexicano se encuentra rebasado de casos por una grave falta de personal en áreas estratégicas.
De acuerdo con Benjamín Orozco, abogado especializado en derecho penal-fiscal, “faltan de todo. Faltan policías, agentes de ministerios públicos, peritos […]. Desde mis primeras prácticas como pasante de derecho hasta el día de hoy, nunca he podido decir que una procuraduría (o fiscalía, ahora) tiene suficiente personal, recursos materiales. Hace 30 años a lo mejor era menos grave, pero nunca fue suficiente. Siempre ha habido carencias en las fiscalías y procuradurías”.
Un nuevo reporte del think tank México Evalúa pone cifras específicas sobre la mesa alrededor de este problema. En su estudio Hallazgos 2020: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, la organización reporta que hay una tasa de congestión judicial promedio de 52.05% a escala nacional.
La cifra significa que los tribunales en el país logran resolver apenas poco más de la mitad de los casos que se les presentan a lo largo del año. El resto se acumula junto con las nuevas causas penales que se inician en el siguiente ciclo anual.
Estas carencias se expresan a lo largo de toda la cadena de procuración de justicia penal con distinta intensidad. Los servicios periciales, según las cifras de México Evalúa, se encuentran totalmente rebasados de actividades, especialmente los profesionales en oficinas locales (que atienden, en promedio, casi tres veces más solicitudes que sus contrapartes federales).
En promedio, según el reporte, cada perito solo le da respuesta al 4% de las solicitudes de dictamen que reciben. Lo anterior parte que, a nivel nacional, solo hay 9.7 peritos por cada 100 mil habitantes en promedio. Por estado, los rangos van desde cuatro por cada 100 mil (Puebla) hasta 24.1 por cada 100 mil (Baja California Sur). En Estados Unidos, según el Buró de Estadística Laboral (BLS), la proporción de técnicos forenses por cada 100 mil habitantes va de los 10 hasta los 31.
Chrístel Rosales, investigadora senior del programa de Justicia y Derechos Humanos de México Evalúa, señala que hay otras asimetrías importantes en el sistema de justicia penal del país en lo que se refiere a la capacidad humana instalada. Por ejemplo, el promedio de personas representadas por las defensorías públicas a escala nacional fue de 50 el año pasado, un aumento del 66% con respecto a las 30 que representaba cada defensor federal en 2016.
También señala que hay brechas importantes en el personal disponible para tareas de asesoría a víctimas. Rosales expone que “en promedio, cada persona asesora a víctimas atiende a 152 víctimas […]. Consideramos que el estándar, por persona asesora, debería ser una atención promedio a 40 víctimas para darles la debida atención […]. Pero con 152 víctimas, se hace impensable. Y hay entidades que superan más de 300 víctimas por asesor jurídico”.
Un problema de presupuesto
Las insuficiencias de personal en las procuradurías y fiscalías mexicanas es un reto hacia al que se ha tratado de llamar la atención en múltiples ocasiones en el pasado. En 2016, el exprocurador general de la República Diego Valadez señaló que “no hay personal en el ámbito de las procuradurías ni de las policías” en el contexto del nuevo modelo de justicia penal.
Y a finales de 2019, en su reporte de oportunidades para la actual administración, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señalaba que deberían proporcionarse más fondos para, entre otras cosas, “la contratación de más personal en las defensorías públicas y el fortalecimiento de la capacidad forense”.
Benjamín Orozco concuerda que, en términos de asignación de presupuesto, se ha avanzado en reversa en el sistema de justicia en México. Afirma que, en general, la procuración de justicia en el país no es un ejercicio del presupuesto popular a nivel federal o estatal, comparado con obras e infraestructura.
También critica el proceso de transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía General de la República (FGR). Dice que “solo le cambiaron el nombre, porque la FGR no recibió ni un centavo más. Inclusive han venido dándose recortes presupuestales. […] Somos muy buenos para legislar, pero no para poner dinero cada que se crea una legislación nueva […] Legislar no cambia la realidad, sino la voluntad y tener dinero para hacerlo”.
Sistema de justicia penal más inteligente
Por su lado, Chrístel Rosales señala que, aunque reconoce en la falta de capacidad humana un problema importante para la procuración de justicia, más importante es el reto de cómo se llevan a cabo las investigaciones y cómo se aprovechan los recursos que sí tienen disponibles las fiscalías.
Señala que el enfoque ahora es que a todos los casos que llegan al sistema de justicia penal “se les busca dar la misma atención, y esto al final rebasa cualquier capacidad. No es el espíritu del sistema de justicia penal”. De hecho, propone adoptar un sistema de persecución penal estratégico, donde se le den diferentes tratamientos a los casos según su gravedad, complejidad e impacto en la sociedad.
“Implica resolver por las vías expeditas, que ya están previstas en el sistema de justicia penal, los casos que no son complejos, que no implicaron un gran daño, y que están más enfocados a la restitución y la reparación del daño. Y por el otro lado, atender con una lógica distinta los casos que sí tuvieron un alto impacto. Eso implica dejar de verlos, como en el viejo sistema, como casos aislados carpeta por carpeta o expediente por expediente", dice.
"Es más bien construir investigaciones fundadas en el desarrollo de inteligencia [para] esclarecer la operación de organizaciones criminales. Si tú ejerces acción penal contra esas grandes estructuras y bloques que están cometiendo una serie de delitos, el golpe a la criminalidad sería mucho más fuerte”, concluye Rosales.
